Presentan un proyecto de ordenanza que apunta a formalizar el trabajo de las unidades productivas

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) desarrolló un proyecto de ordenanza que busca formalizar la labor que llevan adelante las unidades productivas nucleadas en esa organización y transformar planes sociales en trabajo de interés social.

La iniciativa fue presentada el jueves pasado al Ejecutivo, en el marco de una reunión que mantuvieron los referentes del espacio con el jefe de Gabinete, Julio Elichiribehety, y con el subsecretario de Desarrollo Social, Pablo Civalleri.

Hoy el documento llegará al Concejo Deliberante, con la expectativa de que sea estudiado por los integrantes del cuerpo, ya que se trata de una propuesta abierta a la modificación y mejoras.

En líneas generales, el proyecto de ordenanza se basa en tres ejes, ya que promueve la participación de las unidades productivas en la obra pública, al igual que la experiencia de la cooperativa encargada de la limpieza y mantenimiento del arroyo Langueyú; la adquisición de productos elaborados por integrantes de la economía popular; y el apoyo y fortalecimiento de las unidades productivas.

En la actualidad, solo el 15 por ciento de las familias que dependen de la CTEP trabaja en una cooperativa, con lugar de trabajo y monotributo, por lo que desde la organización consideran que, de aprobarse la iniciativa, el porcentaje se elevará considerablemente.

La iniciativa

El proyecto de ordenanza establece, en su artículo primero, la creación del programa de Apoyo, Promoción y Desarrollo de la Economía Popular, Social y Solidaria, en el partido de Tandil”.

El programa brindará un “acompañamiento integral del Estado municipal a los sujetos de la economía popular, social y solidaria (Epsys) en la implementación de acciones tendientes a generar y sostener el trabajo a través del desarrollo de sus actividades”.

En el tercer artículo hace referencia al régimen de aplicación, al señalar que “se determinan las acciones que seguirá el Municipio comprendidas en un régimen especial de vinculación en las contrataciones públicas, creación de un fondo en apoyo a la adquisición de bienes y materiales y régimen de promoción y protección para la consolidación en el mercado de productos provenientes de la economía popular, social y solidaria”.

En el siguiente punto desarrolla una serie de items que aluden al “apoyo en la ejecución de obras, servicios, provisión de insumos y materiales”, y crea el “régimen especial de contrataciones del Estado municipal y la Epsys”, mediante el cual, “a los fines de la provisión de mano de obra, prestación de servicios, provisión de insumos y materiales, se deberá dar prevalencia en su ejecución, prestación o provisión, a favor de los sujetos de la Economía Social y Solidaria”.

Entre las alternativas, cita “el mantenimiento y espacios públicos y/o prestaciones de servicios, bacheo y reparación de veredas, senderos peatonales, remodelación de plazas, refacción integral de edificios públicos, extracción de árboles, desmalezamiento, parquización, mantenimiento de espacios verdes, zanjeo a cielo abierto, rectificación de zanjas, fumigación y desratización, mejoramiento de viviendas, limpieza de sumideros en la planta urbana, recolección diferenciada y reciclado, limpieza de barrios, forestación, obras en escuelas e instituciones, entre otras”.

A su vez, comprende la provisión de insumos, materiales, bienes de uso, alimentos, y toda otra adquisición que demande el Estado municipal y pueda ser provista por la Epsys”.

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El quinto artículo del proyecto de ordenanza se centra en el “apoyo en la adquisición de bienes y materiales”, para lo cual establece la creación del Fondo Municipal de Apoyo y Fomento de la Economía Popular Social y Solidaria, que tendrá como destino el pago de las erogaciones que se originen por las actividades comprendidas en el acuerdo.
Para ello se designará una partida en el presupuesto municipal como fondos afectados “exclusivamente al cumplimiento de las finalidades establecidas en la presente ordenanza”.

En tanto, el Municipio “destinará recursos para la compra de maquinaria, materiales, herramientas, elementos y/o componentes que demandarán las unidades productivas de la Epsys a los fines de responder a sus necesidades operativas, en brindar una adecuada prestación de los servicios, provisión de insumos, materiales y toda obligación contraída”, y aclara que los beneficiarios “deberán rendir cuentas al Departamento Ejecutivo”.

Luego, en cuanto a la modalidad para la promoción y protección de productos de origen en la Epsys, autoriza al Ejecutivo a establecer un “régimen de exenciones del pago de la Tasa Unificada de Actividades Económicas y/o de las específicas que graven la actividad que se trate”, que será por doce meses.

Para el fomento social “se establece un régimen de bonificaciones en los impuestos y contribuciones de hasta el 50 por ciento a quienes contraten, expendan y/o comercialicen productos y servicios de origen en la Epsys”.

Por último, deja en manos del Ejecutivo la designación de la autoridad de aplicación de la normativa y el dictado del decreto reglamentario.

Vistos y
considerandos

Entre los vistos, el documento considera la “realidad imperante” en el partido de Tandil en cuanto a la “situación del trabajo” y la “necesidad de fortalecer e incentivar las posibilidades de generación de puestos laborales y las formas asociativas que propenden a su generación y protección”.

En los considerandos hace referencia al “avance social y normativo” respecto del sistema de la economía popular, social y solidaria, y la cantidad de beneficiarios, y a la necesidad de acompañamiento por parte del Estado en sus niveles y destaca que Tandil “tiene tradición en el dictado de normas que recepten las realidades y costumbres y, en consecuencia, tomen medidas en su apoyo”.

En esa línea, citó acciones como “la ordenanza Pueda, destinada a pequeñas unidades económicas de autogestión, programas de Empleo Joven, Promojoven, programas municipales de fomento a la pymes”.

No obstante, señala que “nos encontramos en la necesidad de dar respuesta activa al universo de la Economía Popular Social y Solidaria y sus formas de asociación, organización y participación a través de la CTEP”.

Además, la propuesta contempla la “obligatoriedad (en las condiciones estipuladas) del Estado en la contratación de bienes, servicios y materiales de origen en la Epsys”, lo cual redundaría en un “beneficio mutuo” en función de las “dificultades que en ciertas situaciones se le presentan al Municipio en las contrataciones y el apoyo que significa para quienes podrían desarrollar esas tareas”.

Y agrega que resulta “imprescindible” la implementación del programa en la búsqueda de “soluciones a los actores de la economía y brindarles la posibilidad de dar respuesta a las obligaciones contraídas y sostener la actividad, los puestos de trabajo e, incluso, poder vincularse con el sector privado a los efectos de ofrecer sus bienes y servicios”.

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