El FR busca regular las cámaras de seguridad y pide al Ejecutivo que brinde informes trimestrales

El proyecto cuenta con algunos artículos salientes, como el 2 que prevé que el servicio de protección ciudadana “contará con un Centro de Monitoreo que funcione las 24 horas del día recabando información, respondiendo a las emergencias que se presenten y controlando el sistema de vigilancia electrónica mediante cámaras instaladas en zonas clave determinadas”.
Además, prevé que “el sistema debe permitir monitorear y grabar imágenes de lo que registran las cámaras de monitoreo, las que estarán integradas a una red de comunicaciones con la conectividad capaz de trasmitir imágenes de alta calidad. Registrará además las respuestas dadas a los reclamos y denuncias de los vecinos”.
En otro párrafo aclara que “el Centro de Monitoreo no llevará a cabo investigaciones sobre casos particulares, debiendo mantener, salvo petición judicial, la reserva de nombres e identidades que puedan afectar a personas, de las cuales tomara conocimiento durante el desarrollo de sus actividades”.
 
El control
del Concejo
 
En el artículo 5, el proyecto que pretende debatir el FR, propone que “trimestralmente el Departamento Ejecutivo municipal presente por escrito en el Concejo Deliberante un informe del estado del servicio de protección ciudadana. Simultáneamente lo publique en el sitio oficial del municipio en internet”.
Sobre los contenidos del documento, le exige “una rendición de su gestión administrativa, económica, financiera y de cumplimiento de las metas objetivas que se dispongan. Especialmente hará mención a los ingresos y egresos de la afectación de recursos de la Tasa Retributiva de Servicios establecida en el artículo 69no. inciso h de la Ordenanza Fiscal y el artículo 4to. de la Ordenanza Impositiva vigente”.
 
Los argumentos 
 
Desde el massismo marcaron que hace dos años que la Municipalidad de Tandil destina un porcentaje del 2,3 por ciento de lo recaudado por la Tasa Retributiva de Servicios Públicos para financiar el Sistema Integrado de Protección Ciudadana. Para el Presupuesto 2014, ese monto fue estimado por el Gobierno municipal en 786 mil pesos.
El FR pidió que se lleve ese índice al 5 por ciento y que sea afectado exclusivamente al Centro de Monitoreo. Si bien el Ejecutivo accedió al incremento, no lo afectó e “incluso parece no estar de acuerdo con la regulación del servicio presentado”, advirtieron.
“Así, la afectación quedó en 2 millones de pesos, lo que es un avance ya que se ‘garantizan’ los recursos para una política de Estado, servicio básico, y que deberá perdurar y mejorar con el tiempo. El presupuesto total del servicio de seguridad fue aumentado a 5,5 millones de pesos. Resta la reglamentación, y es necesaria, indicaron.
En este sentido, destacaron que no existe regulación para el Centro de Monitoreo. “Sólo hay una licitación pública para la compra e instalación del sistema de cámaras y monitoreo, y 3 ítem en el programa 34.00.00 del Presupuesto 2014. Lo que sí hay son anuncios de funcionarios, ninguna norma que respalde el servicio”, señalaron. 
Y agregaron que “ante este vacío legal proponemos fijar normas generales y que en la inauguración del Centro de Monitoreo Municipal fueran descriptas por los funcionarios: funcionamiento de 24 horas, móviles de apoyo, cámaras electrónicas, personal capacitado, etc.”. 
En este aspecto, explicaron que hay “un amplio consenso” en la implementación de este servicio municipal, entonces al tener una legislación específica se convertirá en “una política de Estado, que en principio haga obligatoria su continuidad en el tiempo”. 
Por otra parte, indicó que el proyecto de ordenanza posibilitará “el seguimiento de su calidad y eficiencia a través del propio Concejo Deliberante, y a la ciudadanía ejercer un control social efectivo”. 
A modo de ejemplo, remarcaron que “si no se cuenta con una ordenanza, los funcionarios harán lo que quieran, podríamos preguntarnos: ¿y si por cualquier cuestión decide un funcionario no operar las cámaras las 24 hora? ¿O si no funciona el sistema de grabación o si tardan mucho tiempo en reparar alguna cámara?”.
El espíritu del proyecto es dotar al Estado de la facultad de controlar y brindar una mejor prestación ya que “este servicio no es igual que el de barrido y limpieza, definitivamente no”.
Por último, remarcaron que “si tenemos en cuenta el notable cambio de opinión respecto del Gobierno municipal de hace 2 años con lo que se dice hoy en la materia, es un avance también que el Ejecutivo municipal haya rectificado su anterior falta de compromiso. Por eso debemos todos participar. Nosotros pensamos que hay que hacer las cosas bien y reglamentar el nuevo servicio de protección ciudadana”. u
 

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