Avanza la causa por los terrenos de Villa Cordobita

El conflicto por la ocupación de cuatro lotes ubicados en Arlt y Paraguay, en el barrio Villa Cordobita, que derivó en un intento frustrado de desalojo hacia finales del año pasado, disparó un debate en torno a la tierra. Esa situación, y luego de detectar la existencia de una serie de irregularidades, llevó a los ex dirigentes de la Corriente Clasista y Combativa a presentar una denuncia por presunta “Asociación ilícita y tráfico de influencias” que involucra a funcionarios municipales, judiciales y abogados.

Mientras continúan las exposiciones públicas de Griselda Altamirano y Jorge Lezica (ahora integrantes del Movimiento Primero de Octubre) en torno a los lotes que pertenecían a la firma Tandilia SA, la instrucción que tramita en la UFI 5 de Olavarría avanza conforme pasan los días.

La causa llegó a la fiscalía que dirige Martín Pizzolo luego de la designación que realizó la Fiscalía General de Azul, ante la decisión de que no recayera en Tandil, debido a que había referencia a funcionarios locales.

Tras varios meses, el expediente hasta el momento cuenta con los testimonios que se han ido logrando. “La causa está en movimiento”, confirmaron fuentes judiciales consultadas por este Diario.

 

Detalles de la

instrucción

 

La instrucción se basa, según la denuncia, en la existencia de una suerte de maniobra mediante la cual se adquirirían terrenos ubicados en esa zona de la ciudad para lo cual se haría uso del conocimiento de los datos para su posterior transferencia.

En un primer acercamiento la denunciante, Altamirano, fue citada a la fiscalía para aclarar algunos conceptos relacionados con la presentación y ofreció una serie de testigos, que fueron convocados para prestar declaración testimonial.

Del grupo sugerido, hace unos 15 días acudieron los últimos dos y aún restan otros más para completar la lista de nombres.

Para seguir un orden investigativo se citó primero a la gente propuesta, que tenía supuesto conocimiento de los hechos denunciados, que permitirá a los funcionarios judiciales contar con más elementos. Después avanzará sobre otras diligencias tendientes a establecer la veracidad de los planteos expuestos.

En ese sentido se indicó que, dada la dificultad operativa que presenta la distancia entre Olavarría y Tandil, la causa demandará la necesidad de trasladar al personal de la fiscalía para realizar diligencias en la ciudad.

El objetivo, según pudo saber este Diario, es completar ese punto “pendiente” antes del inicio de la feria judicial para evitar una dilación en el proceso. En principio se estima que solicitarán un espacio para el desarrollo de las tareas en la sede del Poder Judicial local.

De la documentación presentada, luego corresponde oficiar a los organismos correspondientes y una vez que se cuente con el material probatorio necesario se evaluará la eventual imputación.

Sin mayores detalles, se dijo que la denuncia, que presenta varias aristas, abre aún más el abanico de posibilidades e incluso de nuevas investigaciones, y la necesidad de ampliar la citación de testigos que puedan hacer su aporte.

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