Hipotecados UVA exigen respuestas al Estado ante el descongelamiento de la cuota
El 31 de enero vence el congelamiento de las cuotas de los créditos hipotecarios UVA, que permanecen fijas desde septiembre de 2019. Debido a que son préstamos que se caracterizan porque el capital adeudado y la cuota resultante se ajustan por la inflación, se calcula que la cuota a pagar en febrero debe aumentar un 51 por ciento.
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Ante este inminente ascenso, quienes tomaron créditos hipotecarios UVA informaron mediante un comunicado que la situación de sobreendeudamiento que atraviesan es “insostenible”.
“Tenemos acumulado un 300 por ciento de aumento en la deuda y cuotas, una inflación proyectada para 2021 de 50 por ciento y el descongelamiento y pago de cuotas actualizadas a un valor UVA que ya supera los 65 pesos la unidad”, manifestaron con angustia.
Los acreedores admitieron que la mayor parte de las familias trabajadoras de clase media han tenido paritarias por debajo del 30 por ciento en lo que fue el 2020 y, en muchos casos, falta de ingresos por ser monotributistas o trabajadores independientes y pérdida de empleos, teniendo en todos los casos una pérdida real del salario.
“Las instituciones estatales implicadas se tiran la pelota, el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat aseguró que carecen de competencia para responder a sus reclamos y señalan al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y al Ministerio de Economía”, apuntaron.
De esta manera, los hipotecados denuncian que las respuestas no llegan a pesar de haber atravesado más de un año de citaciones en forma presencial y virtual con la llamada “Mesa Técnica”, iniciada por la ex ministra María Eugenia Bielsa y continuada por el actual Ministro Jorge Ferraresi.
Por todo esto, el colectivo de acreedores UVA local reclama la intervención estatal frente a “cláusulas abusivas y la usura desmedida”. A la vez, recordaron que durante la campaña electoral, el Frente de Todos, consideraba que su lucha era genuina y justa. “Hoy parece alejarse de esas promulgaciones frente a los bancos, como si estuviéramos en igualdad de condiciones, como si las entidades y el Estado no fueran responsables de garantizar nuestros derechos”, se quejaron.