Familiares acusaron a una ?red? judicial y política de encubrir casos de abuso sexual

El encuentro estuvo encabezado por la presidenta de la comisión, la diputada del Movimiento Evita Patricia Cubría. A ella se sumaron las legisladoras María Valeria Arata (UCR), Karina Nazábal (FPV), Rita Beatriz Liempe (FAP) y Natalia Gradaschi (NE). Además, participaron asesores, integrantes de la Defensoría del Pueblo bonaerense y del Observatorio Social de la Cámara de Diputados.
En representación de Tandil estuvo la concejala del FPV Stella Maris “Cacha” Cena, la psicóloga Daniela Lezcano y los abogados Marcelo Argeri y Claudio Castaño.
El objetivo principal fue reafirmar el pedido de juicio político al fiscal Luis Piotti, que fue aprobado por la Legislatura y que aguarda por la constitución de la Comisión Bicameral.
En la presentación, la diputada Cubría saludó “fuertemente a los familiares de las víctimas” y destacó que “nos trae a Tandil la violencia”.
Antes de otorgarle la palabra a los testigos, destacó el trabajo territorial de los diputados y cuestionó que en los casos de violencia “tenemos hasta problemas estadísticos” lo que “nos deja en una situación de vulnerabilidad a las mujeres y a los niños”.

“Impunidad y connivencia”
 
Patricia Ferrari fue la primera en hablar en nombre de las presuntas víctimas, aunque luego se animaron otros siete representantes de familias que dejaron sus testimonios a la comisión.
En los distintos relatos se habló de una red de “impunidad y connivencia”; de una “camarilla” integrada por los fiscales Piotti y Damián Borean, el defensor de Menores Ezequiel Belaunzarán, el perito y actual director de Salud Mental del Municipio Adolfo Loreal, el juez de Garantías José Alberto Moragas, las encargadas de los servicios Local y Zonal de Protección y Promoción de los Derechos del Niño Silvina Chervera y María Marino, el intendente Miguel Lunghi y su gabinete y hasta los trabajadores del Hospital.
También señalaron que el gobernador Daniel Scioli está al tanto de esta situación y celebraron que la presidenta Cristina Kirchner haya encomendado al diputado provincial Fernando “Chino” Navarro (FPV) para investigar estos casos.
Mientras algunos de los familiares sólo demandaron celeridad en la resolución de los casos, otros cuestionaron los procedimientos y los métodos a la hora de producir pruebas, como en el caso de la Cámara Gesell.
 
“Bajar a la psicóloga”
 
“Es todo una organización para que no salga el abuso (N.d.R.: que no se pruebe)”, dijo Leoncio Gonzalo, abuelo de una de las presuntas víctimas cuya causa fue archivada.
Y apoyado por su esposa, aseguró que el objetivo de que 38 causas similares no prosperen es “bajar a la psicóloga” Daniela Lezcano, quien intervino en la mayoría de los procesos.
Los padres abonaron una teoría conspirativa en la que también participó el Colegio de Psicólogos, que hace meses determinó una suspensión de la matrícula por dos años para la doctora Lezcano.
La psicóloga aseguró que los directivos del colegio que la sancionaron “son las mismas personas que son peritos en Azul” y concluyó que “hay un poder más grande que un fiscal”.
En ese marco, los familiares y Daniela Lezcano denunciaron que viven amenazados, que les han inventado causas y que los persiguen.
En cuanto a los abogados, sostuvieron que “en Tandil nadie se juega por estos casos, o saben que si se juegan no ganan ningún caso más”, y aseguraron que “ni los psicólogos nos quieren atender”.
 
“No va a haber impunidad eternamente”
 
En diálogo con este Diario, la diputada Patricia Cubría explicó que la reunión permitió “llevarnos un relato directo por parte de las familias y, sobre todo, nuestra voluntad es hacer públicas estas situaciones porque la violencia sexual o el femicidio pasan como si fueran un hecho más, y tenemos que evidenciar que son delitos gravísimos y que no pueden pasar desapercibidos”.
-¿En qué instancia está el pedido de juicio de jury al fiscal Piotti?
-Ya está el expediente en el Senado y estamos a la espera de que se constituya la comisión bicameral para que comience el juicio político. Ya el pedido de juicio político fue votado por unanimidad el año pasado. En este tipo de casos, por suerte, hemos madurado políticamente y no hay ningún tipo de especulación de si sos de tal partido o de otro, sino que están en juego nuestros chicos.
-¿Cuál es el rol de la comisión en el marco del juicio?
-Nosotros no tenemos relación directa con el juicio político. Lo que hacemos es ser caja de resonancia de esta situación, hacerlo público, hacerlo visible.
-¿Y la documentación y adhesiones que recibieron hoy?
-Vamos a hacer una síntesis. Hoy todos los relatos han sido grabados y eso también va a ser un aporte más institucional, de nuestra comisión.
-Más allá del fiscal, hoy hubo fuertes denuncias contra el sistema judicial y político local, ¿qué panorama se lleva?
-Se habló de una red de complicidades muy importante, que da miedo. Creemos que llevando a juicio político al fiscal Piotti de alguna manera va a actuar a modo de ejemplo de que tenemos el deber de poner límite a este tipo de situaciones. Si bien no vamos a resolver el conjunto de esta red de complicidad que hoy vimos que existe, sí es un paso más, es un paso ejemplar que va poniendo algunos límites y que calculo que una vez avanzado el juicio político al fiscal Piotti, si conseguimos más pruebas podremos avanzar con otros sectores.
-¿Qué ocurriría si el fiscal demuestra que actuó conforme a derecho y que las causas estaban correctamente llevadas desde lo procedimental?
-Hay pruebas muy contundentes. De hecho, no hubiera llegado a la instancia de juicio político y de haber sido votado por unanimidad.
-¿Qué consuelo le queda al resto de la comunidad? Es duro pensar que la Justicia local no es confiable…
-Creo que el consuelo no va a haber impunidad eternamente; que este es un primer paso de poner límite a esta estructura de impunidad, que necesariamente va a repercutir porque me imagino que los demás que estaban tan tranquilos que iban a poder seguir así, en este marco de impunidad, se van a tener que cuidar.
-¿Como diputada no le resulta llamativo que sólo tres profesionales de Tandil, la psicóloga Lezcano y los abogados Castaño y Argeri, avalaron estas denuncias? Si el sistema judicial local fuera tan corrupto, ¿no deberían tener el apoyo de todos los abogados, psicólogos y profesionales?
-No creo. Creo que hay cosas muy mezcladas. Creo que al tratar de cuestionar, como está cuestionada la psicóloga Lezcano, se intenta poner un manto de sospecha sobre toda la otra realidad. Uno podrá tener cuestionamientos o no sobre cualquier profesional, pero lo que no podemos negar es la realidad, los chicos, que las víctimas existen, que hay pruebas físicas y psicológicas de esta situación de abuso. Esa realidad no la pueden ocultar por más que haya apoyo o no tanto del sector judicial como de la sociedad en general, como de la opinión pública o como del Estado. Lo que más temor a uno le da es esta perversión de revincular a los niños víctimas con los abusadores, eso es lo que más inseguridad nos hace sentir esta situación de impunidad.

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