El Legislativo repudió la represión en la capital de Formosa
En un encuentro legislativo sin temas en el orden del día que generaran debate, también salió por unanimidad el repudio a los hechos de violencia acaecidos esta semana en la provincia de Formosa, gobernada por el peronista Gildo Insfrán, que fue impulsado por el bloque de Juntos por el Cambio.
Recibí las noticias en tu email
En el artículo primero, la resolución establece “repudiar la violenta represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad de Formosa durante las protestas del 5 de marzo en la capital provincial”. En tanto, se enviará una copia de la ordenanza al Congreso nacional y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación.
El concejal Andrés Mestralet expuso que la “violenta represión” tuvo lugar “tras realizarse protestas de distintos comerciantes y ciudadanos del distrito capital de aquella provincia, tras conocerse un parte del comité sanitario del gobierno de Formosa, donde se informaron los nuevos casos positivos de coronavirus, con un total de 23 en la provincia y 17 en el distrito capital. Lo cual, como medida para combatir esos nuevos casos se decidió volver a Fase 1 del sistema de aislamiento”.
Resaltó que “esto, tras haberse conocido diversas medidas que flexibilizan las actividades económicas dentro de la provincia de Formosa, motivó protestas de los ciudadanos” y agregó que “fueron reprimidas por las fuerzas de seguridad, dejando un total de más de 90 detenidos; 13 de ellos son menores de edad; había periodistas detenidos, y obviamente, heridos, ciudadanos que estaban protestando y efectivos de la fuerza policial, uno de ellos quedó en grave estado”.
Denuncias previas
Mestralet expresó que “esta situación represiva se viene llevando adelante ya hace un tiempo. Hay una importante serie de denuncias que se vienen haciendo”, y se refirió a “aislamientos forzosos en el marco de la pandemia a través de los centros de atención sanitaria que tiene dispuestos el gobierno de Formosa para los que dan positivo en coronavirus, para los contactos estrechos, y esos centros han generado aislamientos forzosos que vienen siendo denunciados no solamente por militantes formoseños, sino también por diputados del Congreso nacional, por organizaciones que trabajan la cuestión de los derechos humanos a nivel nacional e internacional, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Human Rights Watch, la ONU; hay denuncias de diputados que han llegado a la Corte Interamericana y también a la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.
El edil de Juntos por el Cambio repasó que la Corte Suprema de Justicia le ha recomendado al gobierno de Formosa que modifique esas políticas restrictivas respecto de los aislamientos y la circulación de los ciudadanos, al tiempo que destacó que hubo más de 7 mil formoseños varados en 2020, intentando ingresar a la provincia, a quienes “se les pedía los PCR y el alojamiento pago, esto es imposible porque muchos de ellos eran trabajadores”.
Por último, clamó que “ante esta restricción de derechos, la irrazonabilidad en el aspecto temporal para ingresar a la provincia y las excesivas esperas es que se da un marco en donde hay un conflicto constante”, y advirtió que “no podemos mirar para otro lado y tenemos que exigirle a las instituciones nacionales y provinciales que hagan cumplir los derechos que están consagrados en la Constitución Nacional”.