Exigen que Lunghi se ponga al frente del rechazo a los “desmedidos aumentos”
En la mañana de ayer, concejales del bloque del Frente para la Victoria y militantes del kirchnerismo vernáculo exigieron al intendente Miguel Lunghi que “se ponga al frente” del reclamo ciudadano en contra de los tarifazos en los servicios de luz y de gas. Le entregaron un petitorio, al que adosaron 10 mil firmas de vecinos, juntadas en el marco de una campaña que llevaron adelante por los barrios, en rechazo a las medidas implementadas por el Gobierno nacional.
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Encabezó la conferencia de prensa el concejal Rogelio Iparraguirre, en compañía de su par del bloque Darío Méndez. Estuvieron presentes además los referentes de esa fuerza, el abogado Jorge Coronel; Rody Cachela; Osvaldo Maestrojuan, entre otros.
Y, desde el ámbito educativo local, lo acompañaron los consejeros escolares Martín Keegan y Facundo Labanca.
En primer lugar, Iparraguirre remarcó que a partir de la Resolución 28, de 2016, del Ministerio de Energía y Minería de la Nación, que establece el nuevo cuadro de las tarifas del gas, desde el FPV decidieron emprender una campaña de recolección de firmas en rechazo a esos aumentos “desmedidos, desproporcionales, confiscatorios y anticonstitucionales”, calificó.
Incrementos que subrayó el edil generaron una creciente preocupación de la gente, que motivó a que emprendieran la campaña que culminó este lunes con casi 10 mil firmas de vecinos de distintos barrios.
Ya a 67 días de la publicación oficial del nuevo cuadro tarifario, criticó que todavía no han visto “reacción alguna” por parte del jefe comunal y, como si fuera poco, el concejal del FPV recalcó que la gente ya salió a manifestarse, repudió las medidas y reclamó respuestas, el miércoles pasado -envuelta en frazadas- en el marco de una multitudinaria movilización hacia el Municipio, exigiéndole al Intendente que “nos represente a todos”.
“Conducta y coherencia”
“Y además -manifestó Iparraguirre- pidiéndole una línea de conducta y coherencia con lo actuado por él mismo y su administración, hace escasos dos años, cuando en el marco del aumento del gas impuesto por el entonces ministro de Economía, Axel Kicillof, no demoró un minuto en presentar un recurso de amparo, recurso exitoso además. Por lo cual no se entiende por qué entre sus argumentos establece que los amparos no son exitosos, sobre todo, teniendo en cuenta que -en esta oportunidad- están habiendo a diario noticias de amparos presentados por distintas ciudades”.
“Partiendo de la base -continuó el edil- de que este nuevo cuadro tarifario viola el Artículo 42 de la Constitución Nacional, habida cuenta de que no se llamó a una audiencia pública, recurso imprescindible cuando una medida de Gobierno afecta al interés colectivo”.
Por ello, explicó que “en esta oportunidad le estamos acercando al Intendente casi 10 mil firmas de ciudadanos, que no deben ser tomadas como una demostración en contra suyo, sino todo lo contrario. Bien podrían ser un fuerte respaldo hacia el jefe comunal para que haga lo que tiene que hacer, que se ponga los pantalones largos y nos defienda al conjunto de los tandilenses”.
La presentación judicial del FPV
Desde la fuerza que integra, en tanto, subrayó Iparraguirre que “la semana pasada, en función de los dichos del propio Intendente y el jefe de Gabinete Mario Civalleri hemos hecho una presentación ante el Juzgado Federal de Azul, que ya se trasladó a la Fiscalía Federal de Tandil, lo cual es muy positivo -aunque no se saben todavía los resultados-, pero por lo pronto no ha sido rechazado”.
No obstante lo cual, insistió en que “exigimos al Intendente para que él recurra a la Justicia porque la situación realmente es de mucha preocupación”.
“Las declaraciones de Civale son un agravio”
Por otro lado, el concejal del FPV manifestó que también le exigen al presidente de la Usina de Tandil, Matías Civale, que “se ajuste a derecho a la resolución emitida por el titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo de la Plata, el juez Luis Federico Arias que, por si fuera poco, sacó una resolución aclaratoria explicando el alcance que tiene la suspensión del nuevo cuadro tarifario de la luz, que incluye no solo a las empresas de alcance provincial, sino a las cooperativas y las empresas de economía mixta municipales, como el caso de nuestra Usina”.
Iparraguirre admitió que les llama la atención “las últimas declaraciones de Civale, quien ante la preocupación de los vecinos salió a decir, lejos de ajustarse a derecho, que los esquemas de vencimiento siguen vigentes y que los cortes se van a hacer. Y en este caso nos parece un agravio al conjunto de ciudadanos”.
“Pareciera -deslizó- que lo que está intentando es simplemente ganar tiempo, esperando a que la Provincia haga alguna medida en contra de lo dispuesto por el juez Arias. Nos preocupan sus dichos y le exigimos que se ajuste a derecho, y lo que tiene que primar por delante de todo es el bien común e interés del conjunto de los vecinos”.
Los beneficiarios de la tarifa social
Por último, rectificó lo dicho por el contador Civale, quien aseguró que retrotraerse al viejo cuadro tarifario haría desaparecer a los beneficiarios de la tarifa social y los perjudicaría, teniendo que afrontar -llegado el caso- montos aun más importantes.
En ese sentido, Iparraguirre arremetió que “eso es una falacia, dado que desde 2002 existe la Ley 12.698, que en nuestra ciudad ha adherido a la misma a través de la sanción de la Ordenanza 8.646, que establece la Tarifa Eléctrica Diferenciada para aquellos usuarios que se vean imposibilitados, por razones económicas, de afrontar los pagos. Le ordena a las distribuidoras e incluye al ente mixto -como la Usina-, una disminución de hasta el 40 por ciento en el pago de la tarifa en los usuarios que no sobrepasen los 150 kilowatts”.
Por lo tanto, garantizó que “esto está en plena vigencia”, cuestión que desde ya “el contador Civale no desconoce y, por ello, creemos que está faltando a la verdad”.
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