El Ejecutivo dio las razones sobre el rechazo a la habilitación de la cantera por excepción

El jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, abordó el debate frente al pedido de habilitación de una cantera inactiva desde hace más de tres décadas.

El Eco

El debate en relación a la explotación minera en el Partido de Tandil continúa en agenda. El pedido de excepción que ingresó al Concejo Deliberante para habilitar una cantera que hace más de tres décadas que se encuentra inactiva puso en el centro de la escena un tema que contiene varias aristas.

La nota ingresó a la Comisión de Interpretación y Asuntos Legales que preside Marcela Vairo (UCR – Cambiemos) a comienzos de febrero. Se trató de un escrito breve en el cual se pretendía un pedido de excepción para la habilitación que permita poner en funcionamiento una vieja cantera ubicada en la zona del Cerro de la Virgen.

El emprendimiento se encuentra por fuera de la poligonal (área establecida por la Ley de Paisaje Protegido que prohíbe la explotación en la zona comprendida entre las rutas 226, 30 y 74) pero por encima de la cota 220.
Esa altura, según el Plan de Desarrollo Territorial (PDT), se encuentra definida como es Zona Protegida Natural “Sierras de Tandil”, con lo cual tiene restricciones por la normativa local.

El viernes del jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, elevó la respuesta al Concejo Delineante con el posicionamiento del Departamento Ejecutivo, que no avaló el pedido de excepción que presentaron dos empresarios para reanudar la actividad.

Las razones apuntan al incumplimiento de las disposiciones vigentes, que se suman a una mirada de preservación del patrimonio de la ciudad pero también porque esta medida significaría la apertura de otras canteras aún dentro del área permitida.

“Creemos que no hay lugar para una excepción”, aseguró el funcionario que no descartó la apertura de diálogo frente a estos debates. “Esto es cumplir la ley, no abre ni cierra puertas”, aclaró.

Y agregó que “hay cuestiones a entender” que no estaban durante la sanción de la Ley de Paisaje Protegido y que hoy forman parte de los argumentos esgrimidos por quienes pretenden reactivar el predio. En contraposición, la mirada del Gobierno frente a un “tema de Estado”.

Este escenario abrirá un campo de diálogo, en el que podría darse una etapa jurídica y una política en el que no descartó sumar una consulta popular.

Además, desde su perspectiva negó que se trate de un impulso a la actividad por parte de la administración de María Eugenia Vidal sino a una “habilitación para iniciar un trámite”.

“Hay un pedido en el registro de actividad minera y se le plantea que esa actividad puede desarrollarse siempre y cuando cumplan con las normativas en vigencia”, enfatizó.

Rechazo

Elichiribehety calificó de “comprensibles” los fundamentos de los empresarios pero ratificó que el lugar donde se pretende retomar la actividad minera se ubica por encima de la cota 220, con lo cual tiene usos prohibidos, pese a encontrarse por fuera de la Poligonal.

Enmarcó la discusión en dos normativas, la Ley de Paisaje Protegido y la ordenanza del Plan de Desarrollo Territorial, ratificada por un decreto del exgobernador Felipe Solá. “Está en zona protegida con lo cual, para modificarse, no requiere una ley sino de un decreto de la Gobernadora”, deslizó.

No obstante, el Gobierno rechazó el pedido de habilitación al considerar que no cumple con los requisitos correspondientes pese a que la empresa presentó un registro para la actividad minera pero que contempla una disposición que establece que deberá cumplimentar las normativas nacionales, provinciales y municipales.

Demanda por
obra pública

Independientemente del trámite, uno de los fundamentos expuestos por quienes pretenden reactivar el emprendimiento emplazado en la zona del Cerro de la Virgen apunta a la necesidad de contar con los recursos por la demanda del plan de obra pública, incluso con proyectos a desarrollar en la ciudad como la millonaria inversión para mejorar la Ruta Nacional 226 en el tramo que incluye a Tandil.

El funcionario ratificó que se construirá la ruta segura con el desarrollo que aprobará Vialidad Nacional y que se “eliminará definitivamente la barrera urbana más importante de la ciudad”, en una intervención que redundará además en la generación de mano de obra durante un determinado período.

El argumento empresarial alude a que el traslado de la piedra desde otros distritos encarece “notablemente” las obras y deteriora la cinta asfáltica.

En contraposición, el gobierno de Miguel Lunghi planteó la “legitimidad irrestricta” del decreto ley, la preservación del patrimonio natural de la ciudad pero fundamentalmente que la apertura de una cantera marcará un precedente que podría derivar en nuevas solicitudes.

“No hemos tenido presentaciones escritas como en este caso pero sí consultas”, deslizó Elichiribehety frente a intenciones de grupos empresarios por impulsar iniciativas de esta naturaleza que reabran la actividad minera.
A su vez, sin tener conocimiento sobre los pasos que podría tomar la empresa, enfatizó que el Deliberativo para otorgar una excepción requiere quince votos (tres cuartos).

De todos modos, y frente al esquema que se presenta, sostuvo que deberán precisar si los emprendimientos en funcionamiento podrían potenciar su producción, lo cual implicaría “más voladuras”, como una alternativa al argumento de la demanda de piedra.

Debate político

Por otro lado, el jefe de Gabinete abordó la discusión política respecto de la intención de la Provincia, que avaló el emprendimiento mediante la decisión de otorgar número de registro minero, y la postura del Gobierno local. “No hemos tenido manifestaciones en este sentido, excepto la disposición de cumplir con las normativas”, dijo y sostuvo que este escenario “no debería enfrentarnos”.

En todo caso sugirió la posibilidad de generar espacios de participación ciudadana como una consulta pública.
En tanto, también quedaría como alternativa la vía judicial, pero dependerá de los particulares.

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