Fuerte contrapunto entre Anses y la Asociación de Abogados por la Reparación Histórica

La polémica entre el titular de la UDAI Tandil de Anses y el presidente de la Asociación de Abogados local respecto a los honorarios de los profesionales de la reparación histórica sumó un nuevo capítulo.

Esta vez, la entidad que nuclea a los letrados de la ciudad elevó una nota al jefe de la Regional Bonaerense I del organismo previsional, Mariano Pereyra Iraola, para solicitarle que intervenga frente a una situación que imposibilita el desempeño de la labor profesional.

Las acusaciones apuntaron directamente contra el responsable de la UDAI de Anses, Cristian Salvi, con quien la semana pasada hubo un acercamiento tendiente a resolver las diferencias.

Ayer por la tarde, y ante el escenario desatado, Salvi difundió un comunicado por medio del cual objetó los planteos y transmitió el procedimiento aplicado tendiente a informar a los beneficiarios sobre los alcances del programa en torno a los honorarios del abogado contratado.

En concreto, el Ejecutivo nacional fijó por decreto un monto de 1.146 pesos para la realización de los trabajos profesionales necesarios para participar del programa, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del acuerdo.

 

El planteo de

los abogados

 

La nota que firmó Argeri y presentó ayer en la Regional tuvo por objetivo solicitarle a Pereyra Iraola que “arbitre los medios pertinentes para hacer cesar el hostigamiento, persecución y malestar para con los abogados que se genera en la UDAI Tandil, a cargo del doctor Cristian Salvi, en forma inmediata y en carácter de urgente”.

La medida se requirió en virtud de las denuncias realizadas por “numerosos asociados” de la entidad que dan cuenta de un accionar “hostil, confrontativo, despectivo y violatorio del decoro que impone al trato que debe brindarse a los abogados en el ejercicio de su función”.

En la nota, Argeri relató que los hechos denunciados se remontan al día de la asunción de Salvi y que se fueron acrecentando hasta la actualidad, en una situación que calificaron de “insostenible” y que conlleva a una “imposibilidad en la práctica del desempeño de la labor profesional como es debido”.

A modo de ejemplo, citó que Salvi en “reiteradas ocasiones ha menospreciado la profesión del abogado” en relación al programa Reparación Histórica “vertiendo manifestaciones tales como ‘lo único que tienen que hacer es poner la huella digital’; ‘no tienen que asesorar nada porque es un contrato de adhesión’, entre otras”.

El presidente de la Asociación de Abogados precisó que el “punto cumbre” del conflicto se da cuando el titular de la UDAI mantiene entrevistas con el beneficiario y su asesor letrado.

“Si el adulto mayor ratifica estar plenamente conforme con el abogado por él elegido originalmente, el doctor Salvi en persona y/o su empleado subalterno, comienzan nuevamente con el mismo interrogatorio hasta que en general el letrado elegido por el beneficiario que se encuentra en una posición indignante escuchando semejante indebido e indecoroso accionar, no detenta otra alternativa más que reaccionar airadamente denunciando el atropello vejatorio para con la profesión jurídica, dejándose constancia que estos entredichos, a todas luces innecesarios, provocan situaciones de extremo estrés no solo en el letrado actuante y al personal de Anses que se ve involucrado por orden del doctor Salvi, sino fundamentalmente el adulto mayor que se presencia toda esta discusión y es partícipe del interrogatorio”, graficó.

También criticó en el documento que desde la UDAI Tandil “se direcciona a los adultos mayores a determinados estudios de abogados”, y citó que “se nos ha hecho saber incluso por el propio doctor Salvi que ha distribuido en determinados centros de jubilados de Tandil un listado de abogados de la localidad de Olavarría” para que “direccionen a los adultos mayores a efectos que consulten con dichos profesionales”.

“Esta situación no puede ni debe tolerarse”, enfatizó y remarcó que, en las casi seis décadas de la asociación “en ningún momento la intolerancia y el actuar indebido de un funcionario ha sido tal que nos veamos en la dolorosa obligación de solicitar se arbitren los medios necesarios para cesar el actuar indebido denunciado”.

Sobre el final de la nota, Argeri expuso que “no se puede permitir la intromisión” de Anses “en la relación cliente abogado”.

Y finalmente le advirtió a la máxima autoridad del organismo a nivel regional que “de no obtener en forma urgente una respuesta satisfactoria, nos veremos obligados a adoptar otras medidas, tales como acciones con otros sectores sociales, presentaciones ante el Colegio Departamental y provincial y/o judiciales”.

 

La respuesta de Anses

En medio de la polémica, la respuesta de las autoridades del organismo previsional no tardó en llegar.

En un comunicado, el titular de la oficina de Chacabuco y Pinto, Cristian Salvi, objetó el planteo y aseguró que “no son ciertas las afirmaciones vertidas” en la nota presentada por la entidad, al señalar que “en ningún caso la administración ha entorpecido la labor profesional de los señores letrados, que merece la más alta estima y respeto por parte de las autoridades de Anses y de todo el equipo de trabajo de la UDAI”.

Aclaró que, sobre la base de “sucesivas quejas y denuncias” que recibieron en la dependencia de beneficiarios “acerca de abogados que reclaman sumas dinerarias en concepto de aranceles profesionales que no fueron concertados, se ha adoptado una práctica informativa dirigida a garantizar los derechos previstos en el artículo 42 de la Constitución Nacional”.

En tal sentido “se instruyó que en ocasión que se presente una persona junto a su abogado para la suscripción del acuerdo del procedimiento general del programa de Reparación Histórica se lleve a cabo el siguiente procedimiento informativo: indicar que dentro del edificio de la UDAI no se llevan a cabo firmas de acuerdos en soporte papel, pues el acuerdo en todos sus términos se suscribe con la huella del beneficiario y su abogado; para asegurar el derecho de información deberá leerle o hacerle leer al beneficiario el siguiente pasaje del considerando 15to. del Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 894/2016, reglamentario de la Ley 27.260 de reparación histórica: ‘…fin de evitar mayores gastos para los jubilados, corresponde que la Anses se haga cargo de los honorarios de los abogados de aquellos, que comprende todos los trabajos profesionales necesarios para participar del programa, desde el asesoramiento inicial, hasta el cumplimiento del acuerdo’.

Y por último, Salvi señaló que Anses informa esta situación para garantizar a las personas el pleno conocimiento de sus derechos, en particular, lo previsto por el decreto del Presidente por el cual se pretende que el beneficiario no tenga gasto alguno por ingresar al programa de Reparación Histórica.

Comunicado ANSES 24-02-2017 – Nota abogados de Tandil.pdf

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