El FPV le pide al Ejecutivo informes por no haber elevado al Concejo la tarifa del Balneario

En el artículo primero, le solicitan al Ejecutivo Municipal que “informe si el cuadro tarifario correspondiente a la concesión del Balneario Municipal ha sufrido alguna modificación desde la sanción de la Ordenanza 5869/92, y en caso de haber sufrido cambios, si los mismos fueron convalidados por el Departamento Ejecutivo”.

La norma en cuestión, que data del gobierno de Julio José Zanatelli, establece que el concesionario podrá pedir al Deliberativo una modificación de las tarifas del Balneario Municipal, “cuando justifique las erogaciones que debe atender, lo cual tendrá pronto despacho” por parte del cuerpo.

Esta semana, el concejal Rogelio Iparraguirre, sorprendido por el incremento del 63 por ciento en promedio en las entradas a las piletas municipales, descubrió una ordenanza que obliga a pasar por el Legislativo cualquier suba y que esta norma nunca se cumplió.

Tras algunos cruces con el concejal del radicalismo Néstor Müller, exigió al Departamento Ejecutivo que obligue al concesionario a retrotraer las tarifas a las de la temporada anterior y que eleve una nueva para su tratamiento. Sin embargo, aún no ha obtenido respuestas.

 

El plan de obras

 

En la minuta de comunicación, el bloque opositor también requirió que el Ejecutivo “informe sobre el estado de las obras comprometidas en el Convenio de Prórroga de Concesión del Balneario Municipal suscripto en el año 2011, que debe atender el concesionario como contraparte”.

Según había adelantado el edil Müller, la firma que explota el lugar de esparcimiento debía colocar una serie de filtros para reaprovechar el agua de las piscinas, plantar árboles y construir la delegación policial del Lago, ya que no paga un canon por la explotación.

El plazo para concretar las obras comprometidas vence en octubre de este año y los controles están bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno que conduce Matías Civale.

 

En tiempo y forma

 

Por último, los concejales le marcaron al Ejecutivo que envíe las respuestas dentro del plazo que establece la Ordenanza 5.181, sancionada en 1990 y cuyo autor es el actual senador Carlos Fernández (FPCyS).

La norma dice que “los pedidos de informes realizados al Departamento Ejecutivo deberán ser contestados en un plazo no  mayor de treinta (30) días a partir de la fecha de elevación del mismo” y “en caso de imposibilidad de cumplir con el plazo, podrá  solicitar prórroga debidamente fundamentada”.

 

Los argumentos

 

El kirchnerismo local consideró que a en los veintiún años de la concesión no ha ingresado al Legislativo modificación alguna del cuadro tarifario original que figura en el pliego de bases y condiciones del Balneario Municipal.

Si bien el contrato ha sido renovado en el año 2004 y en el 2011, “en ninguna de las partes solicita la modificación del cuadro tarifario”, remarcaron.

Por otra parte, resaltaron que “sólo entre las temporadas 2012-2013 y 2013-2014 la tarifa de ingreso para los adultos ha sufrido un aumento que ronda el 85 por ciento, siendo para los menores un 41 por ciento, y no ha sido aprobado por el Concejo Deliberante, según consta en los órdenes del día de dicho período”.

Por otro lado, señalaron que “el pliego de bases y condiciones para uso y explotación del Balneario y el Camping Municipal se encuentra regulado por los artículos 230, 231, 232 y 233 de la Ley Orgánica de Municipalidades, como un servicio público y no como un bien privado del Estado municipal, definición que sólo aparece en el Convenio de Prorroga de Concesión del 22 de marzo de 2011”.

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