Defensa difundió las ?listas negras? de personalidades elaboradas por la dictadura militar

En las “listas negras” las personalidades figuran clasificadas según su grado de relación con el marxismo en cuatro fórmulas, siendo la número 1 la más inofensiva a los ojos de la dictadura y la 4, la más peligrosa y cuyos integrantes, por lo tanto, debían ser marginados a la hora de otorgarles un empleo, una beca o una promoción laboral, entre otros beneficios.

En la fórmula 4 quienes registran “antecedentes ideológicos marxistas que hacen aconsejable su no ingreso y/o permanencia en la administración pública” y que “no se le proporcione colaboración”, figuran, entre otros, los actores Alfredo Alcón, Norma Aleandro, Héctor Alterio, Marta Bianchi, Luis Brandoni, Norman Brisky, Leonardo Favio, Alberto Fernández de Rosa, Nacha Guevara, Virginia Lago, Lydia Lamaison, Víctor Laplace, Federico Luppi e Irma Roig.

También, los periodistas Osvaldo Bayer, Rogelio García Lupo, Jacobo Timerman, Juan Gelman y Francisco Urondo, y los escritores Julio Cortázar, Roberto “Tito” Cossa, Hamlet Lima-Quintana, Tomás Eloy Martínez, Dalmiro Sáenz, Armando Tejada-Gómez y David Viñas.

En la “lista negra” también figuran el cineasta (hoy diputado y senador electo) Fernando “Pino” Solanas y los músicos Horacio Guarany, Carlos Guastavino, Víctor Heredia, César Isella, Marilina Ross, Mercedes Sosa, Atahualpa Yupanqui y María Elena Walsh.

“Las sucesivas Juntas Militares se encargaron, desde 1976, de llevar adelante la confección de estas listas. Para ello crearon un organismo destinado a coordinar la tarea: el Equipo Compatibilizador Interfuerzas (ECI) donde confluían representantes de la Secretaría de Información Pública (SIP), la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) y de cada una de las tres armas”, dice el informe del Ministerio de Defensa.

El ECI, agrega, “definía los criterios para calificar a las personas, armaba los listados a partir de las sugerencias de sus miembros, analizaba sus permanentes actualizaciones, decidía quién entraba y salía del máximo nivel de prohibición”.

La cartera que comanda Agustín Rossi señala que “es falso que estas `listas negras` hayan tenido solamente incidencia en la contratación dentro de organismos estatales”, porque “ningún medio de comunicación privado se animaba a contratar a alguien señalado como `Fórmula 4` por la dictadura”.

Los listados incluyen el nombre completo (si es nombre artístico se aclara cuál es el verdadero), el número de DNI y la profesión: locutores, pintores, escritores, periodistas, concertistas, actrices y actores, directores teatrales, abogados, profesores de bellas artes, docentes, músicos, escultores, críticos de arte, guionistas, publicistas, escenógrafos, compositores, cineastas, dibujantes, titiriteros, médicos pediatras y psicólogos.

En el segundo listado, actualizado al 31 de enero de 1980, hay 331 nombres que estaban bajo la calificación de “Fórmula 4” y tiene un encabezado que brinda una serie de recomendaciones, entre las cuáles figura: “Deben ser incinerados”.

“La situación post-Malvinas cambió el escenario y fue necesario un replanteo en el manejo de las “listas negras”. Una nota de la SIP fechada el 21 de septiembre de 1982 hecha luz sobre la situación y destaca la directiva del gobierno de `marcar una transición hacia la vida institucional plena del país`. Por ello, propone `evitar medidas y actitudes oficiales que atenten contra esa imagen en el campo de la comunicación`”, apunta Defensa en su informe.

Agrega que “la hipótesis era abrir paso a un gobierno democrático a más tardar en marzo de 1984, por lo que la SIP recomienda `permitir trabajar en los medios de comunicación social administrados por el Estado` a los incluidos en listados como `Fórmula 4`”.

El lunes pasado Rossi anunció el hallazgo de documentación “original, ordenada y clasificada” de la última dictadura militar, entre la que se encontraban “280 actas secretas, listas negras de personas y aportes económicos”.

Uno de los principales registros encontrados son seis carpetas orginales con “todas las actas secretas” desde el golpe de Estado que derrocó a la por entonces presidenta, María Estela Martínez de Perón, hasta la asunción de Raúl Alfonsín.

Dentro de los “1500 biblioratos” se hallaba el trabajo realizado por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, órgano que sustituyó el rol del Congreso durante el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional.

A la vez, figuraban “documentos doctrinarios y planes a futuro” de la dictadura, tales como el “Plan General de Acción (Tentativo)” que establecía un “proceso constante de actualización del Proyecto Nacional” que llegaba hasta el año 2000. NA

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario