Miles de habitantes de la localidad de San Pedro, en la Provincia de Buenos Aires, eran usuarios de la plataforma de inversión Rainbowex, que tiene sospechas de ser una estafa piramidal. De hecho, la Comisión Nacional de Valores (CNV) informó que la plataforma investigada no está registrada legalmente.Por su parte, el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, le ordenó al Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) que bloquee “de manera urgente” el acceso a los sitios web de la plataforma de trading financiero denominada “RainbowEX” y/o “Knight Consortium”, que está siendo investigada, en el fuero federal, por el posible delito de intermediación financiera no autorizada y, en el fuero penal provincial, por eventuales estafas de tipo piramidal, en la ciudad bonaerense de San Pedro, según el comunicado del Ministerio Público Fiscal.La medida fue adoptada en línea con un planteo formulado al juez por el fiscal federal Matías Felipe Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás, y el fiscal general Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI) de la Procuración General de la Nación.Posible estafa piramidalLa supuesta estafa piramidal en San Pedro se relaciona con Knight Consortium. La supuesta empresa singapurense ofrecía invertir en supuestas criptomonedas a través de la aplicación Rainbowex y prometía ganancias de entre el 1% y el 2% en dólares por día.Además, asesoraba a los usuarios por un canal de Telegram, en el cual una vez al día una mujer apodada “La China” les enviaba un mensaje con sugerencias sobre trading, es decir, la compra y venta de activos financieros para hacer rendir mejor el dinero invertido.Según el intendente de San Pedro, Cecilio Zalazar, habría hasta 20 mil habitantes involucrados. “No sabemos a ciencia cierta la cantidad de gente, pero se estima que entre 15 y 20 mil personas están metidas”, dijo el jefe comunal en diálogo con Radio 10. La localidad de San Pedro tiene casi 70 mil habitantes, según datos del Censo 2022 del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).Las dudas sobre la veracidad del sistema surgieron a partir de las excesivas ganancias diarias que prometía Knight Consortium. Un 1% en dólares significa una tasa de interés del 3.490% anual. Para tomar de referencia, los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, que son considerados una inversión segura, tienen un rendimiento del 4% anual.Maximiliano Firtman, programador, profesor y director de la academia de programación ITMaster, comenzó a investigar a Knight Consortium y compartió un hilo de X en el que describió cómo funcionaba la supuesta estafa.“El problema de toda esta historia es que la empresa Knight Consortium no existe desde 2010. Su sitio web tiene solo unos meses de vida. El trading de criptomonedas en la aplicación Rainbowex no existe. Los fondos de las personas desaparecen de sus billeteras apenas ingresa el dinero. Ali, La China, no existe, es sólo una cuenta en Telegram que no habla muy bien español. Zhang Guofu, el fundador, no existe, es una foto de stock. Timothy Murphy y Jeremy Jones son 2 estafadores condenados en Estados Unidos en 2018 y 2019 luego de investigaciones del Departamento de Justicia y del Servicio Secreto”, aseguró Firtman en una nota publicada en Clarín.La posible estafa piramidal está siendo investigada por la Sede Fiscal Descentralizada de San Nicolás y, como se dijo, la CNV informó que la plataforma investigada no está registrada.Cómo funcionanLas estafas piramidales llevan ese nombre por la forma de la estructura necesaria para que funcione. Muchas personas pagan dinero para ingresar a la base y van llegando a los estratos más altos al reclutar nuevos participantes. Aquellos que crecen en la pirámide y llegan al estrato más alto van a obtener ganancias pero por haber conseguido a otros que se sumen al esquema.El problema está en que las personas ingresan bajo una falsa promesa de multiplicar el dinero invertido, pero no hay ninguna inversión o actividad que genere nuevos ingresos. Solamente se gana dinero por el aporte que hacen los nuevos ingresantes y que lo retiran aquellos miembros que los convocaron. Si dejan de ingresar nuevos participantes, deja de haber dinero. Por eso, el éxito dependerá exclusivamente del reclutamiento y el convencimiento para que nuevos actores se sumen a la causa.El reclutamiento se hace bajo promesas de poder duplicar, triplicar o incluso sextuplicar lo invertido. Entonces, aquellos que primero ingresan logran ese objetivo al retirar su inversión y parte del dinero que pusieron los nuevos miembros. Pero esta cadena se corta si en algún momento dejan de invertir nuevos miembros.Además, a diferencia de una inversión en una institución financiera autorizada, no se firma ningún tipo de documento ni hay solvencia para responder ante un eventual resultado negativo.DiferenciasMuchas veces los términos “estafa piramidal” y “esquema Ponzi” son utilizados como sinónimos pero tienen diferencias. En la estafa piramidal los participantes logran ganancias al reclutar nuevos miembros. En cambio, en el esquema Ponzi la persona no necesariamente tiene la responsabilidad de buscar nuevos miembros y piensa que está invirtiendo en algún activo, según la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos.El esquema Ponzi nació en los años 20 en los Estados Unidos, cuando el empresario italiano Carlo Ponzi convocaba gente para invertir en cupones internacionales por correo con un 50% de retorno en pocos meses. Con el dinero invertido por los nuevos participantes, le pagaba a los viejos miembros y así mantenía una rueda girando sin invertir un centavo.AlertaEl economista Nicolás Picón, coordinador del Laboratorio de Desarrollo Sectorial y Territorial (Ladeset) de la Universidad Nacional de La Plata, señaló al sitio Chequeado que “no toda la información que circula en redes es confiable y las personas pueden ser víctimas de esquemas Ponzi o piramidales. No hay que confiar nunca en quienes piden transferencias bancarias a cuentas particulares ni dinero en efectivo, y que prometen altos rendimientos en poco tiempo. Hay que alejarse de estos gurús”.De acuerdo con el especialista, si uno necesita asesoramiento en el mercado de capitales “hay que recurrir a un asesor profesional en el mercado de capitales o agentes habilitados por la Comisión Nacional de Valores (CNV)”.Julián Castellucci, profesor de Finanzas Corporativas Avanzadas en la Universidad Católica Argentina (UCA), también advirtió, en diálogo con el citado medio, sobre este tipo de estafas, que en muchas ocasiones son promocionadas en videos virales: “Si te ofrecen una rentabilidad muy alta en dólares, podemos estar frente a una estafa mediante el esquema Ponzi. Otra de las estafas son los cursos que dictan con los cuales te prometen que te vas a hacer rico. Los cursos son pagos y no son baratos”.

Qué es una estafa piramidal, cómo funciona y en qué se diferencia del esquema Ponzi

El gobierno nacional dispuso el cierre de 3 fondos fiduciarios por presuntas “ineficiencias en su implementación”. A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo disolvió el Fondo Nacional de Emergencias, el Fondo Fiduciario Progresar y el Fondo de Protección Ambiental de los Bosques Nativos.En febrero, Javier Milei (La Libertad Avanza) ya había adelantado que avanzaría contra los fideicomisos, a los que describió como “cajas negras de la política”. Por otra parte, el artículo 5 de la llamada Ley Bases, aprobada por el Congreso a fines de junio, autorizó al Ejecutivo a “modificar, transformar, unificar, disolver o liquidar los fondos fiduciarios públicos”.Qué sonUn fondo fiduciario o fideicomiso es un tipo de administración de recursos a través de la cual una persona u organización le otorga a otra persona o entidad la administración de ciertos bienes, con el objetivo de que los administre en favor suyo o de un tercero. Estos fondos pueden ser públicos (es decir, creados al interior de la administración pública) o pactarse entre privados (por ejemplo, cuando una persona entrega la administración de sus bienes a otra).En el caso de los fondos públicos, es el Estado quien delega la administración de fondos a una entidad (que suele ser un banco público, por lo general el Banco Nación o el Banco de Inversión y Comercio Exterior -BICE-) para que los administre en función de determinada política pública, como el otorgamiento de un subsidio o la realización de una obra.Rafael Flores, economista de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), dijo al sitio Chequeado que “los fideicomisos son un instrumento que se pueden utilizar tanto en el sector público como en el privado para financiar determinados gastos, asegurándose de que los fondos se utilicen para un fin concreto y no se puedan desviar a otros propósitos”.Fondo Nacional de EmergenciasEl Fondo Nacional de Emergencias fue creado en 2016 a través de la sanción de la Ley 27.287, “con el objetivo de financiar y ejecutar las acciones de respuesta (…) para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil”.En el decreto de disolución, el Gobierno cita una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que señaló que el fondo “nunca estuvo operativo” y que desde la fecha que se firmó el contrato de fideicomiso hasta la actualidad “nunca se le asignó un presupuesto acorde al objetivo tenido en cuenta al momento de su creación”.Según datos de la Oficina Nacional de Presupuesto, el Fondo Nacional de Emergencias, por su naturaleza, “la que implica entrar en funcionamiento a partir de la declaración de una situación de emergencia”, no tiene ejecución presupuestaria en el primer semestre de 2024 (último dato disponible). Tampoco la tuvo durante 2023.ProgresarEl Fondo Fiduciario Progresar fue creado mediante un decreto de necesidad y urgencia de enero de 2022 con el objetivo de “financiar líneas de acción orientadas a complementar y potenciar las acciones vigentes del ‘Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos’ (Progresar)”.Según explicó el Gobierno, este fondo tampoco estuvo operativo “por no haberse integrado los bienes necesarios para su funcionamiento”. En los registros oficiales de la Oficina Nacional de Presupuesto, a la hora de analizar la ejecución de gastos, el Fondo Progresar ni siquiera figura en el listado de fondos fiduciarios.El Gobierno, sin embargo, aclaró que la disolución de este fondo no implica la eliminación del programa Progresar, que continúa vigente ya que “el financiamiento de las Becas Progresar tiene su origen en el presupuesto del entonces Ministerio de Educación, hoy Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano”.Según datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el Gobierno destinó $ 222 mil millones a las Becas Progresar en los primeros 9 meses del año, una caída del 66,4% en términos reales respecto al mismo período del año anterior.FobosquesPor último, el decreto disolvió el Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques Nativos (Fobosques), creado en 2018 con el objetivo de administrar el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos-que se constituyó a partir de la sanción de la “Ley de Bosques”-, e “implementar las medidas relacionadas con la protección de los bosques”, de conformidad con la voluntad del Estado “manifestada en el Acuerdo de París”.Según la ley vigente, ese fondo se financiaría con el 2% del total de las retenciones a las exportaciones primarias y secundarias del sector agrícola, ganadero y forestal. El Gobierno señaló que esto no se verificó en las planillas presupuestarias de 2021, 2022 y 2023 y que además la SIGEN detectó “deficiencias en los registros e inexistencia de indicadores claros sobre la gestión”.Entre enero y junio de 2024 el Fobosques tuvo ingresos corrientes por $ 4.219 millones, pero sólo gastó $ 321 millones (en bienes y servicios y otros gastos), un 7,6% de sus recursos. En 2023 el Fobosques también había finalizado con un resultado financiero positivo: tuvo ingresos por $ 12.711 millones y gastos por $ 4.819 millones.“El Fobosques es la salvaguarda para que los fondos para la aplicación de la Ley 26.331 se preserven de otros usos y de la devaluación por los vaivenes de la economía argentina. Además, contribuye a garantizar &nbsp;que el país siga avanzando en una protección efectiva de sus bosques nativos, cumpliendo con normativa nacional vigente y honrando compromisos asumidos globalmente”, señalaron en un comunicado más de 20 organizaciones de la sociedad civil, que alertaron hace pocas semanas ante el posible cierre de Fondo.VigenciaEl Ministerio de Capital Humano precisó que el financiamiento de las Becas Progresar “está garantizado”, por lo que el programa seguirá en vigencia y no se verá afectado por la eliminación del Fondo Fiduciario.La cartera que dirige Sandra Pettovello aclaró que las partidas para las becas dependen de la Secretaría de Educación del Ministerio, por lo que los beneficiarios del programa “cobrarán en tiempo y forma”.“El Ministerio de Capital Humano informa que el Programa de Respaldo a Estudiantes de Argentina (Progresar) continúa en vigencia. La reciente disolución del Fondo Fiduciario no afecta su funcionamiento”, indicó el ministerio en un comunicado. Y agregó: “Más de un millón de beneficiarios seguirán cobrando sus becas en tiempo y forma. El financiamiento está garantizado por el presupuesto de la Secretaría de Educación”.

Cuáles son los fondos fiduciarios que eliminó el gobierno  y qué importancia tienen por su presupuesto

La crítica del gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) a la falta de control y de auditorías sobre las universidades nacionales se convirtió en un tema de discusión en medio del conflicto por el financiamiento de la educación superior. Con la segunda marcha federal universitaria -que el 2 de octubre registró movilizaciones en distintos puntos del país- el debate se intensificó.AuditoríasEl artículo 59 bis de la Ley 24.521 establece que “el control administrativo externo” de las universidades estatales “es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN)”, que “dispondrá de un área específica (…) para llevar a cabo esta tarea”.La ley no aclara, sin embargo, con qué periodicidad debe hacerse ese control. Y agrega: “Todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.En un comunicado, el Ministerio de Capital Humano, bajo cuya órbita funciona la Subsecretaría de Políticas Universitarias, señaló: “Es esencial auditar el uso de los fondos públicos. Las universidades, especialmente la Universidad de Buenos Aires (UBA), no han rendido cuentas de manera adecuada. El 89% de los fondos transferidos entre 2015 y 2022 aún no han sido rendidos. Es importante aclarar que la afirmación sobre las supuestas auditorías de la Auditoría General de la Nación (AGN) a las universidades no es correcta”.Y agregó: “En la actualidad, la AGN tiene 6 informes en proceso, y en los últimos años solo aprobó 3 informes, de los cuales solo 1 está vinculado a la UBA, correspondiente a la Facultad de Psicología, auditada en 2018. Los otros 2 corresponden a períodos auditados en 2017. Por lo tanto, no es cierto que las universidades, particularmente la UBA, tengan más auditorías que otros sectores del Estado”.ProcesoEl comunicado del Gobierno nacional señala que en los últimos años sólo se auditó una facultad de la UBA, la de Psicología, en 2018. De la búsqueda de informes en la web de la AGN, al filtrar por la UBA, el último informe publicado es, efectivamente, el de la Facultad de Psicología, publicado en octubre de 2023 sobre el ejercicio 2018. Antes de eso, figuran 5 informes sobre la UBA en la web de AGN.En abril de 2024, en el marco de la primera marcha universitaria contra el gobierno de Milei, el presidente de la AGN, Juan Manuel Olmos, ex funcionario del gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), explicó en una entrevista en Radio Mitre que las auditorías que debe realizar cada año la AGN las establece la Comisión Especial Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas, integrada por diputados y senadores. Por ejemplo, el Plan de Acción Anual de la AGN para 2024 incluye las auditorías de las universidades de Córdoba, Formosa, Jujuy, La Plata, Salta y el Nordeste.“La AGN realiza una auditoría de la cuenta de inversión. Todos los años audita las áreas que tienen ‘entradas’ y ‘salidas’, como la AFIP y la ANSES, y los órganos rectores, como la Contaduría General de la Nación o la deuda externa. Y después hace una muestra de organismos. Esos organismos se deben escoger con un análisis que debe tener en cuenta la materialidad y el riesgo”, explicó al sitio Chequeado Guillermo Schweinheim, director de la Maestría y Especialización en Auditoría Gubernamental de la Universidad de San Martín (Unsam)Y agregó: “Los organismos que son auditados cada año deben ser seleccionados por la AGN en el Plan de Acción Anual, que luego debe aprobar la Comisión Mixta del Congreso. No es el Congreso el que elige los organismos, sino el que aprueba la selección hecha por AGN”.Las auditorías, además, presentan cierto rezago. Las que realiza este año la AGN sobre Formosa, Salta y el Nordeste auditan el período 2019-2021. El control de este organismo es “ex post”, es decir, posterior al ejercicio analizado, a diferencia de Sigen, que controla de forma “concomitante”, es decir, con la gestión en curso.El Gobierno le endilga a las universidades un presunto rechazo a ser auditadas. El organismo de control interno de la Administración Pública es la Sindicatura General de la Nación (Sigen), que depende del Presidente de la Nación y que cuenta con unidades de auditoría interna (UAI) en los distintos organismos de la Administración.Sin embargo, “la Sigen no puede realizar auditorías de las universidades nacionales porque así lo estableció una ley aprobada en 2020 (durante la gestión de Fernández), que las exceptuó de ser auditadas ad hoc por los síndicos y funcionarios de la Sigen”, explicó SchweinheimEn noviembre de 2022, a consulta de la Sigen, la Procuración del Tesoro de la Nación, cuyo titular era Carlos Zannini, dictaminó -en línea con esa ley- que no eran aplicables a las universidades los controles de la Sigen previstos en la Ley de Administración Financiera, ya que resultaría violatorio de la autonomía universitaria.El artículo 75 de la Constitución atribuye al Congreso la facultad de sancionar leyes que organicen la educación y, entre otras cosas, que “garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”.Por eso, concluyó que el “control externo” de las universidades “continúa, indudablemente, a cargo de la AGN”. En un reciente comunicado, la Sigen señaló: “La Sigen no se retiró de la auditoría de las universidades. Fue impedida de continuar a partir de un dictamen del procurador del Tesoro de la Nación, Dr. Carlos Zannini”.No obstante, el dictamen de Zannini señaló que la articulación de acuerdos entre la Sigen y las universidades, con voluntad expresa de las autoridades universitarias, no resultaría violatorio de la autonomía. En ese sentido, en 2024 la Sigen firmó convenios con la Universidad de Tres de Febrero y con la Universidad de San Martín para realizar tareas de control interno.Auditorías propiasComo se mencionó más arriba, la Ley de Educación Superior establece que “todas las instituciones de educación superior universitarias de gestión estatal deben generar mecanismos de auditoría interna que garanticen transparencia en el uso de los bienes y recursos”.Al interior de las universidades existen unidades de control interno. Por ejemplo, en la UBA funciona la Auditoría General de la Universidad de Buenos Aires (Aguba), que elabora y publica informes de auditoría de cada una de las facultades que integran la universidad.En este link están disponibles las auditorías internas realizadas en 2023 sobre el ejercicio 2022 del rectorado, las facultades, los colegios que dependen de la UBA y los hospitales universitarios.El auditor general es designado por el Consejo Superior de la UBA, que está integrado por el rector, los decanos de las facultades y representantes de los claustros de profesores graduados y estudiantes. Los auditores adjuntos son nombrados por el rector. De acuerdo con el último informe de Planeamiento, la Aguba cuenta con una dotación de 26 personas, entre auditores, directores, supervisores y secretarios.“Las universidades tienen sus propias unidades de auditoría interna, pero -en lugar de ser designadas por la Sigen- los auditores internos son designados por el Rector o el Consejo Superior de cada universidad, aunque sus auditores utilizan las normas de control interno de la Sigen”, concluyó Schweinheim.

Quién debe controlar las auditorías a las universidades y cómo es el proceso

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ) dio a conocer los datos de pobreza e indigencia para el primer semestre de 2024, los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza).La pobreza alcanzó al 52,9% de la población en el primer semestre de 2024, un incremento de 12,8 puntos porcentuales con respecto a los datos de igual período de 2023 (40,1%).En tanto, la indigencia prácticamente se duplicó en un año: pasó del 9,3% en el primer semestre de 2023 al 18,1% en los primeros 6 meses de este año.Si se proyectan los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) a todo el país, casi 25 millones de personas son pobres (6 millones más que en el segundo semestre de 2023), de las cuales 8,5 millones son indigentes.En nuestro país existen 2 modos de medir la pobreza: un enfoque monetario, que se informa cada 6 meses, y otro multidimensional, que se elabora durante los censos de población.El dato publicado se realiza bajo el enfoque monetario, sobre la base de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) que elabora el Indec .Por un lado, se determina si los ingresos de una familia son suficientes para costear una canasta básica de alimentos (CBA), que contiene ciertos nutrientes que tienen por objetivo cubrir un umbral mínimo de necesidades energéticas. A esto se denomina “línea de indigencia”.Por otro lado, se agrega a estos gastos básicos otras necesidades no alimentarias como la vivienda, la educación, la salud o el transporte. A esto se denomina canasta básica total (CBT) y determina la “línea de pobreza”.DatosEn el primer semestre de 2024, los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei (La Libertad Avanza) casi 25 millones de personas se encontraron bajo la línea de la pobreza, de las cuales 8,5 millones se encontraban en condiciones de indigencia (es decir que no pueden cubrir con sus ingresos las necesidades alimentarias básicas).Los datos surgen del último informe sobre pobreza e indigencia publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec ), que mostró que la pobreza en la Argentina fue del 52,9% en el primer semestre de 2024. Esto representa una suba de 11,2 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2023 (41,7%) y de 12,8 puntos interanual.En tanto, el organismo señaló que la indigencia ascendió al 18,1%, lo que marca un incremento de 6,2 puntos porcentuales con respecto al segundo semestre de 2023 y del 8,8 puntos en los últimos 12 meses: es decir, prácticamente se duplicó.Se trata del mayor nivel de pobreza e indigencia registrado en 20 años, cuando en el primer semestre de 2004 la pobreza fue del 55,3% y la indigencia del 19,5%.Respecto a la pobreza, además, el incremento de 12,8 puntos porcentuales en un año es el mayor salto registrado desde que la pobreza se mide de forma semestral (a partir del segundo semestre de 2003).Para encontrar una diferencia mayor hay que ir hasta octubre de 2002 (luego del estallido social de diciembre de 2001 y la salida de la convertibilidad en enero de 2002), cuando los datos se informaban en mayo y octubre y el incremento fue de 19,9 puntos.Pobreza infantilEl último informe del Indec destaca que, entre los niños de 0 a 14 años, la pobreza alcanzó el 66,1%. En tanto, la indigencia en este grupo etario llegó al 27%.Esto implica un incremento de 9,9 puntos porcentuales con respecto al primer semestre de 2023 y 7,7 puntos sobre el segundo semestre del año pasado.En tanto, el número de personas mayores de 65 años en situación de pobreza más que se duplicó en un año: pasó del 13,2% en el primer semestre de 2023 al 29,7% en igual período de 2024.El informe del Indec señala, además, que en promedio los hogares pobres registraron ingresos un 42,6% inferiores que la Canasta Básica Total (CBT), el indicador que marca el límite a partir del cual una persona es considerada pobre.De acuerdo con los datos oficiales, los hogares pobres registraron un ingreso promedio de $ 407.171, mientras que la CBT se ubicó en $ 709.318 en el primer semestre de 2024. El instituto de estadísticas afirmó que esta diferencia se incrementó con respecto al segundo semestre de 2023 (37,8%).En tanto, en los hogares indigentes los ingresos fueron 33,4% inferiores a la Canasta Básica Alimentaria: registraron ingresos por $ 232.453 mientras que la canasta fue de $ 349.073.AglomeradosDe acuerdo con el informe del Indec , las mayores incidencias de la pobreza en personas se observaron en las regiones Noreste (62,9%) y Noroeste (57%). Le siguieron el Gran Buenos Aires (52,8%); Cuyo (52,3%); Pampeana (49,9%) y Patagonia (49,1%).En los partidos del Gran Buenos Aires la pobreza fue del 59,7% en el primer semestre de 2024. Los niveles más altos de pobreza se registraron en Gran Resistencia (76,2%); Formosa (67,6%); La Rioja (66,4%); Concordia (65,8%); y Santiago del Estero-La Banda (64%).DeclaracionesEl Vocero Presidencial Manuel Adorni manifestó no poder creer que “los responsables del desastre, que saben que son responsables del desastre, descubrieron a los pobres” en el país, cuando forman parte de una clase política que durante 20 años lo único que hizo fue “despedazar todo por el aire, especialmente los indicadores sociales”, además de “dilapidar recursos de todos los argentinos”.En su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada, Adorni aseguró que “de las crisis en la Argentina se sale con ortodoxia” y “crecimiento económico”, e indicó que “el plan de estabilización está en marcha, la inflación está bajando y se ha evitado la hiperinflación” que hubiera llevado la pobreza en torno a 95 por ciento, provocando “una de las mayores catástrofes sociales que se hubiesen conocido en la República Argentina”.Así, indicó que las mediciones trimestrales del Sistema de Información y Evaluación y Monitoreo de Programas Sociales del Ministerio de Capital Humano marcan que “la pobreza tuvo su pico máximo en el primer trimestre del año, donde llegó a 54,8 por ciento, y mostró un decrecimiento que llegó, en el segundo trimestre, a 51 por ciento”. Señaló, además, que esa “recuperación estimada de 3,8 por ciento” es “importante” porque marca una tendencia.&nbsp;Repercusiones"La tasa de pobreza en Argentina supera el 50% con Javier Milei", dice un artículo del Financial Times a propósito de la difusión de los datos del Indec que marcan un nivel del 52,9% de pobres.Además, en la bajada de la nota, señala que algo ha comenzado a cambiar en el apoyo que recibe el mandatario que anunció el ajuste durante la campaña electoral: "Los últimos datos se atribuyen a las medidas de austeridad del gobierno a medida que se desvanece la popularidad del libertario radical". El diario británico especializado en el mundo de las finanzas y la economía dice que la tasa, publicada por la agencia nacional de estadísticas el jueves, "es la peor en dos décadas y 11,2 puntos porcentuales más que en el segundo semestre de 2023". Apunta como causas de este incremento en la pobreza del país que desde que asumió Milei ha recortado el gasto público en un esfuerzo por reducir la inflación anual. Pero dice, el FT: "Los aumentos de precios han erosionado el poder adquisitivo de trabajadores y pensionados". &nbsp;&nbsp;

Cómo se mide la pobreza en la Argentina y qué significó el último número del Indec

El presidente de la Nación, Javier Milei (La Libertad Avanza) presentó ante el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, que prevé superávit primario y equilibrio financiero, además de una baja pronunciada de la inflación.La iniciativa, que ahora deberá ser tratada por las cámaras de Diputados y Senadores, prevé gastos corrientes y de capital por $ 117,5 billones, y establece una nueva regla fiscal que, con el objetivo de garantizar el equilibrio financiero y evitar el déficit, dispone que para determinar los gastos el Gobierno debe primero calcular el ahorro necesario para pagar los intereses de deuda.EvoluciónPara comparar los presupuestos es necesario tener en cuenta la ejecución de los mismos y no el proyecto aprobado, dado que por el efecto de la inflación las partidas se modifican a lo largo del año. Del mismo modo, la comparación debe realizarse en términos reales (es decir, contemplando la inflación).En tanto, para proyectar la inflación del año próximo debe tenerse en cuenta el promedio de aumento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) que el Gobierno prevé para 2025, y no su evolución interanual a diciembre (que en el mensaje que acompaña el presupuesto se proyecta en 18,3%).Esto se debe a que los gastos se van ejecutando de forma paulatina cada mes y no todos juntos en diciembre, por lo que es necesario considerar el incremento promedio del IPC, que para el próximo año sería del 36% en caso de que el aumento de precios fuera uniforme todos los meses (en torno al 1,4%).Gastos socialesTeniendo en cuenta estas variables, los gastos totales para 2025 serán un 2,5% menores en términos reales (es decir, contemplando la inflación) que los gastos con los que el Gobierno estima terminar 2024.Pero al interior del presupuesto existen reacomodamientos, y algunas partidas aumentan su peso en el total, en detrimento de otras.Es el caso, por ejemplo, de los gastos agrupados en la finalidad Servicios Sociales (que incluyen las erogaciones relacionadas con las jubilaciones, los programas sociales, la educación, la ciencia y la salud, entre otros).De acuerdo con las proyecciones, las partidas del área aumentarían 2% real en 2025 con respecto a los gastos ejecutados en 2024, y su participación en el total aumentaría casi 3 puntos porcentuales: del 67% actual al 70,1% según el reparto de fondos previstos en el proyecto de presupuesto.En tanto, se registrarían caídas del 24,4% en la finalidad Servicios Económicos (que agrupan, entre otros gastos, los subsidios a la energía y el transporte) y en los servicios de deuda pública (-7,8%), que además pierden peso en el total de gastos. Y hay aumentos en Administración Gubernamental (14,8%) y Servicios de Defensa y Seguridad (1,8%).Menos partidasDentro de la función Servicios Sociales (la de más peso en los gastos previstos para 2025), las partidas destinadas a Seguridad Social (jubilaciones y asignaciones) caerán un 14,6% real en 2024 (de acuerdo con las proyecciones de gastos oficiales) y se mantendrían equilibradas en 2025 (con una variación de 0,5%, es decir, sin recuperar los niveles de 2023). &nbsp;En lo que respecta a las jubilaciones, cuyo financiamiento fue objeto de debates luego del veto a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso, el ítem Prestaciones Previsionales caería 1,6% real en 2025, considerando el presupuesto actualmente vigente para el área. Pero si se le suman los complementos (el presupuesto destinado a los bonos) la caída completa es del 8,7% real.En tanto, los gastos en Promoción y Asistencia Social (que engloba otros tipos de ayudas sociales, como la Tarjeta Alimentar y la asistencia a comedores) aumentaría 1,1% en 2025. Dentro de este escenario, las asignaciones familiares (que incluyen la Asignación Universal por Hijo, que en lo que va de la gestión de Milei aumentó 95% real) subirán 2,9% real.RetrocesoLa función Educación y Cultura caería 0,3% en 2025 con respecto a los gastos esperados por el Gobierno para 2024.Dentro de este universo se destaca una caída del 4,5% en el financiamiento de las universidades, que en 2024 perdería 31,6% de no mediar cambios en las partidas. Además, el proyecto de ley suspende para 2025 la obligación de que el presupuesto destinado a Educación no sea inferior al 6% del PBI.En este escenario, los fondos destinados a infraestructura y equipamiento dentro de la Secretaría de Educación tendrían una caída real del 23,4% para 2025.En cuanto al financiamiento de la ciencia, la función presupuestaria presenta un incremento real del 4% para 2025 (luego de una caída del 34,7% en 2024), pero al interior del área se destaca una caída del 22% real en el financiamiento del Conicet.Obra públicaEl proyecto de ley prevé que los gastos de capital de 2025 (relacionados con la obra pública) se mantengan invariables en términos reales con respecto a 2024.Pero el punto de comparación parte de un piso bajo, dado que en lo que va de 2024 (los datos oficiales de ejecución presupuestaria llegan hasta julio) los gastos de capital cayeron 80,7% real interanual.Para 2025, en tanto, el Gobierno prevé gastos de capital por $ 4.277 millones, lo que representaría un valor similar en términos reales a lo invertido en 2024. Esto implica que la inversión en obra pública continuará -como este año- en niveles más bajos que los ejercicios anteriores.AumentosEn tanto, el proyecto de presupuesto 2025 contempla un incremento real del 5,9% para la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuyo financiamiento fue debatido en las últimas semanas luego de que el Congreso rechazara un Decreto de Necesidad y Urgencia que aumentaba en $ 100 mil millones los fondos reservados para el organismo.En tanto, la Secretaría General de la Presidencia, que conduce Karina Milei, tendría un incremento del 18,2% en sus partidas en relación con el presupuesto vigente para 2024.También habrá aumentos de partidas para la función de Salud, cuyos fondos aumentarán 31% en términos reales con respecto a las previsiones de gastos para 2024.&nbsp;CaídaPara tener una idea sobre el Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina cayó 1,7% en el segundo trimestre de 2024 y acumula una baja del 3,4% en los primeros 6 meses completos de la gestión de Javier Milei.De acuerdo con los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), en el segundo trimestre de 2024 la actividad económica cayó 1,7% en relación con igual periodo del año pasado y, en la serie desestacionalizada, también cedió 1,7% con respecto al primer trimestre de este año.La caída de la actividad en el segundo trimestre fue empujada por una fuerte retracción de la construcción (-22,2%), la industria (-17,4%) y el comercio (-15,7%), que fueron compensadas parcialmente por una suba importante de la actividad agropecuaria (81,2%).Los resultados del segundo trimestre de 2024 se explican principalmente por una caída del 29,4% de las inversiones (formación bruta de capital fijo), que según el INDEC ocurrió debido a una baja del 39,6% en el ítem equipo de transporte; el 30,7% de la inversión en construcciones; y el 30,2% en maquinaria y equipo.En tanto, también se registraron retrocesos en el consumo privado (-9,8%); el consumo público (-6%); y las importaciones, que cayeron un 22,5%. Nuevamente -al igual que en el primer trimestre– tuvieron un resultado positivo las exportaciones, que crecieron un 31,4% en comparación con el segundo trimestre de 2023.En las proyecciones incluidas en el proyecto de Presupuesto 2025, el Gobierno estimó que en 2024 el PBI caerá 3,8%. En tanto, el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que este año la actividad en el país va a caer un 3,5%, mientras que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) proyectó una caída del PBI del 3,3%.

Qué dice el Presupuesto 2025 sobre los gastos en jubilaciones y educación

Ocho de cada 10 adolescentes y jóvenes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online en el último año. De ellos, el 37% ingresa a apps o páginas webs de juegos -también conocidas como casinos virtuales- muy seguido o todos los días.Los datos surgen de una encuesta realizada por Unicef Argentina y la organización Bienestar Digital a cerca de 600 adolescentes y jóvenes, entre el 27 de junio y el 5 de agosto de 2024.De los entrevistados, el 58% eran mujeres, mientras que un 38% se identificó como hombre. El 66% tenía entre 18 y 24 años, y el porcentaje restante, entre 13 a 18 años.Las apuestas online son un problema cada vez más serio en los adolescentes. Como explicamos en esta nota, el propósito de una apuesta es beneficiarse de un pronóstico o predicción hecha para que el apostador trate de ganar dinero de su conjetura. Pueden ser deportivas, o de otras temáticas, como juegos de casino o lotería..En muchos adolescentes, el juego puede volverse una adicción, lo que puede implicar graves consecuencias en los jóvenes.ConocimientoSegún los datos recientes publicados por Unicef, más de 7 de cada 10 consultados conoce alguna web o app de apuestas online. Esta cifra es aún más alta entre adolescentes, en donde alcanza un 95%.Casi no hay diferencia en el conocimiento entre géneros: el 76% de los varones y el 72% de las mujeres están familiarizados con estas plataformas. Las marcas más mencionadas por los entrevistados incluyen a Casino, Betsson, Bet365, BPlay y Betano.En algunos casos, los adolescentes apuestan de forma directa en el sitio web. En otros, existen chicos que funcionan de intermediarios o &nbsp;“cajeros”. Estos “cajeros” modernos recaudan el dinero en colegios, clubes, y a su vez lo destinan a los sitios de apuestas por lo que reciben una comisión. En este sentido, la encuesta arrojó que el 42% accede directamente, mientras que el 30% lo hace a través de un cajero u otra persona.DineroOtros datos revelados se relacionan con la motivación de las apuestas. Más de 1 de cada 2 adolescentes y jóvenes lo hacen principalmente para ganar dinero, mientras que 3 de cada 10 lo hace por diversión o entretenimiento.Además, el 9% piensa en apostar online todos los días, mientras que el 17% lo hace muy seguido y el 38% algunas veces. Solo el 36% nunca piensa en apostar online.La encuesta de Unicef arrojó que los chicos y chicas se sienten más expuestos a las marcas de apuestas online a través de la publicidad en internet (35%) y a través de Influencers de redes sociales (27%). La presencia en eventos deportivos también es mencionada (14%).Estos datos van en línea con las preocupaciones de los especialistas, quienes ponen la lupa en la publicidad de casas de apuestas legales en estadios y remeras de fútbol, y en la promoción por parte de influencers.RiesgosCerca de la mitad de los chicos buscaría ayuda en su familia en el caso de sentir que está en problemas por apostar online, mientras que 2 de cada 10 recurriría a amigos. Solo el 6% acudiría a la escuela para pedir ayuda, según la encuesta.Además, 4 de cada 10 admite que nunca se habló en su casa sobre los riesgos de apostar online y el 39% solo ha tenido conversaciones esporádicas sobre el tema.Las apuestas online pueden producir grandes adicciones al juego. La ludopatía o juego patológico es una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que afecta diversos aspectos de la vida personal, familiar, laboral, social y económica, de quien la padece. Se ve perjudicada su capacidad de autocontrol y le resulta difícil decir “no” siendo incapaz de aplazar el impulso o deseo por jugar. Cuando la adicción por el juego se da en los adolescentes, la situación es más grave aún.Los adolescentes están al tanto del riesgo. En la encuesta de Unicef, más de 7 de cada 10 dijeron que apostar online puede generar problemas de adicción al juego o dificultades para dejar de apostar. La mitad conoce a alguien de su misma edad que haya sufrido consecuencias a causa de apostar online. Entre las principales: perder mucho dinero (21%), mentir a la familia (10%) o robar (6%).Por último, el 94% de los consultados/as cree que se deberían tomar medidas para regular las apuestas online. Las principales propuestas incluyen: la prohibición del ingreso de menores de edad (25%), limitar la publicidad (15%) y multar a las empresas de apuestas online (14%).AbordajeSemanas atrás, representantes de diferentes instituciones con trabajo en Tandil, con el objetivo de comenzar a abordar de manera integral la problemática de ludopatía y ciberapuestas en jóvenes. El diputado nacional, Rogelio Iparraguirre, fue el promotor del encuentro, que contó con la presencia de la directora del Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo, ⁠Carolina Boldrini; la Jefa Distrital de Educación Tandil, Daniela Urdampilleta; la directora de la Región Sanitaria VIII, ⁠Martina Iparraguirre; la directora del CPA Tandil, Alejandra Esains; la delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, Camila Santoro; el coordinador del servicio zonal de promoción y protección de los derechos del niño, Santiago Romay; el coordinador del Centro de Referencia Territorial del Organismo de Niñez, Manuel Chiavarino; la psicóloga Alba Dauach y el psiquiatra Martin Modaffari. “Quedamos de acuerdo en poder establecer estas reuniones de manera periódica, con el objetivo de conformar una mesa de trabajo que escuche y trabaje con los pibes pero que también construya conocimiento colectivo junto con los adultos referentes y con los y las docentes, que son quienes trabajan día a día con los pibes y conocen de primera mano qué es lo que les sucede”, expresó Iparraguirre luego de la reunión.El diputado nacional Rogelio Iparraguirre, viene trabajando en la problemática de ludopatía en articulación con otros bloques políticos en la comisión de prevención de adicciones y control del narcotráfico de la Cámara de Diputados de la Nación, espacio del que es vicepresidente. Asimismo, junto a la Jefatura Distrital y el bloque de concejales de Unión por la Patria Tandil inició un relevamiento en las escuelas secundarias de la ciudad y trabajó en la elaboración de un proyecto de resolución presentado en el Concejo Deliberante de Tandil para generar herramientas de prevención sobre la ludopatía y las ciberapuestas. “Este encuentro y la propuesta de armar una mesa de trabajo surge de nuestra convicción de que esta problemática cada día más creciente y preocupante para nuestra comunidad necesita de herramientas transversales y que &nbsp;se ocupen tanto de la prevención como del tratamiento adecuado y efectivo”, manifestó Iparraguirre. Y agregó: “Nos parece importante y necesario que todas las instituciones y sus representantes se involucren en este tema. Nosotros estamos yendo a las escuelas, escuchando a los pibes, haciendo un relevamiento. Pero es verdad que el problema hay que abordarlo desde todas las aristas, y para eso las instituciones con las que hoy nos reunimos son fundamentales para poder generar estrategias para abordar la problemática de manera integral, transversal y profunda”. &nbsp;

Qué porcentaje de adolescentes accedieron a jugar en apps o casinos virtuales en el último año

En los últimos años, la evolución del trabajo en la Argentina fue motivo de debates en torno a la cantidad y calidad de los empleos generados por la economía.Empleo formalMenos de la mitad del total de trabajadores son asalariados formales (es decir, que cobran un salario y cuentan con descuento jubilatorio, vacaciones pagas y otros beneficios sociales), según el informe de mercado laboral que publica trimestralmente el INDEC, con datos actualizados al primer trimestre de 2024.Los datos, procesados por Jorge Paz -investigador del Conicet en el Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE)- en base a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), muestran que el 48,3% de los trabajadores tiene un empleo asalariado registrado, mientras que el 26,8% se encuentra como asalariado no registrado (cobra un sueldo por su trabajo, pero no está “en blanco”).En tanto, el 22% son cuentapropistas (sus ingresos no provienen de un salario pagado por un empleador, sino de actividades que realizan de forma autónoma) y el 2,9%, patrones.Pero, como se explica en esta nota, si bien suele asociarse a los cuentapropistas con trabajadores independientes, emprendedores o profesionales (como médicos o abogados, entre otros), sólo un pequeño porcentaje (el 2,2% del total) cumple con estas características.En tanto, el restante 19,8% realiza tareas de baja calificación y remuneración (como las “changas”), características que los ubican dentro del segmento de empleo informal como cuentapropistas no profesionales. Así, el empleo informal en todas sus formas asciende al 46,5%.Nuria Susmel, economista de la consultora FIEL -que preside Daniel Herrero-, aseguró en esta nota que “hay varios factores que explican la informalidad”. En este sentido, sostuvo que, por parte de los trabajadores, “dentro de los asalariados hay gente que no quiere estar registrada porque pierden otros planes o las asignaciones familiares”.En tanto, indicó que desde el punto de vista de las empresas “está el tema de los costos laborales y toda la carga impositiva que es alta y juega en contra”.RadiografíaPara analizar con más detalle el universo del empleo formal se deben consultar los datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación. A diferencia de la información del INDEC (que es una proyección elaborada en base a la EPH, una encuesta realizada de forma trimestral en todo el país), esta estadística se construye a partir de los aportes al sistema previsional, por lo que brinda mayor precisión sobre el empleo registrado.Esta estadística divide a los trabajadores en asalariados privados, asalariados públicos, empleados de casas particulares, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales. Son diferentes niveles de registración: mientras un asalariado recibe una suma mensual fija y cuenta con derecho a vacaciones y días de licencia, un monotributista no mantiene una relación formal con un empleador y no cuenta con esos beneficios.Los datos oficiales muestran que en los últimos 12 años el empleo asalariado privado se encuentra estancado: sólo se crearon 180 mil puestos de trabajo entre 2012 y 2024. &nbsp;Sin embargo, el universo total de trabajadores registrados aumentó en más de 2,3 millones en los últimos 12 años. ¿Qué sectores motorizaron esta suba? Principalmente, el empleo público (se crearon casi 900 mil puestos de trabajo en ese período); el monotributo (casi 800 mil personas) y el monotributo social (430 mil personas). &nbsp;De este modo, en el período analizado el empleo registrado privado aumentó 3%, mientras que el público creció un 38,9% y el trabajo independiente (que agrupa a autónomos y monotributistas), un 45,3%.Si se considera el crecimiento poblacional, la evolución del empleo formal es negativa: de acuerdo con un informe elaborado por la consultora Invecq (dirigida por los economistas Esteban Domecq y Santiago Bulat), en los últimos 12 años el porcentaje de puestos de trabajo asalariados del sector privado en relación con la población en edad laboral cayó 2 puntos: mientras que a comienzos de 2012 representaban el 22,7% del universo, en mayo de 2024 (último dato disponible) fue del 20,7%.En tanto, los empleos estatales aumentaron 1,9 puntos porcentuales con respecto a la población en edad laboral (pasó de del 9,5% en 2012 a 11,4% en la actualidad); los monotributistas, 2,1 puntos porcentuales (del 4,9% al 7%); y los monotributistas sociales, 1,3 puntos (del 0,7 al 2% del total).Bulat, economista en jefe del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) y director de Invecq, dijo al sitio Chequeado que los factores que explican el estancamiento del empleo privado registrado “son multicausales. El más relevante, sin dudas, tiene que ver con la falta de crecimiento económico. Por otro lado, la Argentina tiene costos laborales no salariales elevados con relación a la región”.El economista explicó, además, que “muchas veces las trabas para despedir personal en casos recesivos hacen que tampoco se quiera expandir el personal en momentos de crecimiento, por lo que significa pagos inciertos que pueden ejecutarse hacia adelante, por ejemplo, cuando se ejecutan las multas o doble indemnizaciones”.Por sectores, las actividades privadas que más empleo crearon en los últimos 12 años fueron la de servicios públicos (29%); seguida por la actividad minera (27,6%); los servicios sociales y de salud (23,7%); la enseñanza (18,9%); y sector de hoteles y restaurantes (15,7%).Por el contrario, hubo un retroceso en actividades como la construcción (-15,3%); la industria (-6,6%); el sector agrario (-4,2%); y la intermediación financiera (-2,4%). &nbsp;RelaciónLos datos muestran que existe una relación entre la evolución del Producto Bruto Interno (PBI) de la Argentina y el empleo formal.Sin embargo, el impacto del incremento del PBI en la creación de empleo formal disminuyó en los últimos años. Esto quiere decir que el crecimiento de la economía argentina redunda en la creación de menos puestos de trabajo que antes.Para Bulat, “un fenómeno que juega a favor de esto son las formas de contratación paralelas, como el caso del monotributo, que viene teniendo un crecimiento considerable y paradójicamente no solo del sector privado, sino también del sector público. La diferencia de costos de uno a otro solamente teniendo en cuenta aspectos tributarios como el IVA, el impuesto a las Ganancias o la seguridad social, ascienden a más de 40% entre una modalidad y otra”, explicó Bulat.

Qué formas de contrataciones laborales se generaron en los últimos años en Argentina

El gobierno de Javier Milei (La Libertad Avanza) introdujo cambios en el programa Acompañar, que otorga asistencia económica a las víctimas -mujeres y personas del colectivo LGBTI+- de violencia de género. La medida fue dada a conocer el lunes último, a través del Decreto N° 755/2024 publicado en el Boletín OficialQué esEl programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (Acompañar) fue creado por decreto el 8 de septiembre de 2020, durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), y tiene como objetivo principal fortalecer la independencia económica de mujeres y de la comunidad LGBTI+ (lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas de otras minorías sexuales) en situación de violencia de género en todo el país.Antes de los cambios introducidos el lunes último quienes accedían al programa percibían una asignación económica equivalente al SMVM (Salario Mínimo Vital y Móvil) -en agosto de 2024 el monto fue de $ 262.432,9- durante 6 meses consecutivos. Ahora, la asistencia solo se otorgará por un plazo de 3 meses.“Es prioridad del Gobierno Nacional” adoptar los “mecanismos necesarios” para que “los recursos con que cuenta el Estado nacional se gestionen con criterios de eficacia, eficiencia y economía”, señala el decreto publicado en el Boletín Oficial, firmado por el Presidente; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Y agrega que por lo anterior “resulta procedente realizar modificaciones” para “optimizar su ejecución y control”.El sitio Chequeado se comunicó con Agustina Rossi, socióloga especializada en Estudios de Género e integrante del área de políticas de la organización Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), quien señaló: “Desde ELA ya habíamos detectado que 6 meses no era tiempo suficiente para fortalecer el proyecto de independencia económica de la víctima. Ahora, es hasta difícil pensar que va a conseguir una vivienda, por ejemplo. ¿A dónde va a ir esa persona con su hijo? Tres meses no va a permitir que se cumpla con los objetivos del programa. Sin autonomía económica es muy difícil salir del círculo de la violencia”.Otra modificación del programa que introdujo el decreto se relaciona con los requisitos para solicitar el beneficio. Antes, para acceder a esta prestación sólo se requería contactarse con las Unidades de Acompañamiento de todo el país o comunicarse con la Línea 144.Ahora, se requerirá “acreditar la situación de riesgo por violencia por motivos de género mediante un informe social de un dispositivo de atención oficial de violencias local, provincial o de la Ciudad de Buenos Aires”, indica la norma.Además, habrá que acreditar la realización de la denuncia judicial o policial de violencia por motivos de género.“Esto vulnera el derecho de la víctima a tomar decisiones de cómo quiere manejar su situación, cuáles son sus estrategias para ponerse a salvo. No todas las personas deciden hacer una denuncia. Las estadísticas muestran que sólo 2 de cada 10 personas deciden denunciar. Hoy tenemos un sistema de justicia que no funciona para las víctimas de violencia, que no las escucha, las revictimiza, no les garantiza seguridad. No se les puede obligar a las personas a realizar una denuncia para recibir el apoyo económico y acompañamiento para ponerse a salvo”, agregó Rossi.Meses previosLos datos demuestran el ajuste en este programa contra la violencia de género. La ejecución presupuestaria al 12 de agosto de 2024 en el Presupuesto Abierto (fecha de consulta por parte de este medio) fue de $ 21.516,6 millones, lo que representa un 31% de los $ 68.803,1 millones del presupuesto inicial.“Esta cifra refleja una caída del 82% en la ejecución interanual si se comparan los datos de enero a junio de 2023 inclusive con los del mismo periodo del año en curso en valores reales”, indicó Malena Vivanco, economista del programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).Los datos no sólo cayeron en términos presupuestarios. En cuanto a la cobertura, en el primer trimestre de 2023 el programa lo habían recibido 34.023 personas mientras que en el primer trimestre de 2024 ese número disminuyó a 434. Es decir, un 98,6% menos.“Todo el tiempo nos preguntan por el programa Acompañar, pero no tenemos respuesta. La gente está esperando hace meses. Nos dicen que lo necesitan, pero no le podés dar fecha de pago”, explicó Fernanda Fuentealba es trabajadora de la Línea 144, psicóloga de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y secretaria General de ATE en el ex Ministerio de la Mujer.Identidad de géneroEn tanto, el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, estuvo presente en la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el martes último y habló sobre la identidad de género. “Nosotros rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología. Son inventos subjetivos”, dijo el funcionario.Los dichos de Cúneo Libarona, que había sido convocado a Diputados por el cierre de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género y para abordar políticas públicas en &nbsp;materia de géneros y diversidades, causaron controversia rápidamente en el debate público.A pesar de los dichos de Cúneo Libarona, la identidad de género está garantizada por ley en la Argentina. El 9 de mayo de 2012 -durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner (Frente para la Victoria)- se sancionó la Ley N° 26.743, que reconoce el derecho de las personas a ser inscriptas en su DNI y otros documentos personales acorde con el nombre de elección y el género con el que se autoperciben.La norma entiende como identidad de género “a la vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente, la cual puede corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo”, que puede “involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios farmacológicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que ello sea libremente escogido”. También incluye otras expresiones de género, como la vestimenta, el modo de hablar y los modales.Además, la normativa establece que toda persona tiene derecho “al reconocimiento de su identidad de género; al libre desarrollo de su persona conforme a su identidad de género; y a ser tratada de acuerdo con su identidad de género y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada”.Otras leyes nacionales también garantizan la diversidad sexual, como la Ley 26.618 de Matrimonio Igualitario -sancionada el 15 de julio de 2010-, que permite los matrimonios entre parejas del mismo sexo.“La Ley de Matrimonio Igualitario, la Ley de Identidad de Género, la Ley de Acceso Integral a las Técnicas de Reproducción Humana Asistida, el Código Civil y Comercial son garantías primarias generales del derecho a la no discriminación. El concepto constitucional y convencional de las familia(s) integra a la diversidad y protege los planes de vida de las personas”, señaló en X Andrés Gil Domínguez, abogado constitucionalista y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires (UBA).Respecto a la diversidad sexual y afectiva, en el nuevo Código Civil y Comercial “no se realizan distinciones entre varón y mujer a los efectos de definir quiénes pueden unirse en matrimonio, se mantiene el avance logrado con la Ley 26.618 de matrimonio igualitario y se consolida el concepto de vida en común como eje de la unión matrimonial”, explica un documento del ex Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación sobre la diversidad sexual y los derechos humanos. Además, incorpora la figura de la unión convivencial (concubinato); es decir, la unión de 2 personas del mismo o de diferente sexo.Por su parte, la Ley de Reproducción Asistida (26.862) establece que toda persona mayor de edad, cualquiera sea su orientación sexual o estado civil, tenga obra social, prepaga o se atienda en el sistema público de salud, puede acceder de forma gratuita e igualitaria a las técnicas y procedimientos realizados con asistencia médica para lograr el embarazo. &nbsp;

Qué cambios se introdujeron desde el gobierno nacional al Programa Acompañar

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró a la mpox (conocida anteriormente como “viruela del mono”) una emergencia de salud pública a escala internacional tras el aumento de casos en la República Democrática del Congo y la posibilidad de una mayor propagación.Esta decisión desencadena ahora una respuesta internacional coordinada ante un acontecimiento extraordinario y la movilización de recursos, como vacunas y pruebas diagnósticas, para frenar la propagación de esta enfermedad infecciosa.Pero la OMS no ha declarado el mpox pandemia. Más bien, las medidas que ha puesto en marcha están diseñadas para evitar que se convierta en una.AlertaLa mpox, antes conocida como viruela del mono, es una infección vírica estrechamente relacionada con la viruela. Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolor de cabeza, inflamación de los ganglios linfáticos y dolor muscular. A continuación aparece una erupción típica, principalmente en la cara, las manos y los pies.La propagación de la viruela por algunos países africanos llevó a los Centros Africanos para el Control y la Prevención de Enfermedades a declarar a principios de la semana que la viruela es una emergencia de salud pública de seguridad continental. Es la primera vez que la organización emite una alerta de este tipo desde su creación en 2017.La situación en la República Democrática del Congo, en África central, es especialmente preocupante desde hace más de un año.Existen 2 tipos o clados de mpox. El clado II, originario de África occidental, es menos grave. Tiene una tasa de letalidad de hasta el 1 % (en otras palabras, se espera que aproximadamente 1 de cada 100 infectados muera a causa de ella).Pero el clado I, de África central, tiene una tasa de letalidad de hasta el 10 % (hasta 1 de cada 10 muere). En comparación, la tasa de letalidad es del 0,7 % para la variante ómicron del SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19. En la República Democrática del Congo se están produciendo grandes epidemias del mpox del clado I, que es más mortífero.La viruela del mono es endémica en algunas partes de África central y occidental, donde el virus existe en los animales y puede propagarse a los humanos. Los brotes han ido en aumento, con más propagación entre humanos, desde 2017.Esto se debe en parte a los muy bajos niveles de inmunidad al virus mpox, que está relacionado con el virus que causa la viruela. La vacunación masiva contra la viruela cesó hace más de 40 años en todo el mundo, lo que resulta en una inmunidad mínima en las poblaciones actuales contra la viruela mpox.La designación de la OMS anunciada esta semana se refiere al clado I. No sólo tiene una mayor tasa de letalidad, sino que presenta nuevas mutaciones que potencian la propagación entre las personas. Estos cambios, y la falta global de inmunidad al mpox, hacen que la población mundial sea vulnerable al virus.Hay dos epidemias diferentesEn 2022, una epidemia de viruela del mono arrasó países no endémicos, incluso más allá de África. Se trataba de una variante del clado II originaria de Nigeria, llamada clado IIb. Se transmitía por vía sexual, afectaba predominantemente a hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y tenía una baja tasa de letalidad.Esa epidemia alcanzó su punto máximo en 2022, con vacunas disponibles para las personas en riesgo en los países de ingresos altos, pero ha habido un repunte en 2024.Al mismo tiempo, se estaban produciendo grandes epidemias del clado I en la República Democrática del Congo, pero con mucha menos atención.Las vacunas no estaban disponibles allí, incluso en 2023, cuando se produjeron 14.626 casos y 654 muertes. La mortalidad fue del 4,5 %, y mayor en los niños.De hecho, la mayoría de los casos y muertes en la República Democrática del Congo han sido niños. Esto significa que la mayor parte de la transmisión allí no es sexual y es probable que se haya producido a través de contacto cercano o aerosoles respiratorios.Sin embargo, en 2023 un brote en una zona no endémica del país, Kivu del Sur en el este, parecía ser por transmisión sexual, lo que indica más de una epidemia y diferentes modos de transmisión en la República Democrática del Congo.A mediados de 2024, ya había más casos en el país que en todo 2023: más de 15.600 casos y 537 muertes.La capacidad de análisis es baja en la República Democrática del Congo, la mayoría de los casos no se confirman mediante pruebas de laboratorio, y los datos que tenemos proceden de una pequeña muestra de secuencias genómicas de la región de Kamituga, en Kivu del Sur.Esto muestra mutaciones en el virus de clado I alrededor de septiembre de 2023, a una variante denominada clado Ib, que es más fácilmente transmisible entre personas. No disponemos de muchos datos para comparar estos virus con los que causan casos en el resto del país.En el último mes, el virus se ha propagado a países que comparten frontera con la República Democrática del Congo: Ruanda y Burundi. También se ha extendido a otros países de África oriental, como Kenia y Uganda. En ninguno de estos países se habían dado casos de mpox con anterioridad.En un mundo interconectado y móvil, los casos pueden propagarse a otros continentes, como lo hizo el mpox en 2018 de Nigeria al Reino Unido y otros países.Unos pocos casos relacionados con viajes entre 2018 y 2019 pueden haber dado lugar a la gran epidemia multinacional en 2022 de clado IIb.VacunasComo el virus de la viruela símica y el de la viruela están relacionados (ambos son del género Orthopoxvirus), las vacunas contra la viruela ofrecen protección contra la viruela símica. Estas vacunas se utilizaron para controlar la epidemia del clado IIb de 2022.Sin embargo, la mayor parte del mundo nunca ha sido vacunada y no tiene inmunidad contra la viruela.La vacuna más reciente (llamada Jynneos en algunos países e Imvamune o Imvanex en otros) es eficaz. Sin embargo, los suministros son limitados y la vacuna escasea en la República Democrática del Congo.La declaración de la OMS del mpox como emergencia de salud pública de importancia internacional ayudará a movilizar las vacunas allí donde se necesiten. Los Centros Africanos para el Control de Enfermedades ya habían iniciado negociaciones para conseguir 200 mil dosis de vacunas, que es una fracción de lo que se necesita para controlar la epidemia en la República Democrática del Congo.ActualidadEn última instancia, una epidemia grave en cualquier parte del mundo es una preocupación para todos nosotros, ya que puede propagarse globalmente a través de los viajes, como vimos con la pandemia de la COVID-19.Controlarla en su origen es la mejor medida, y la última declaración de la OMS ayudará a movilizar los recursos necesarios.La vigilancia de la propagación de esta versión más grave del mpox también es esencial, teniendo en cuenta que muchos países no tienen capacidad para realizar pruebas generalizadas. Así que tendremos que confiar en los “casos sospechosos”, basados en una definición clínica, para seguir la pista de la epidemia.La inteligencia epidémica de código abierto –como el uso de la IA para controlar las tendencias de las erupciones y la fiebre– también puede utilizarse como sistema de alerta temprana en países con sistemas sanitarios débiles o retraso en la notificación de casos.Otra complicación es que el 20-30 % de las personas con viruela del mono pueden tener al mismo tiempo varicela, una infección no relacionada que también provoca erupciones. Por tanto, un diagnóstico inicial de varicela (más fácil de detectar) no descarta la viruela.La comunicación eficaz y la lucha contra la desinformación y las reacciones contrarias a las medidas de salud pública también son fundamentales. Ya vimos lo importante que fue durante la pandemia de COVID-19.Ahora, la OMS coordinará la respuesta mundial al mpox, centrándose en la equidad en la prevención de la enfermedad y el acceso al diagnóstico y las vacunas. Depende de cada país hacer todo lo posible para cumplir el Reglamento Sanitario Internacional y los protocolos sobre cómo se gestiona una emergencia mundial de este tipo.

De qué se trata la "viruela del mono" y por qué fue declarada una alerta mundial

La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner declaró como testigo ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 en la causa en la que se investiga el intento de asesinato en su contra que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022.En su exposición, la ex mandataria volvió a insistir con su hipótesis de que no están siendo juzgados los autores intelectuales del intento de magnicidio.InvestigaciónLa instrucción de la causa la llevó a cabo el Juzgado Federal N° 5, a cargo de María Eugenia Capuchetti. La noche del intento de homicidio fue detenido Fernando Sabag Montiel, identificado como la persona que intentó dispararle a la ex presidenta. Dos semanas después fue procesado con prisión preventiva y al día de hoy continúa detenido. El mismo día fue procesada con prisión preventiva su novia, Brenda Uliarte. A los 2 se los procesó por tentativa de homicidio calificado, en calidad de coautores y otros delitos menores.También fueron procesados con prisión preventiva como partícipes secundarios del mismo delito Nicolás Carrizo y Agustina Díaz. Carrizo es el líder de este grupo de supuestos vendedores de algodones de azúcar y, según consta en la investigación, en la planificación del atentado él aportó un arma, que luego no fue utilizada. Díaz es la amiga de Uliarte que, tras el atentado, le recomendó borrar toda la información de su teléfono celular.A fines de octubre de 2022, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Uliarte y de Carrizo. En el caso de Sabag Montiel no lo hizo, ya que su procesamiento no fue apelado. Respecto de Díaz, la Sala I dispuso revocar su procesamiento, dictó la falta de mérito y ordenó su liberación.ExpedienteEl fiscal federal Carlos Rívolo, en el dictamen en el que solicita la elevación a juicio de los imputados, describió que el hecho ocurrió el 1º de septiembre a las 21 horas, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay (Ciudad de Buenos Aires), mientras Fernández de Kirchner saludaba a las personas que se encontraban en el lugar.Sabag Montiel -señala Rívolo-, “aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84 con la numeración 25037 en el lateral izquierdo del cañón, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con 5 cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos”.Y agrega: “Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”. Sobre el tercer acusado, señaló: “Carrizo intervino de forma activa en la planificación del suceso, habiendo aportado para su realización un arma de fuego tipo pistola calibre .22 corto, la cual finalmente no fue la empleada para concretar el delito planificado”.Tras el dictamen de Rívolo, Capuchetti elevó a juicio oral a los 3 acusados en junio de 2023. A Sabag Montiel como autor, a Uliarte en condición de partícipe necesaria y a Carrizo, partícipe secundario.DeclaracionesUn año después de la elevación a juicio por parte de Capuchetti, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 6 dio inicio al proceso. El primero en prestar declaración indagatoria ante el tribunal fue Sabag Montiel. “Yo la quería matar a Cristina y Brenda Uliarte quería que muriera”, señaló y negó que Carrizo conociera sus intenciones. Además, indicó que Uliarte lo acompañó y lo motivó y que juntos decidieron la ejecución del atentado: “[Ella] No estaba segura de lo que yo podía llegar a hacer”.Sobre sus motivaciones, describió a la ex presidenta como una “una ladrona y una asesina”, explicó que él tenía problemas económicos y los vinculó a su decisión de ejecutar el atentado: “Me vi humillado. Tenía un buen pasar económico y pase a ser un vendedor de copitos”.Una semana después, fue el turno de Uliarte, quien contestó algunas preguntas pero luego se arrepintió y dijo no estar “en condiciones” de declarar. Carrizo, el jefe de “los copitos”, dijo que se enteró del atentado por televisión y &nbsp;que nunca tuvo un arma en su poder. “Me metí en este quilombo por una joda y no puedo creer que esté preso”, dijo.En su declaración como testigo y querellante ante el TOF Nº 6, la ex presidenta apuntó contra el fiscal federal de la causa Vialidad (en la que fue condenada), Diego Luciani, quien “contribuyó a la violencia política. Tuvo prime-time durante 22 días cuando acusó de corrupción, no a mí, al peronismo. Eso motivó manifestaciones en la puerta de mi casa que finalmente concluyó con el tiro fallido, con la bala que no salió”, señaló.Además, defendió a su custodia. “Yo no manejo la custodia, no les tomo lista. El jefe de mi custodia es el mismo. Actuaron de la manera que actuaron siempre. Cuidándome, con las instrucciones de que no se pusieran en el medio de la gente y yo. No había forma de impedirlo. No sé el número de custodios que tengo. Me sigo acercando a la gente, más allá de que ellos no quieren. Pero el custodio hace lo que el custodiado le dice que haga”.Por otro lado, en varias ocasiones se refirió a un tema que fue su principal reclamo durante la instrucción de este expediente. “Sería muy ingenuo considerar que las 3 personas que están sentadas ahí (por Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo) fueron los que idearon esto. Son los autores materiales”.En distintas instancias, Fernández de Kirchner señaló que debía investigarse a los autores intelectuales y a los financiadores del atentado. Incluyó en este reclamo al posible vínculo de los atacantes con la agrupación Revolución Federal, cuyos integrantes “llevaron a cabo un esquema delictivo que diseñaron para imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza y el temor”, según señaló el fiscal federal Gerardo Pollicita en un dictamen de octubre de 2022 en el marco de una expediente que investiga a los miembros de esta organización.La defensa de la ex presidenta solicitó la conexidad de esta causa con la de su atentado, pero esto fue rechazado por Capuchetti y sus superiores.En su declaración, Fernández de Kirchner también se refirió a Gerardo Milman, quien fue funcionario del Ministerio de Seguridad en la gestión de Cambiemos.Durante la instrucción declaró como testigo Jorge Abello, por entonces asesor de Unión por la Patria en la Cámara baja, quien declaró haber visto a Milman el 30 de agosto de 2022 (2 días antes del atentado) en el bar Casablanca, donde presuntamente le habría dicho a 2 mujeres “cuando la maten voy a estar camino a la Costa” atlántica. “Es como un Nostradamus contemporáneo”, dijo la ex mandataria ante el tribunal.La Justicia probó que Milman estuvo ese día en ese bar y que viajó a la Costa, pero no que haya dicho lo que le atribuye el entonces asesor legislativo de Unión por la Patria.

Cuáles son las claves para entender el juicio por el atentado contra Cristina Kirchner

La inteligencia artificial avanza a pasos agigantados y se mete de lleno en nuestro día a día. Esta semana, el Ministerio de Seguridad -a cargo de Patricia Bullrich- publicó una resolución en el Boletín Oficial que habilita la creación de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) para prevenir, detectar e investigar delitos con esa tecnología. En mayo último ya se había habilitado, mediante otra resolución, el ciberpatrullaje de fuerzas de seguridad.DisposiciónEl 27 de mayo último, el Ministerio de Seguridad habilitó, mediante la Resolución N° 428/2024, a las fuerzas policiales y de seguridad federales a desarrollar “labores preventivas” en el espacio cibernético.Un mes después, se creó -mediante la Resolución N° 710/2024– la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad (UIAAS) que tiene como misión la “prevención, detección, investigación y persecución del delito y sus conexiones mediante la utilización de la inteligencia artificial”.Según la normativa, la Unidad estará encabezada por la Dirección de Ciberdelito y Asuntos Cibernéticos, a cargo de Santiago González Bellengeri, e integrada por las fuerzas policiales y de seguridad federales.En su artículo 4, se establece que algunas de las funciones de la UIAAS serán “patrullar las redes sociales abiertas, aplicaciones y sitios de internet”, y “analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real a fin de detectar actividades sospechosas o identificar personas buscadas utilizando reconocimiento fácil”.Además, será de su competencia “utilizar algoritmos de aprendizaje automático a fin de analizar datos históricos de crímenes y de ese modo predecir futuros delitos y ayudar a prevenirlos” y “analizar actividades en redes sociales para detectar amenazas potenciales, identificar movimientos de grupos delictivos o prever disturbios”, entre otras funciones.Bellengeri explicó al diario La Nación que aún no está definido el software que se utilizará ni tampoco los analistas que conformarán el equipo. “La realidad es que en este momento estamos empezando a ver las alternativas, las soluciones, generar protocolos, recién está naciendo”, dijo.Según cita la resolución, “países como Estados Unidos de América, China, Reino Unido, Israel, Francia, Singapur, India, entre otros, son pioneros en la utilización de la inteligencia artificial en sus áreas de gobierno y fuerzas de seguridad”, y la utilizan en tareas como “análisis de video y reconocimiento facial, predicción de crímenes, ciberseguridad y detección de fraude”.Para Jorge Litvin, abogado especialista en Cibercrimen y Ciberseguridad, no es nada nuevo esto del uso de la inteligencia artificial.“Ahora es tema por la inteligencia artificial generativa, pero todo lo que no es generativa ya existe desde antes, y hace mucho que se viene usando para la prevención, investigación y judicialización de la delincuencia. En Estados Unidos y en Asia, por ejemplo, podés ver robots policías que patrullan y tienen inteligencia artificial, que pueden escanear rostros y patentes, se viene usando hace muchísimo”, sostuvo.Qué es el ciberpatrullajeSe suele llamar ciberpatrullaje al monitoreo sobre información pública que circula en las redes sociales para prevenir delitos. “Cuando hablamos de ciberpatrullaje nos referimos a inteligencia de fuentes abiertas, procedimientos de hacer investigación sobre espacios en los cuales las personas participan de manera abierta sin que haya que forzar ninguna clave ni medidas de privacidad”, explicó Beatriz Busaniche, magíster en Propiedad Intelectual y presidenta de la Fundación Vía Libre.Bellengeri señaló que la función “no será investigar las redes de los ciudadanos. El ciberpatrullaje es igual al patrullaje de un oficial en la vía pública. No entra en los perfiles o busca información en particular de un perfil. No es inteligencia sobre las personas. Es investigación. Se busca el delito, no la persona”.El funcionario dio un ejemplo: “En algún grupo aparece un comentario donde dice que se vende droga. En ese caso, se judicializa el hecho. Después la Justicia pedirá información sobre eso. No se buscarán datos sin una orden judicial”.El ciberpatrullaje no es nuevo. Como contamos en esta nota, ocurrió también durante el gobierno de Alberto Fernández (Frente de Todos), cuando su ministra Sabina Frederic aplicó un protocolo durante la pandemia.EspecialistasLa medida generó apoyo y críticas entre los especialistas. Litvin calificó de “positivo” el hecho de comenzar a utilizar inteligencia artificial en el monitoreo y prevención criminal.“El Estado está intentando modernizar tecnologías que están muy oxidadas, en pos de mitigar el impacto de la delincuencia. No podemos seguir combatiendo la delincuencia moderna con métodos de otra época. Con el monitoreo se va a buscar detectar indicios o patrones que alerten sobre un posible comportamiento ilícito, no es que va a haber policía o autoridades leyendo todos los chats de la gente”, sostuvo.Y agregó: “Se va a entrenar la herramienta para que determinadas palabras o imágenes sean detectadas y, gracias a eso, lo que se taguee como sospechoso, un humano lo revise y lo siga profundizando. Después entramos en la discusión de cómo y quién va a entrenar la herramienta. Esa es otra discusión que no conocemos, qué tan bien la usarán”.Por su parte, Martín Becerra, investigador del Conicet y director del Centro en Industrias Culturales y Espacio Público de la Universidad Nacional de Quilmes, señaló, en una nota de análisis en El DiarioAr, que la resolución del Gobierno nacional es imprecisa “respecto del alcance de las tareas encomendadas a la Unidad, que depende de la Unidad Gabinete de Asesores de la ministra”.Y agregó: “Predecir comportamientos futuros, sentenciándolos como delictivos en base a criterios de programación algorítmica, es una atribución desproporcionada que el gobierno argentino se arroga sin advertir la contradicción con la protección de los derechos humanos que compromete al Estado, al menos en sus normas legales”.En la misma línea, Busaniche apuntó contra los sesgos que puede generar la inteligencia artificial. “Los sistemas de inteligencia artificial funcionan de forma probabilística con márgenes de error variables y conllevan fuertes sesgos que suponen casos de discriminación contra poblaciones históricamente vulneradas”, dijo.Lucía Camacho, consultora del Centro de Estudios en Libertad de Expresión (CELE), que depende de la Universidad de Palermo, destacó que la norma publicada es discrecional, en cuanto a qué considera “público” y “abierto” en internet, y “enlista crímenes que no entran en la categoría de cibercrímenes”.Al englobar todo en la categoría de cibercrimen, “la persecución de los cibercrímenes facilita al Estado el despliegue de ciertos poderes de investigación así como de cooperación con otros países y terceros que, de tratarse de otros crímenes convencionales, no tendría a su disposición al menos de manera tan expedita”, analizó Camacho.Busaniche advirtió también sobre la privacidad de los datos: “Más allá de que las opiniones volcadas en una red social sean públicas, las personas tienen un derecho a la privacidad, la protección de sus datos personales y la preservación de su autodeterminación informativa. En resumen, que algo sea público no habilita la recolección, el procesamiento y el uso de estos datos para el entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial ni mucho menos el perfilamiento, especialmente cuando se trata de datos personales protegidos en Argentina con el más alto nivel constitucional”.

Qué dispuso el gobierno de Milei sobre ciberpatrullaje e inteligencia artificial

En los primeros 6 meses de gestión, el gobierno nacional dirigido por Javier Milei (La Libertad Avanza) redujo la plantilla de empleados públicos. Según un informe publicado el 31 de julio por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la dotación total de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado disminuyó en 28.138 empleados entre el 31 de diciembre de 2023 y el 30 de junio de 2024.Cada mes, el Indec publica la dotación de personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades al 30 o 31 del mes anterior. Como se puede ver en el cuadro de Chequeado donde se reunen los datos del informe, los empleados pasaron de ser 341.473 el último día de diciembre a 313.335 el último día de junio. Esto es una reducción del 8,2%.El último informe señala: “El universo de entidades informantes de junio pasó de 137 a 136 ya que la Jefatura de Gabinete de Ministros absorbió el ex Ministerio del Interior (Decreto 484/2024)”. Además, indica que “en junio de 2024, 12 entidades no han informado su dotación (4 organismos descentralizados, 2 desconcentrados y 6 empresas y sociedades), por lo que su valor ha sido imputado”.Administración centralizada La dotación de personal significa “todo el personal que se desempeña en una institución realizando tareas propias de esta o vinculadas a su administración, cualquiera sea su fuente de financiamiento, posea o no con ella una relación laboral directa”.Esas personas trabajan en la administración central (Presidencia y los 7 ministerios, ya que aún no había sido creado el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado), en la administración descentralizada (por ejemplo el Conicet, la AFIP, Senasa, entre otros), o en la administración desconcentrada (unidades organizativas dotadas de cierto grado de autonomía técnica, funcional o administrativa como el mismo Indec o el Estado Mayor Conjunto del Ejército).Los otros entes son organizaciones estatales no empresariales con autarquía financiera y personalidad jurídica propia, como es el caso del PAMI y el Incaa (Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales).La reducción se observa en todas las categorías de la estructura organizativa del Estado. La administración pública nacional experimentó una reducción de 18.540 empleados, pasando de 231.305 a 212.765 trabajadores.Dentro de esta categoría, la administración centralizada sufrió la mayor disminución con 8.976 empleados menos (16,38%), seguida por la administración descentralizada con una reducción de 8.585 empleados (6,29%). La administración desconcentrada perdió 683 puestos de trabajo (2,78%), mientras que la categoría de otros entes tuvo la menor disminución, con 296 empleados menos (1,92%).El informe también menciona al personal de la categoría “Empresas y sociedades del Estado”, que incluye no sólo a las mencionadas, sino también a sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades de economía mixta y “todas aquellas otras organizaciones empresariales donde el Estado nacional tenga participación mayoritaria en el capital o en la formación de las decisiones societarias”.Entre ellas las que más personal tienen son: la Operadora Ferroviaria SE, Banco de la Nación Argentina, Correo Oficial de la República Argentina SA, Aerolíneas Argentinas SA, y AYSA.El sector de empresas y sociedades tuvo una reducción de 9.598 empleados, pasando de 110.168 a 100.570 trabajadores, lo que representa una disminución del 8,71%.Abril 2024: el mes con mayor recorte El Cuadro 1 del informe del Indec muestra la evolución mensual de la dotación total estimada por estructura organizativa. En enero de 2024, la dotación total era de 333.784 empleados. Para febrero, se redujo a 332.603, una disminución de 1.181. Marzo registró una reducción adicional de 2.465, bajando a 330.138 empleados.Abril mostró la disminución más significativa, con un recorte de 7.888, llegando a 322.250 empleados. En mayo, la reducción continuó hasta 316.255 empleados, 5.995 menos que el mes anterior. Finalmente, en junio, la dotación total llegó a 313.335 empleados, una disminución de 2.920.Según el informe, “se informa la variación para todas las entidades, aún para aquellas que tienen datos imputados para este mes o para el mes anterior. De este modo se presenta siempre la variación porcentual, quedando señalado con el signo convencional (i) tanto la entidad con dato imputado, como la estructura administrativa de la cual depende.”MillonesLa Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya destinó $4.743 millones al pago de indemnizaciones por despidos y contratos suspendidos entre diciembre y mayo. Se trata de una de las dependencias que más recortes de personal hizo.El dato surge de un pedido de acceso a la información pública de Infobae. Dicho monto se debe a 1.241 despidos. El Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares Para el Personal de la Industria (Secasfpi) informó que se cerraron más de 60 oficinas en todo el país.Según la última modificación presupuestaria, y en base al análisis de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), la Anses cuenta con un presupuesto anual de $41 billones, de los cuales $711 mil millones se destinarán a los salarios de sus casi 12.500 empleados.Pero la Anses no fue el único organismo que tuvo un gasto importante en indemnizaciones tanto por despidos como por suspensión de contratos.En Trenes Argentinos (Operadora Ferroviaria S.E.), empresa que quedó sujeta a privatización con la Ley Bases, hubo 179 bajas y el monto erogado por indemnizaciones fue de $752.638.162. Le sigue Enargas con 102 despidos y $615.969.767 gastados. El cierre del Inadi, anunciado en febrero, implicó 175 despidos y un costo total en compensaciones de $139.645.196. En menor medida, en el Conicet se gastaron $69.468.232 en indemnizaciones por 101 despidos, seguido por el Ente Nacional Regulador de Energía (ENRE), donde hubo 14 desvinculaciones que costaron 22.671.261 de pesos.En el caso de Aerolíneas Argentinas, el Gobierno transfirió $58.732 millones a la empresa para cubrir gastos por despidos y retiros voluntarios. Entre diciembre y mayo abandonaron la empresa 438 empleados, según el Indec, y se prevé la baja de 500 más como mínimo en el Plan de Retiro Gratificado abierto hasta el 2 de agosto.De todos los ministerios, el de Seguridad fue el único que efectuó despidos que implicaron indemnizaciones: hubo 241 bajas y se gastaron $320 millones.Cabe destacar que en el Estado hay una gran cantidad de empleados con contratos temporarios, que no generan indemnización si se vencen y no se renuevan. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai), donde no se renovaron 46 contratos; en las dependencias de la Jefatura de Gabinete (363 no renovaciones), en Senasa (116), los Ministerios de Defensa (94), Justicia (73) y Salud (842); la Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación Argentina -Sedronar- (30), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (172) y el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales -Incaa- (210), entre otros.También, en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se inició en marzo un proceso de intimación jubilatoria a 217 trabajadores.Según el último relevamiento del Indec de la dotación de personal de la Administración Pública Nacional, empresas y sociedades; se desvincularon 25.218 empleados entre diciembre y mayo, reduciendo la plantilla a 316.255.El presidente Javier Milei ya adelantó que busca recortar 50.000 trabajadores más de la nómina estatal. “El ‘afuera’ significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y se redujo toda la estructura del Estado a la mitad. Eso no fue gratis porque echamos gente. En materia de contrato vamos a terminar echando 75.000 personas. Ya llevamos 25.000 en lo que va del año”, dijo en el Latam Economic Forum.

Instruyendo al Ciudadano