Dos presupuestos para dependencias que conviven en un mismo edificio y con una absurda burocracia
Los judiciales que trabajan en el edificio de calle Uriburu siguen sin servicio de gas y el suministro eléctrico está a punto de colapsar. Mientras avanza la obra proyectada por la Suprema Corte para dotar de calefacción los juzgados, otras dependencias del mismo inmueble fueron “salteadas” porque responden a otro presupuesto. El proyecto del edificio unificado cada vez más lejos, mientras se pagan cifras exorbitantes en alquileres.
Días pasados se dio cuenta en estas páginas acerca de los trastornos que padece la comunidad judicial emplazada en la manzana de calle Uriburu, a partir de instalaciones vetustas que merecieron la intervención económica en pos de refaccionar las instalaciones de gas y así dotar de calefacción al añejo edificio de por sí colapsado de oficinas y dependencias que conviven con el frío y una burocracia estatal que se sumerge en el absurdo.
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Una vez denunciado mediáticamente por el gremio de judiciales sobre esta situación, rápidamente desde prensa de Corte bonaerense se salió a responder, acerca de las obras en pleno avance precisamente para dar respuesta a una situación insoportable en días de bajas temperaturas.
Ayer padecía lo mismo el edificio de esquina Rodríguez y San Martín, donde funcionan los juzgados Civil y Comercial 1y 2. Tras las obras del año pasado, allí se subsanó el problema. No así en las dependencias de Uriburu, donde aún por estas horas se aguarda por el final de obra, la certificación de la concesionaria de gas para que una parte –solo una parte- de los empleados judiciales más aquellos vecinos que son citados para la ocasión cuenten con calefacción.
Como se dijo, ante la falta del servicio de gas, hasta aquí los judiciales apelaron a la instalación eléctrica, con los equipos de aire frío calor. Empero, como también el servicio eléctrico data de cuando se inauguró el inmueble, las instalaciones no soportan semejante demanda y diariamente se corta el suministro, con los trastornos obvios para el trabajo cotidiano como el riesgo inminente a que pase a mayores, léase incendio.
Dos presupuestos
El llamativo escenario no hizo más que desnudar los complejos procesos burocráticos que, en este caso, responden a lo que deben convivir los judiciales a la hora de apelar a una respuesta para sus respectivas demandas.
A más datos, hay dos presupuestos para un mismo edificio. En efecto, las obras que están avanzando responden a fondos asignados por la Corte para las dependencias de los juzgados, no así para lo que responde al Ministerio Público, tanto Fiscalía como Defensorías, que, para aquellos desentendidos, conviven todos en el mismo edificio, pared de por medio.
En efecto, mientras las oficinas donde trabajan los juzgados de Garantías, el Correccional, el Tribunal Oral Criminal (planta baja) y el de Trabajo (planta alta) aguardan por la finalización de la instalación de las cañerías que dotarán del demandado suministro, las oficinas contiguas donde trabajan las fiscalías y defensorías han sido literalmente “salteadas” porque no son contempladas por el mismo presupuesto. Estas dependencias responden a otros fondos, más precisamente de Procuración.
Consecuentemente, los operarios encargados de la obra en plena ejecución, ya han hecho malabares para sortear la cañería en aquellas oficinas que no responden al presupuesto de Corte y arribar a destino.
La insólita escena no hace más que alimentar aquella figura del Estado bobo, en el que los que toman decisiones sobre los recursos de todos, a kilómetros de distancia y detrás de un escritorio, poco saben o interesa sobre cómo se gasta y/o invierte, según se lo quiera mirar.
Unos 2.500.000 anuales de alquileres
Un botón de muestra también hace presagiar que aquella idea, anhelo, de un edificio unificado para que todas las dependencias judiciales funcionen en la misma manzana está lejos, muy lejos de encararse con seriedad.
Tan solo repasar que las flamantes oficinas de las fiscalías fueron inauguradas a las apuradas el año pasado luego de décadas de abandono en las que a nadie se le ocurrió habilitar los servicios para su correspondiente funcionamiento (aún hoy no cuentan con gas y se proyecta ampliar el servicio eléctrico con aquel contratiempo ya citado).
Hay datos, cifras, situaciones, que invitan a desalentar aún más aquel sueño del edificio unificado. Según cifras oficiales brindadas por la Suprema Corte de Justicia provincial, en Tandil se destinan 2 millones y medio por año en alquileres de cinco inmuebles para el funcionamiento de los Juzgados y otras cuatro dependencias. Un promedio de 215 mil pesos mensuales. Un monto similar le cabría para el funcionamiento de otras tantas dependencias del Ministerio Público.
Con un proyecto serio, semejante erogación monetaria ya habría alcanzado para construir la anhelada ampliación en la manzana de Uriburu, y unos cuantos edificios más.
Y hay más. Ni siquiera merecería sacar del presupuesto anual, con tan solo saber que se podría aprovechar la esquina de Avellaneda y Ricchieri, donde hoy solo se aprecia un imponente paredón con ilustraciones de los “próceres” del tenis vernáculo (frente al Club Independiente).
Se supone que dicha propiedad estaba bajo la órbita de Hidráulica provincial pero que en su momento fue ofrecida para que pase a manos de la Corte, con un valor inmobiliario inimaginable. Sin embargo, lo que a todas luces representaría una oportunidad única para pensar un proyecto edilicio acorde a los tiempos y necesidades, queda todo inmerso en un desaguisado alimentado a base de burocracia y desidia, lo que no pocos bautizan como la argentinidad al palo, en su máxima expresión.