El FPV lamentó que el oficialismo rechace afectar recursos del Derecho a la Construcción a viviendas

Luego del tratamiento en comisiones, el radicalismo le adelantó al presidente del Bloque de Concejales del Frente para la Victoria Pablo Bossio que rechazará el proyecto destinado a crear el Fondo para la Vivienda Tandil, cuyo espíritu es afectar el 80 por ciento de lo recaudado por el Derecho a la Construcción a paliar el déficit habitacional de los sectores que no tienen acceso al crédito hipotecario.

La iniciativa fue tratada el martes último en una reunión ampliada de las comisiones de Hacienda e Interpretación y Asuntos Legales. “Lamentablemente, el bloque radical ya nos anticipó su voto no favorable a este proyecto”, dijo en diálogo con El Eco Multimedios antes de la sesión convocada para hoy a las 11.

En el primer artículo, el proyecto de ordenanza impulsado por el kirchnerismo local establece: “Créase el Fondo para la Vivienda Tandil destinado a financiar la construcción de la vivienda propia, única y de ocupación permanente de sectores poblacionales que no son sujetos de crédito hipotecario en el sistema crediticio actual”.

En segundo término, deroga el Fondo Municipal de Viviendas (Fo.Mu.Vi.) y transfiere sus ingresos a la nueva herramienta, pero además afecta “el 80 por ciento de los ingresos totales provenientes de Derechos de Construcción al Fondo para la Vivienda Tandil”.

Por último, propone que se articulen “los instrumentos de promoción y desarrollo establecidos en el Capítulo III y los instrumentos de intervención en el mercado de tierras establecidos en el Capítulo IV del Plan de Desarrollo Territorial (Ordenanza 9865/05) con el Fondo para la Vivienda Tandil instituido a los efectos de garantizar el cumplimiento de sus objetivos”.

 

El destino de los recursos

 

“Se trata de un proyecto, en síntesis, que afecta lo que recauda el Municipio en materia de Derechos de Construcción, que son sumas muy importantes. Este año van a ser casi 7 millones de pesos. Si lo comparamos con el año anterior eran 2,3 millones de pesos, lo que de alguna manera demuestra la dinámica que ha tenido la economía local en materia de construcción, porque los Derechos de Construcción es un porcentaje de lo que se cobra de los metros cuadrados cubiertos que se construyen”, explicó Bossio.

En este punto, marcó la “preponderancia” del Pro.Cre.Ar. en el aumento de la recaudación porque “ha habido muchas casas construidas bajo este programa que también han tributado esa tasa”.

El objetivo de fondo es dirigir el 80 por ciento de los recursos que genera esa tasa al desarrollo de viviendas destinadas a sectores que no califican al crédito bancario, pensando en aquellos que quedan afuera del programa nacional y que hoy no cuentan con una alternativa.

“Frente a un presupuesto de casi 600 millones de pesos; frente a este panorama de 7 millones en materia de Derecho de Construcción; 6 millones que se destinan a alquileres sociales que en gran parte tienen que ver con situaciones críticas y de conflicto que siempre van a surgir, independientemente del desarrollo de programas de viviendas existen frente a contingencias o situaciones familiares de violencia familiar o de órdenes de juzgados. Sabemos que hay una porción que se destina a eso, pero también hay una porción que se destina a una demanda habitacional que es permanente”, sostuvo el edil.

Y consideró que “cuando se demanda más municipalismo de parte de las autoridades municipales, una iniciativa interesante podría ser ésta, que es un tema que los vecinos constantemente nos plantean”.

 

“Una directriz”

En cuanto a los argumentos, el radicalismo, a través del presidente de la bancada Atilio Magnasco, “nos adelantó que no es competencia del Municipio desarrollar programas de viviendas y que por lo tanto no tienen como política de gobierno desarrollar viviendas a nivel municipal”.

Evaluó que “tienen una directriz” de dirigir los recursos a otras obras, al tiempo que destacó que el barrio “30 años de democracia” se financió con recursos provinciales.

Además, mencionó que la comuna destina poco más de 18 mil pesos a programas de viviendas, que es el dinero que se obtiene del pago de las cuotas por parte de los beneficiarios de las casas que han desarrollado los gobiernos nacional y provincial. “Es una suma que en realidad demuestra que no hay política habitacional a nivel municipal”, concluyó Bossio. 

 

Impulsan crear una comisión que defina el destino del Fondo Educativo

Por otro lado, en la sesión en que se trató el Presupuesto 2014 el Frente para la Victoria presentó otro proyecto para la creación de una comisión para el control, administración y distribución de los recursos provenientes de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, conocido como Fondo Educativo.

La propuesta contempla que el ente esté integrado por un representante del Departamento Ejecutivo, uno del Consejo Escolar, representantes de todos los bloques partidarios que integren la Comisión de Educación y Cultura del Concejo Deliberante, uno sindical, uno de la Jefatura Distrital de Educación y seis de establecimientos educativos públicos de la ciudad de los distintos niveles y ramas.

El objetivo tendrá “por objeto y función la discusión, el funcionamiento e implementación en el control, la administración y la distribución de los fondos provenientes de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, haciendo vinculantes para el Departamento Ejecutivo las decisiones allí tomadas respecto de la afectación definitiva de la totalidad de los recursos que el Municipio perciba en dicho concepto”.

 

Los argumentos

 

Durante el debate por el Presupuesto, el Frente para la Victoria remarcó que el Fondo Educativo recibirá este año más de 15 millones de pesos, con un “incremento considerable respecto de ejercicios anteriores”.

En tanto, informaron que la Ley 26.075 persigue la inclusión escolar. A modo de ejemplo, uno de sus objetivos es sumar al ciento por ciento de los chicos de 5 años en el jardín y la incorporación creciente de los de 4 y 3 años, priorizando los sectores sociales más desprotegidos. También promueve incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas y centros de formación profesional.

“El objeto general que se desprende del articulado de la mencionada Ley de Financiamiento Educativo es reforzar y complementar los esfuerzos financieros, técnicos y humanos hechos por los gobiernos provinciales y municipales y no su sustitución”, mencionaron los ediles en los considerandos.

Por este motivo, impulsaron esta comisión “para resolver y decidir el destino de los fondos” a partir de la información que brinden el Consejo Escolar y la Unidad Educativa de Gestión Distrital.

En este sentido, el proyecto contempla la posibilidad de debatir en un ámbito interdisciplinario que involucre “a la variada gama de actores con participación directa en los ámbitos educativos de una comunidad”.

Entre los argumentos, resalta que “en función de profundizar la democracia, se busca generar ámbitos plurales y participativos entendiendo que éstos dan mayor transparencia a las decisiones tomadas por el Estado a la vez que una administración más eficiente de los recursos”.

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