Distintas voces sostuvieron la inconstitucionalidad de la tasa de seguridad

A menos mes de la creación de la nueva Tasa de Seguridad, el debate que se dio en el Concejo Deliberante se trasladó a la comunidad. Nuevas voces en disidencia aparecieron tras la distribución de las facturas en los domicilios de la ciudad. En el mismo recinto, antes de levantar la mano a favor de esta iniciativa del oficialismo, el concejal del Frente Renovador Gustavo Ballent advirtió que algún vecino podría plantear la inconstitucionalidad de la sobretasa, argumento que se reeditó esta semana.
En principio, el dirigente del mismo espacio Raúl Escudero disparó que “esa tasa tiene menos vida… Es inconstitucional”. En diálogo con “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), adelantó que “hay un movimiento en Tandil que va a recurrir a la Justicia por el aumento de las tasas y por la tasa de seguridad que es plenamente inconstitucional”.
Con cierto halo de misterio, el mutualista confió que dos personas le contaron que lo estaban estudiando, pero que aguardarán que termine la feria judicial. “El Municipio de Tandil va a encontrar un revés en la Justicia”, vaticinó.
Y evaluó que “hay algo muy claro, la Constitución de la Provincia de Buenos Aires dice de quién es la responsabilidad no sólo de ejercerla sino de asistir con fondos en el tema de seguridad. La Ley Orgánica de las Municipalidades tampoco lo prevé, entonces porqué el Municipio tiene que incorporar una tasa de seguridad para algo que ya está destinado o tiene recursos asignados. Los bonaerenses pagamos determinados impuestos; estamos haciendo una doble imposición”.
Por otra parte, admitió que el Frente Renovador no debería haber acompañado la creación de esta tasa. “Había un compromiso con Beatriz (Fernández, concejal) sobre el tema de la inseguridad y algunas cosas que se habían hecho. Creo que fue un error, tampoco se dieron los tiempos y las situaciones como para discutirlo demasiado. Eso lo reconozco y cuando hay equivocaciones, hay que reconocerlas con sinceridad, no hay que andar buscando argumentos”, se sinceró.

El campo a
la espera

Por otra parte, desde la filial local de la Federación Agraria Argentina le confirmaron a El Eco de Tandil que le acercaron a integrantes del Frente Renovador el fallo de la ciudad de Pringles donde se declaró inconstitucional una tasa para financiar la Patrulla Rural y les informaron de otro de la localidad de Salto.
Luis García, presidente de la filial tandilense, confió en que el Frente Renovador avanzará con el amparo. “Creo que van a hacer la presentación. En Pringles la hizo un ex concejal. Es muy probable que la tenga que hacer un abogado”, dijo.
“Es una presentación que la tiene que hacer un abogado, un particular no la puede hacer de ninguna manera”, insistió el dirigente del sector agropecuario y aseguró que la entidad cuenta con representantes legales pero “no están pensando en eso” y tampoco se ha planteado en la comisión directiva.
“Al haber jurisprudencia tanto en Pringles como en Salto de haber sido declarada inconstitucional es muy fácil, porque es la Corte Suprema de Justicia la que lo declara. Entonces, es muy fácil llegar al resultado final”, anticipó.
En cuanto a la contradicción que encierra la postura del concejal Gustavo Ballent que alzó la mano a favor de la tasa de seguridad, consideró que “la votaron por una causal muy puntual. Ellos habían pedido la creación de un ente de seguridad, entonces después no podían votar en contra”.

Una “picardía”
del Ejecutivo

Luis García sostuvo que este tributo fue una “picardía” del Ejecutivo, porque “primero aumentan las tasas y después aplican, sobre las tasas aumentadas, el 30 por ciento para la de seguridad. Tendrían que haber partido de decir en diciembre: ‘Señores, se terminó la plata en el Municipio, no tenemos para nada, a ver cómo pueden colaborar para que salgamos de acá’. Pero no creen dos subsecretarías nuevas, un montón de puestos políticos y nos pidan la plata para pagarles”.
Explicó que ya recibió las facturas en su domicilio. “Voy a pagar por mes lo mismo que a Nikro por la alarma de mi casa y la de mi hijo. Sumadas las cuatro partidas del campo, me dan lo mismo que por la red Nikro en dos casas en la ciudad”, comparó. También recalcó que si tiene un problema, la empresa privada responde, “cosa que no van a hacer desde el Municipio”.
“Que estén cobrando lo mismo que por un sistema de monitoreo de alarmas por prestarnos la seguridad que, supuestamente, nos prestan en el campo, donde pasan una vez a las perdidas o se quedan a dormir en la tranquera del campo con las luces prendidas durante toda la noche, los he visto; entonces me parece que es carísimo”, consideró.
Y evaluó que “si el servicio que nos prestan es bueno y evitamos todos los robos que puede haber en el campo, me parece perfecto, no digo nada y la pago; pero le estamos pagando a la Provincia que está enviando fondos para la seguridad. Es decir que tenemos una doble imposición, de la Provincia y del Municipio”.
Además, resaltó que “contribuimos cuando pagamos las vacunas de aftosa para el arreglo de las camionetas, volvemos a tener una doble imposición”. Al mismo tiempo, cuestionó el poco cuidado que le profesan a los vehículos, ya que las últimas Toyota que recibieron están destruidas cuando los productores conocen bien la durabilidad de las unidades cuando se las cuida.

“Salieron
muy blandos”

Al mismo tiempo, confirmó que mantuvieron un encuentro con integrantes de la Sociedad Rural, donde coincidieron al rechazar la nueva tasa. “Después de que se reunieron con Lunghi, ellos cambiaron un poco el discurso y salieron muy blandos. Sabemos que los están presionando las bases para que también se pongan firmes en esto porque es una locura”, afirmó García.
Sobre el cambio de actitud de la entidad, expresó que “cuando hay compromisos es muy difícil reclamar. Dentro de la Sociedad Rural funcionan Guías y Marcas que es municipal, Senasa, Funtala, Patrulla Rural y por todo eso cobran un alquiler que la mayoría son pagados por el Municipio. Entonces, es muy difícil poder protestar cuando no se tiene la absoluta libertad”. u
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Para Mauhourat, la acción judicial
depende de un ciudadano común

El abogado Ricardo Mauhourat, ex presidente de la Asociación de Abogados de Tandil y del Foro de Seguridad, explicó que “la facultad del Municipio de cobrar una tasa se corresponde con un servicio. Es decir, el Municipio da un servicio y tiene la posibilidad de cobrar o generar un decreto para cobrar una tasa por ese servicio que brinda. Eso es la pauta básica”.
En una entrevista con “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios), fundamentó que “en este caso, el Municipio el servicio de seguridad no lo brinda porque es responsabilidad de la Provincia. Lo dice la ley de creación de los foros de seguridad, que la seguridad es responsabilidad de la Provincia y aún de la Nación. Puede colaborar en este aspecto pero no es una facultad que le atañe a la Municipalidad, por ende no tiene la posibilidad de cobrar por ese servicio que lo brinda la Provincia y que obviamente, en sus impuestos ya lo cobra. Sería una doble imposición por un servicio que la Municipalidad no brinda”.
El letrado afirmó que desde ese punto de vista, el tributo “es inconstitucional” y advirtió que los fallos previos “ratifican la inconstitucionalidad de la norma que dictó el Municipio. No hay posibilidad de que pase esta tasa de seguridad un control de constitucionalidad, por lo menos con este criterio de la Corte provincial”.
Sin embargo, Mauhourat explicó que al no contar con la figura del defensor del pueblo, “ahora dependemos de las personas individuales que quieran hacer una acción judicial para atacar esta tasa”.
Reiteró que “dependemos de que un ciudadano haga una acción judicial planteando una inconstitucionalidad para obtener un fallo judicial que beneficiaría exclusivamente a ese ciudadano y no a todos los demás”.
Por eso, trajo a colación que “estas serían las cuestiones que, de existir, el defensor del pueblo podría controlar y atacar sin necesidad de que el ciudadano en forma individual recurra a la Justicia para plantear la inconstitucionalidad de una ley, cuando esa norma afecta a todos por igual”.
El letrado sostuvo que cualquier vecino con las boletas de la tasa de seguridad y los fallos se puede presentar ante un juez para plantear la inconstitucionalidad de la norma y pedir un amparo. La otra opción es interponer una demanda ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo de Azul pidiendo una medida cautelar donde no se obligue a pagar la tasa hasta tanto se resuelva la cuestión jurídica.
“Lo que pasa es que hay una cuestión económica en todo esto, al vecino le va a salir más barato pagar la tasa que ir a ver a un profesional que le haga el recurso de amparo. Insisto en que hay que generar una figura que proteja al ciudadano ante estas cuestiones”, dijo el letrado.

Las dos caras

Mauhourat admitió que en la jurisprudencia hubo “fallos divididos” con respecto a las tasas de seguridad de Pringles y Salto, y reparó en que “el derecho no es una ciencia exacta”.
En este sentido, marcó que “creo que el Municipio para justificar la razonabilidad de la norma pone el hecho de comprar cámaras para decir que está brindando un servicio. Ahora si me dice que va a comprar combustible para los patrulleros, eso no justifica la norma de ninguna forma”.
También recordó que la Policía Local es una repartición de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, no depende del Municipio, por lo cual no serviría para justificar el nuevo tributo.
Desde su óptica, lo más adecuado sería que el Concejo Deliberante revea la creación de la tasa y busque otra alternativa que “no sea sacarle el aporte al ciudadano, que ya bastante presión impositiva tiene. Mejor administremos los recursos de manera más eficiente que cargándolo al ciudadano que tiene su capacidad impositiva limitada. No es infinita la capacidad de aporte del ciudadano”.
Por último, reparó en que “esta figura del defensor del pueblo es obviamente algo que le generaría inconvenientes a la dirigencia política a cargo de la administración del Municipio. Esa es otra de las razones por la cual este tema se pone en la palestra, se baja y nunca avanzamos sobre esta figura”. u
Tranquilidad en el Ejecutivo

Ante el debate que se abrió esta semana, el subsecretario de Planificación y Comunicación Institucional del Municipio, Mauricio Acosta, sostuvo que en el Departamento Ejecutivo están “muy tranquilos” ante la posibilidad de que prolifere alguna presentación judicial en contra de la tasa de seguridad.
“Cualquier ciudadano tiene derecho a expresar su opinión o realizar presentaciones ante la Justicia. En un sistema democrático, justamente, lo que hay es la posibilidad de que toda persona pueda peticionar ante las autoridades y accionar legalmente cuando lo crea conveniente”, expresó en un tramo de una entrevista con “Dulce o amargo” (104.1 Tandil FM de El Eco Multimedios).
“Si la Justicia resuelve algo, el Municipio tiene argumentos. Ha sido una ordenanza sancionada por unanimidad (N.d.R.: el Frente para la Victoria no la acompañó) por el Concejo Deliberante y en el panorama provincial hay muchísimos municipios que la cobran que no han tenido ningún tipo de problema y otros en los que ha habido presentaciones judiciales. La situación es diversa y en materia legal siempre hay dos interpretaciones posibles para cada situación. En definitiva, será una cuestión que resuelva la Justicia y el Municipio expondrá oportunamente los argumentos claramente”, cerró. u

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