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En Tandil se registran 170 denuncias mensuales por violencia familiar y de género y 15 por abuso sexual

Los números surgen del informe anual de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género. Integrantes del espacio se reunieron con concejales en el recinto, realizaron un diagnóstico y propuestas. Demandan más políticas del Estado municipal para la prevención y una relación más fluida entre las áreas comunales y con la Justicia.

Rody Becchi

La Comisaría de la Mujer y la Familia recibe en la actualidad entre 170 y 180 denuncias mensuales por delitos vinculados a la violencia de género e intrafamiliar –la mitad del total que recepcionan todas las dependencias policiales de la ciudad-, y en el Hospital de Niños se detectan entre 12 y 15 casos de abusos a la integridad sexual. Las cifras, que sorprenden y angustian, responden a la ciudad de Tandil.

Ayer, la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad del Concejo Deliberante recibió a ocho integrantes de la Mesa Intersectorial contra la Violencia Intrafamiliar y de Género de Tandil, que presentó su informe anual de 2018, con un profundo y preocupante diagnóstico, pero también con once premisas que incluyen diagnósticos, demandas y propuestas concretas para trabajar en la prevención.

La presidenta de la comisión Matilde Vide y los concejales Melisa Greco, Alejo Alguacil, Gabriel Bayerque, Silvia Nosei y Facundo Llano escucharon las exposiciones de Julia Méndez, Petra Marzocca, Noelia Domenighini, Mónica Pérez, Yanina Venier, Laura Sueldo, Alejandra Essains y Silvia Llanos, quienes expusieron las conclusiones de un año de trabajo, con miras a “avanzar en un modelo de prevención, atención y erradicación de la violencia eficaz desde un enfoque multidisciplinar”.

La mesa, que funciona con regularidad desde marzo de 2017, había mantenido un encuentro previo con la comisión legislativa durante el año pasado y en esta ocasión, reseñó las consideraciones de las comisiones internas -se pusieron en marcha el año pasado- de salud; educación y cultura; acceso a Justicia, ruta crítica y estadística; y acceso a la vivienda digna y el trabajo, y que derivaron en la propuesta de una serie de medidas para mejorar las respuestas estatales ante los casos que se registran.

La reunión

En el recinto de sesiones, las ocho integrantes de la Mesa Intersectorial realizaron planteos a partir de las contundentes estadísticas y la realidad cotidiana que vivencian en sus diferentes ámbitos de trabajo, ya sea en instituciones, organizaciones sociales o a través de partidos políticos.

En un pasaje de la reunión, resaltaron la “limitación estructural” que evidencia el Municipio en esta materia, tanto desde lo presupuestario como en los equipos de trabajo, y adelantaron el pedido de ser parte de la discusión de cara a conseguir más recursos en el Presupuesto 2020.

Por otra parte, señalaron que hoy la asistencia a víctimas de violencia de género se acota a las mujeres que no cuentan con recursos económicos –“a víctimas pobres”-, para quienes ya existe vulneración de otros derechos. En simultáneo, cuestionaron que no hay acciones dirigidas a toda la ciudad tendientes al cese de la violencia.

En estos aspectos, como ejemplo práctico, mencionaron que la Secretaría de Desarrollo Económico Local no dispone de líneas de empleo para víctimas de violencia. Por tanto, reclamaron el rango de secretaría para la dirección de Políticas de Género y que trabaje con mayor transversalidad con las distintas áreas de la comuna, entendiendo que el Estado municipal tiene mayor capacidad de concretar políticas de prevención y asistencia.

El Hospital

En el área de la salud salió a la luz que el Hospital Santamarina, a través de la guardia, suele ser el primer lugar al que acuden las víctimas de violencia. Sin embargo, no se extiende un certificado ni existe una buena articulación para sustanciar las causas. En simultáneo, la institución no ofrece medios al personal citado por la Justicia, por caso cuando las instrucciones se sustancian en Azul.

En este aspecto, si bien han mantenido reuniones con el Sistema Integrado de Salud Pública (SISP), indicaron que quedaron “entrampadas” y no lograron que los médicos se involucren para hacer constar lesiones por violencia en las historias clínicas. Por eso insistieron con mejorar tanto el protocolo, para que los informes sirvan al momento de la instrucción de las causas penales o civiles, como la articulación entre el área municipal y el Poder Judicial.

Por otro lado, remarcaron que no se brinda asesoramiento legal en la urgencia, por ejemplo cuando el Comité contra el Abuso Sexual que funciona en el Hospital de Niños detecta algún caso. Por eso, insistieron en que “adecuar los protocolos es prioritario”.

Otro aspecto que mencionaron es la carencia de médicos no objetores de conciencia para las prácticas de los abortos no punibles que superaron las 12 semanas de gestación. Recordaron que el año pasado hubo que derivar a una paciente fuera de la ciudad. “Las hipocresías existen, porque muchos profesionales en privado lo hacen”, lanzaron en referencia a los galenos del Hospital.

Por otra parte, valoraron la sanción de la ordenanza de adhesión a la Ley Micaela y el inicio de reuniones tendientes a capacitar al personal municipal en violencia de género, al tiempo que denunciaron que en la comuna hay situaciones de violencia laboral hacia las mujeres y pidieron elaborar una normativa específica para abordar la temática.

La Justicia

El informe de la mesa reseña que el abordaje de la violencia intrafamiliar y de género se centra en la emergencia, es decir que los dispositivos de atención se activan a partir de la denuncia. En esa instancia, se inician causas en el fuero de familia para dictar medidas de protección o en el penal si se presume la comisión de un delito.

En este aspecto, concluye que “no se encuentra garantizado el acceso a la Justicia para quienes sufren violencia de género fuera del ámbito intrafamiliar” y lamentaron la falta de estadísticas sobre la cantidad de denuncias, tipo de violencia y las medidas adoptadas.

Por otro lado, detectaron una “estandarización de las medidas de protección dispuestas”, ya que las más habituales son la restricción de acercamiento y cese de actos de perturbación, “mientras que existen criterios restrictivos respecto a la aplicación de las medidas de alimentos y vinculación parental provisorios”.

Con respecto a la aplicación de la normativa, plasmaron que en la provincia, en materia penal se aplican las leyes 12569 (de violencia familiar) y 26485 (de protección integral a las mujeres), aunque se desconoce si ocurre lo mismo con los 2914 procesos penales en trámite durante el 2018 en todo el Departamento Judicial de Azul. También reseñaron la imposibilidad de detectar la existencia de causas múltiples a partir de los hechos de violencia en distintos fueros.

Gran demanda y magros recursos para la Comisaría de la Mujer

La Comisaría de la Mujer y la Familia, el primer lugar que interviene ante hechos de violencia de género o intrafamiliar, recibió en 2018 entre 160 y 170 denuncias mensuales, estadística que hoy ya estaría entre 170 y 180. La cifra representa más de la mitad del total de las denuncias que se radican en las cuatro comisarías de jurisdicción, seis destacamentos policiales y la patrulla rural.

Además, ante cada hecho nuevo de violencia que padece una persona se requiere una nueva denuncia en la Comisaría de la Mujer, que tiene la obligación de tomarla y remitirla al fuero de familia o penal que están “desconectados” entre sí.

La Mesa Intersectorial contra la Violencia remarcó que falta personal en la dependencia y fundamentó que Tandil cuenta con 15 agentes (el 99 por ciento son mujeres) cuando Olavarría tiene 35. El contraste es llamativo ya que ambas localidades dependen del Departamento Judicial de Azul.

Sumado a eso, no alcanzan los insumos y carecen de mecanismos de seguridad internos ante situaciones de violencia que se puedan presentar respecto al equipo interdisciplinario. También falta formación permanente.

Las propuestas

En este aspecto, plantearon la idea de disponer oficinas de violencia o sedes descentralizadas, con personal policial especializado, que funcionen en las comisarías que ya existen. En principio, sería más urgente implementarlo en las seccionales Tercera y Cuarta por “el escaso personal y la cantidad de denuncias recibidas”, pero además porque están próximas a Villa Aguirre y La Movediza, los barrios donde mayor intervención ha tenido la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual municipal, en el acompañamiento a mujeres que sufren violencia, conforme el informe presentado a finales de 2018 por la titular del área.

También reclamaron la incorporación de un médico al equipo interdisciplinario existente en la Comisaría de la Mujer, y el aumento de asignación de recursos humanos, financieros, técnicos y de seguridad.

Reclaman otra Defensoría Civil y acceso al patrocinio gratuito

Desde la Mesa Intersectorial señalaron que no es necesario contar con patrocinio jurídico para acceder a la Justicia de Familia por un caso de violencia familiar, pero sí se debe contar con un abogado para iniciar acciones de fondo (alimentos, cuidado personal, régimen de comunicación).

“La ciudad de Tandil sólo cuenta con una Unidad Funcional de Defensa Civil, la cual sólo representa a una de las partes, siendo derivada la contraparte al Consultorio Jurídico gratuito del Colegio de Abogados de Azul, con sede en la Asociación de Abogados de Tandil, quien actualmente cuenta con una sola letrada para su patrocinio”, reseñaron.

Sumado a eso, “la puesta en funcionamiento del Juzgado de Familia 2, si bien ha significado un avance importante respecto al acceso a la Justicia y perspectiva de abordaje respecto a las problemáticas de la violencia familiar, ha puesto de manifiesto las dificultades existentes para acceder a la Justicia”.

Por ese motivo, propiciaron la creación de una nueva Defensoría Civil y secretarías especializadas en género, que lleven adelante todas las causas vinculadas a las víctimas de violencia (medidas de protección y de fondo).

Teniendo en cuenta que Tandil es el distrito más poblado de todo el Departamento Judicial de Azul, solicitaron que revisen los criterios para acceder a los patrocinios gratuitos.

Al mismo tiempo, destacaron la creación del programa municipal AcceDer, aunque falta difundir la herramienta, y “modificar la ordenanza para ampliar la cobertura de gastos y generar mecanismos más flexibles de acceso”.

Por último, expresaron que “celebramos la presentación, por parte del defensor General de Azul, del proyecto de creación de una Oficina de Violencia de Género (OVG) en esta ciudad. Consideramos importante la implementación de esta política pública que contempla la atención multidisciplinar y la articulación interinstitucional”.

Sin embargo, dejaron plasmado que “vemos con preocupación la ausencia de presupuesto para este tipo de iniciativas. Por ello propiciamos la evaluación de la afectación de presupuesto compartida”.

Algunos números

102 femicidios se produjeron en 2018 en la provincia

4 víctimas de femicidio se registraron, el año pasado, en el Departamento Judicial de Azul

13 de las 102 víctimas habían realizado denuncias previas por violencia

11 y 13 víctimas de los 90 y 98 femicidios que hubo en 2016 y 2017 habían hecho denuncias contra sus femicidas

2914 causas penales por violencia familiar y de género se iniciaron en el Departamento de Azul el año pasado

63,8 por ciento de las 2913 causas fueron caratuladas como “amenazas” y “lesiones”

75 denuncias por delitos contra la integridad sexual se radicaron en Tandil en 2018

 

 

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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