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El oficialismo hizo pie en el equilibrio financiero y admitió falencias en la ejecución de las obras

Por mayoría, la UCR Cambiemos aprobó la rendición de cuentas del ejercicio 2018. Ante las críticas de la oposición, reconoció demoras para concretar las obras que costean los vecinos con las tasas, aunque planteó “atenuantes”. Los bloques Justicialista, Integrar y Unidad Ciudadana objetaron la subejecución de recursos afectados para colocarlos en el sistema financiero, el poco peso de Desarrollo Local, el costo del contrato en dólares para la instalación de cámaras y la compra fallida del edificio de Protección Ciudadana, entre otros aspectos de la gestión.

El Eco

La UCR Cambiemos, con sus once votos, aprobó la rendición de cuentas del ejercicio del año pasado de la Administración Central y del Sistema Integrado de Salud Pública. En más de cuatro horas de debate, los bloques de la oposición coincidieron al rechazar la alta carga impositiva en contraste con la subejecución de fondos afectados a obras como pavimento, redes de servicios e iluminación. En tanto, el oficialismo defendió el equilibrio económico –con un superávit de 35 millones de pesos-, aunque reconoció demoras para concretar las obras y planteó “atenuantes”.

Con celosa reserva de la postura oficialista hasta la sesión de ayer, el presidente de la Comisión de Economía José Luis Labaroní leyó un extenso documento consensuado con sus compañeros, al menos por los ocho concejales lunghistas, antes de que el paquete de ordenanzas de la rendición y la compensación de partidas recibiera el apoyo de la totalidad de su bloque.

Como contrapartida, el justicialista Facundo Llano, que se puso al hombro el análisis más global y en detalle de los tres biblioratos con planillas del programa Rafam (Reforma de la Administración Financiera en el Ámbito Municipal), lanzó críticas por planchar las obras en un contexto de crisis y en un año sin elecciones, y por no invertir los fondos recaudados en concepto de tasas.

Lo secundaron Darío Méndez de Unidad Ciudadana, quien coincidió con Llano en muchos aspectos, y otros legisladores de Unidad Ciudadana y del Frente Renovador que tomaron temas específicos y más acotados de diversas áreas, como Protección Ciudadana y el Hospital Santamarina.

Desde la vereda de enfrente, Alejo Alguacil respondió a los temas vinculados con la salud y el jefe de la bancada Mario Civalleri atendió los cuestionamientos más duros, aunque reconoció que, con “atenuantes”, el nivel de ejecución de las obras no fue el “deseable”.

En tanto, el radicalismo prescindió de dar explicación sobre las decisiones que se tomaron en materia de seguridad, es decir, acerca del contrato en dólares para instalar las 200 cámaras y el fallido alquiler con opción a compra del edificio de Pinto 880, que se iba a destinar al centro de monitoreo.

 

La postura oficialista

 

El documento de la UCR Cambiemos tuvo una primera parte técnica y un segundo bloque destinado al comportamiento de los números del Municipio, donde se rescató que el principal resultado fue el “superávit” de los fondos de libre disponibilidad.

En su lectura, y como todos los años, el concejal Labaroní refirió que la rendición de cuentas es una “foto” del estado de la administración al 31 de diciembre y llamó a ver “la película completa”, donde contempló situaciones como un dólar a 17,50 pesos al momento de confeccionar el presupuesto y a 38,9 al cierre del ejercicio 2018.

Por otra parte, remarcó la “favorable evolución del déficit”, que en 2015 era de más de 80 millones de pesos, lo que generó críticas de la oposición, y en la actualidad, el equilibrio en las finanzas públicas se tradujo en superávit. Destacó la efectividad de ciertas medidas, como el control de los gastos operativos, el recupero de deudas, mejoras en las cadenas de pagos, el cumplimiento de metas macro fiscales que estableció la Provincia y la adhesión a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

El presidente de la Comisión de Hacienda resaltó que esta “economía saneada” se vincula con el crecimiento de los ingresos de todas las fuentes (municipales, provinciales y nacionales), que llevó de prever un presupuesto de 1761 millones de pesos y a rendir cuentas por 2248 millones. En especial, enfatizó que las tasas municipales recaudaron más de las metas previstas, salvo la TUAE (Tasa Unificada a la Actividad Económica), lo que explicó por la “evolución económica contractiva” para hablar de la crisis que impacta en el sector productivo en general.

Por otro lado, explicó que la masa salarial del Municipio representa el 50,3 por ciento de los recursos, pero además señaló que se produjeron excesos de transferencias al Sistema Integrado de Salud Pública (SISP) por 113 millones, a la Secretaría de Desarrollo Social por 23 millones, lo que ató a la “sensibilidad” del Gobierno municipal, y otros 29 millones a obras públicas.

Como conclusión, trazó como “norte” de la gestión lunghista el bienestar de los habitantes y las obras públicas.

Explicó el ahorro de 26 millones de pesos por el no pago de los servicios de la deuda, a partir de créditos que el Municipio no tomó debido al cambio de las condiciones macroeconómicas del país.

En cuanto a Obras Públicas, Labaroní adelantó que el área tuvo el 36,1 por ciento del total del presupuesto y argumentó que dificultades como licitaciones que quedaron desiertas hicieron que terminara con 77 millones sin ejecutar, pero dijo que además le asignaron más recursos de libre disponibilidad.

En relación a los cuestionamientos sobre el pobre rol de Desarrollo Local que el justicialista Llano había volcado en una entrevista con este Diario, sostuvo que el programa Pueda se redujo porque contó con apoyo de la Unicen para capacitaciones y que se gastaron 2 millones de pesos menos en personal porque el ahora secretario Raúl Moyano no reemplazó el cargo que ocupaba antes de asumir, como coordinador de la Unidad Pyme.

Labaroní subrayó otros aspectos, como las inversiones en seguridad, educación y cultura, la modernización del Estado municipal y los mayores fondos asignados al SISP, que además mejoró en un 5,1 por ciento los niveles de recupero de prestaciones a pacientes de obras sociales y seguros.

Como “corolario”, concluyó que en 15 años de gestión, el Gobierno de Miguel Lunghi “ha transformado a Tandil” para convertirla en “una de las ciudades intermedias más importantes del país”.

El descargo de Civalleri

Sobre el final del debate, el presidente de la bancada Mario Civalleri puso énfasis en el equilibrio de las cuentas en el fin de ciclo de otro gobierno de Miguel Lunghi, que dejará un Municipio saneado a un eventual sucesor. Informó que el superávit de 35 millones de pesos (de libre disponibilidad) implica diez días de los sueldos de los empleados de la comuna.

En esa línea, recordó que en 2015 el déficit ascendía a 88 millones de pesos, un mes y medio de salarios municipales, y contó el énfasis que puso el gobierno de María Eugenia Vidal para que subsanen esa situación. Al mismo tiempo, recordó que la administración Scioli nunca envió 48 millones de pesos de coparticipación, pese a los insistentes reclamos.

“Quiero poner en valor el equilibrio”, insistió y elogió el presupuesto, por “una apreciación impecable de la estimación de los recursos”.

Sumado a eso, ató la cobrabilidad de las tasas a la aprobación que goza la gestión y mencionó que este año la población podrá volver a dar su punto de vista en las urnas, aunque entiende que cumplen porque “saben a quién le pagan y para qué le pagan”.

Por otra parte, reconoció que “nos gustaría que el nivel de ejecución sea mayor en cuanto a los recursos afectados”, pero marcó “atenuantes” como la incertidumbre de la economía, “prudencia que se tradujo en demoras”, y la llegada de fondos nacionales y provinciales, frente a un “déficit” de empresas para encarar las obras públicas.

“Me quedo con el equilibrio”, resaltó y aseguró que la “foto” de la rendición de cuentas “genera miradas distorsivas”, al tiempo que manifestó confianza en solucionar las demoras en ejecutar las obras comprometidas en los fondos afectados.

 

Llano sostuvo que “plancharon” la economía en un año sin elecciones

El concejal Justicialista Facundo Llano hizo su lectura sobre la ejecución del Presupuesto 2018 y concluyó que el Gobierno municipal “ha planchado la economía en un 2018 que no había elecciones”, por lo cual fue un año “sin grandes inversiones en obras” que derivó en un “enfriamiento” en el gasto a pesar del “crecimiento sostenido” de los ingresos públicos.

En principio, criticó que “escondieron el impacto del aumento de tasas”, tanto desde el porcentaje como al estimar la recaudación. “Las subestimaron”, aseveró y señaló que bajó el nivel de cobrabilidad por la presión tributaria. Entonces, enumeró que cualquier vecino paga seis tasas y otras cuatro atadas a las facturas de luz y de gas, un total de diez tributos municipales, dejando de lado a las actividades productivas. Por tanto, analizó que con mayores recursos y el enfriamiento del gasto es “lógico” que el ejercicio cierre en equilibrio.

En simultáneo, insistió con que el Gobierno provincial llamó a quitar las tasas de los servicios básicos, pero el Municipio “las sostuvo y las aumentó”. Entonces, afirmó que hay que disminuir la carga tributaria, aunque reconoció que la inflación fue mayor a la prevista porque “ni los correligionarios ni los del PRO pensaron que iba a ser tan malo este Gobierno nacional”.

“Fue un 2018 planchado, de mantenimiento, ahorrando para cuando vengan las elecciones y ahora vemos las inauguraciones”, achacó Llano y subrayó que enfriar la obra pública es “no dar trabajo a la gente y no aportar soluciones a los vecinos”, como en el pavimento, donde sobraron 39 millones de pesos del fondo afectado.

Llano enumeró obras que estaban en el presupuesto pero que no se hicieron, como el centro cívico y la apertura de cruces de calles en Villa Italia, las veredas de la Terminal y preguntó cuándo van a trasladar la Dirección de Vialidad, cuyo nuevo edificio ya sufrió actos de vandalismo.

Fondos afectados

En otro párrafo, el justicialista sostuvo que el comportamiento en cuanto a los fondos afectados delata una “posición política” del Gobierno municipal, que no ejecutó 257 millones de pesos, es decir que “no cumplió con el contribuyente”, pero obtuvo 67,5 millones de intereses al colocar esos recursos en la “timba financiera” y luego sumarlos a la cuenta de libre disponibilidad.

Con sarcasmo, marcó que “es tentador para un secretario de Economía” poner los recursos a rendir dividendos en lugar de hacer las obras y más adelante, consideró que “Binando debe poner el plazo fijo con culpa”.

Área por área

Llano cuestionó el poco peso de Desarrollo Local frente al cierre de comercios y de empresas emblemáticas, con pérdida de fuentes de empleo, y el recorte de programas, al tiempo que reclamó que el Estado “debe tomar la iniciativa” al detectar el comportamiento retractivo de la TUAE, lo que implica que el sector productivo factura menos.

“Los números determinan las voluntades políticas”, enfatizó y consignó el recorte del programa Pueda, que pasó de 175 mil a 140 mil pesos y asistió a sólo 25 personas. Lo mismo con el emprendedorismo que tenía 1,1 millón previsto y lo bajaron a 740 mil pesos. “Son títulos. A la hora de poner la plata, no está ahí”, lanzó.

También reparó en “la vergüenza política” de la firma del contrato en dólares para las cámaras; el frustrado alquiler con opción a compra del edificio de Pinto 880, donde se iba a instalar el Centro de Monitoreo, y la disponibilidad de 22 millones de pesos que en 2016 asignó el Gobierno provincial y que se usarán para las dependencias de Protección Ciudadana.

Como así también, confrontó la asignación de 86 millones de pesos al Centro de Monitoreo en detrimento de Control Urbano Vehicular y la escasa asignación de fondos a los programas de protección a las víctimas, Asistan y Acceder.

En la Secretaría de Gobierno, donde el oficialismo destacó la modernización del Estado, contrapuso la demora en la ejecución de los presupuestos participativos de María Ignacia y Gardey, que aún “está pendiente”.

Entre otros conceptos, también reseñó el déficit en el SISP y el abandono de los proyectados consultorios odonto y oftalmológicos, y agregó otro párrafo sobre la Usina, que “no atiende la situación de las pymes”.

“El secretario de Economía se olvidó el corazón en la puerta del Municipio”, disparó Llano sobre la decisión de “salir a cazar deudores a cualquier costa” en relación a las intimaciones que recibieron vecinos. “Así es fácil cerrar con equilibrio fiscal”, opinó y como agravante, señaló que “saben cómo está la gente”.

Llano reconoció que Desarrollo Social tuvo más recursos, pero también que crecieron las necesidades, y más adelante consignó falencias en políticas medioambientales, en Bromatología, problemas para definir la función del distribuidor de Fleming, conflictos con el transporte, entre otros ejemplos que avalaron su análisis sobre el equilibrio en los números y un “déficit de gestión”.

“Un verdadero escándalo”

Desde Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé mesuró el contrato en dólares para la extensión de fibra óptica y el montaje de 250 cámaras de seguridad, que se firmó en diciembre de 2016 y se comenzó a pagar en junio de 2017, en 50 cuotas mensuales. Lo calificó como “un verdadero escándalo”, porque el Municipio no puede contraer deudas en moneda extranjera (salvo excepciones) y el contrato no pasó por el Concejo Deliberante.

Sostuvo que la disparada del precio del dólar llevó a que en junio de 2017 se pagara un millón de pesos mensuales y en diciembre de 2018, 2,8 millones de pesos, lo que implicó un incremento del 43 por ciento.

Agregó que el contrato se llevó 25,9 millones de pesos el año pasado, sobre un total de 86 millones que recaudó la Tasa de Protección Ciudadana, y por 250 cámaras. Una vez más, afirmó que es “un dislate”, ya que se están “desperdiciando de manera espantosa nuestros recursos”. Al mismo tiempo, exoneró a la empresa que “hace su negocio”.

Con respecto al alquiler de Pinto 880, indicó que la oposición “frenó” la compra en dólares de ese edificio donde se planeaba instalar el Centro de Monitoreo. Le reclamó al Intendente, que dijo que iba a devolver 500 mil pesos por esa mala decisión de gestión, que los gastos ascendieron a 716 mil y sin calcular las tasas municipales.

Por otra parte, reseñó que los 22 millones de pesos que la Provincia otorgó en 2016 para seguridad, y que están reservados para construir la sede de Protección Ciudadana, representaban 1,6 millones de dólares y hoy son 500 mil dólares, pero además “seguimos pagando el alquiler de la sede de Belgrano”.

“La liviandad con que usan los recursos públicos es llamativa y escandalosa”, concluyó Poumé y advirtió que espera que el Tribunal de Cuentas se expida por la denuncia del contrato para la fibra óptica y las cámaras.

Presupuestos “dibujados”

Por Unidad Ciudadana, Darío Méndez consideró que la rendición de cuentas dejó a la vista que el presupuesto está “dibujado”, al tiempo que consideró que todas las tasas “se tiraban a la baja” en un 10 por ciento “para tener mayor disponibilidad” de recursos.

Cuestionó que en 16 años, el Gobierno municipal procedió al “aumento constante de las tasas, descargando sobre los ciudadanos tandilenses el aumento siempre por encima de la inflación”, aunque dijo que en los últimos cuatro años los ajustes fueron menores debido a los altos porcentajes de inflación que se registraron.

Coincidió con Facundo Llano en otros tramos de su análisis, aunque observó una pérdida del 18 por ciento en el salario de los trabajadores municipales y el deterioro en la prestación de servicios, que están “lesionados”.

Como conclusión, sostuvo que no sabía cómo interpretar el superávit en el contexto de crisis, ya que por un lado no se desordenaron las cuentas frente a las variables macroeconómicas, aunque se inmovilizaron partidas de recursos afectados y no se hicieron obras.

“Este Gobierno está agotado”

Gustavo Ballent, del Frente Renovador, consideró que la palabra transformación, citada por el oficialismo al final de su documento, resultaba demasiado grande para resumir las cuatro gestiones del intendente Lunghi. Como ejemplos, citó la falta de regularización de parcelas del Parque Industrial, el estado del asfalto, el desempleo, la carga tributaria de las tasas, etc.

“Este Gobierno está agotado”, expresó y agregó que “nos quieren vender un relato”, al fundamentar que proponen proyectos como la compra de la exMetán o del edificio para Protección Ciudadana pero luego desisten.

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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