Ediles tienen su patrimonio en la web y se alcanzó un paso de la ordenanza Morando

Los concejales de las bancadas de la Unión Cívica Radical, el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista ya muestran su patrimonio financiero en el sitio oficial del Municipio de Tandil y, de ese modo, se alcanzó el primer objetivo de la ordenanza de transparencia en la administración pública elaborada por el edil radical, Gastón Morando, que luego fue reglamentada e implementada desde la Secretaría de Economía y Finanzas que conduce Matías Civale.
En su mayoría, los funcionarios del gobierno de Miguel Lunghi habían cumplimentado con ese trámite a principios de este año, paso que ahora dieron los legisladores del oficialismo y la oposición.
En algunos casos hasta con fotografías que los identifican, son 74 los funcionarios públicos que dieron a conocer su situación patrimonial, entre los concejales y los cargos ejecutivos de primera, segunda y tercera líneas.
Morando, elaboró en su momento el proyecto de ordenanza que permite desde 2008 el establecimiento de un régimen para la presentación de declaraciones juradas patrimoniales integrales de funcionarios públicos y Concejales, en coherencia con lo dispuesto por el Decreto-Ley Provincial Nº 9.624/80, la Ley Nacional de Etica en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y su Decreto Reglamentario Nº 164/99, modificado por el Decreto Nº 808/2000, y teniendo a la vista la Ordenanza Nº 6244/04 del Municipio de Morón . El régimen de declaraciones juradas patrimoniales integrales que se propone, prevé la obligatoriedad de presentarlas año a año, para los funcionarios del Departamento Ejecutivo desde Directores hasta el Intendente Municipal, incluyendo asimismo al Contador, Tesorero y Jefe de Compras, los Directores y funcionarios de ley del Organismo Descentralizado Hospital Municipal Ramón Santamarina, los Delegados de María Ignacia (Vela) y Gardey, los Directores y Síndicos designados por el Municipio en la Usina Popular y Municipal, los Jueces de Faltas y los Concejales, desde el momento de asunción del cargo y hasta el cese de sus funciones.
Desde el principio, la idea que fue aprobada por unanimidad en el Legislativo y reglamentada desde el Ejecutiva pretende ?avanzar decididamente hacia una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública y facilitar y potenciar los mecanismos de control, tanto los institucionales como los sociales?.
En el proyecto original se destacó que ?toda norma que establezca mecanismos de control más profundos en consistencia con el principio de ética en el ejercicio de la función pública, implicará por un lado, una señal de transparencia hacia la sociedad y por otro, el establecimiento de una complejidad y un obstáculo adicional para aquella minoría marginal que pudiera en el futuro sentirse eventualmente tentada a apartarse de la ética pública, principio rector que necesariamente debe estar presente en todo momento y en todo acto de un servidor público?.

Y también se señaló que ?se cree que contribuirá al menos indirectamente y de manera mediata – a otorgar mayor legitimidad en la representación polí­tica, mayor calidad y transparencia en la administración de la cosa pública, mayor credibilidad de las instituciones de la democracia local y, por consiguiente, resultará un mecanismo positivo en la consolidación de la institucionalidad?.
Entre los varios atenuantes considerados por la legislatura local, se explicó que ?el régimen que se plantea incluye la posibilidad de que los medios de comunicación y los ciudadanos en general consulten las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los representantes polí­ticos y funcionarios, con la excepción de determinados datos exentos de publicidad?.
En tanto se indicó que ahora se abre ?la factibilidad de realizar un análisis de la evolución patrimonial de los funcionarios, teniendo en cuenta la obligatoriedad de presentar las actualizaciones cada año?.

 

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