La Justicia federal ordenó la conexión a la red de agua potable para La Elena
La medida fue ordenada por el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Esteban Furnari, a partir de un recurso de amparo y una medida cautelar presentadas por el diputado provincial Mauricio D’Alessandro (Unión Celeste y Blanco), que contó con el apoyo de los vecinos de la barriada.
El magistrado, en su resolución, dispuso que la Municipalidad, la Dirección General de Obras Sanitarias y el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento –Enohsa- “dentro del marco de sus respectivas competencias y a la mayor brevedad posible, deberán arbitrar los medios necesarios a fin de que los vecinos del barrio La Elena tengan acceso a la red de agua potable, salubre y aceptable para el uso personal y doméstico”.
El juez Esteban Furnari remarcó en su fallo que los habitantes de ese barrio “carecen de agua corriente y la poca agua que se extrae por pozo se encuentra contaminada, no resultando apta para el consumo humano”.
“Este es un primer paso. Un logro importante para la gente del barrio. Ahora hay que arremangarse y el intendente (Miguel) Lunghi va a tener que disponer todo lo necesario para que se inicien las obras y finalmente La Elena tenga agua potable”, aseguró el diputado D’Alessandro una vez conocida la resolución judicial.
En la misma línea, agregó: “Los vecinos de la zona están esperando esto desde hace 20 años. Hubo que judicializar este tema porque no había respuestas. La Justicia ya se expidió y ahora la política tiene que actuar en consecuencia”.
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Calificó que se trata de “una vieja deuda de la política” la conexión del servicio, que se convirtió en un largo reclamo encabezado por los vecinos del barrio desde hace dos décadas.
“Hubo que judicializarlo porque la política no podía encontrar solución”, remarcó Mauricio D’Alessandro, que analizó en ese sentido que “había tres partes que se atribuían la responsabilidad y no lo resolvían”.
Y evaluó que ahora el tema “volvió a la órbita de la política, que será la responsable de solucionarlo”.
Asimismo, esperó que “ojalá que la Justicia no tenga que volver a intervenir”. En tal caso, mencionó las penas que cabrían si no se acata la orden judicial. “Tenemos la fijación de astreintes y una eventual desobediencia en los términos del código penal”, apuntó.
El juez entendió que “eso no era procedente porque excedía el marco de una medida cautelar”, remarcó el diputado.
En consecuencia, resolvió que “a la mayor brevedad posible se conecte el agua”, es decir que no hace referencia al financiamiento sino que “directamente manda a conectar”, explicó.
Por último, el fallo también señala la decisión del magistrado de remitir la causa, por cuestiones vinculadas a la competencia, a la Justicia Federal de Azul “para intervenir y definir en la presente acción”.
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