La Justicia podría determinar en diez días que Grassi vaya a prisión hasta la sentencia firme

A un año del inicio del juicio oral que condenó a Julio César Grassi a 15 años de prisión por hallarlo responsable de los hechos de abuso sexual y corrupción de menores contra uno de los tres jóvenes denunciantes, la Cámara de Garantías de Morón decidirá en diez días si el cura espera la sentencia firme en prisión.
El Tribunal Oral Criminal 1 de Morón, tras condenar a Grassi por una parte de los hechos, lo dejó en libertad e incluso le permitió ingresar a la Fundación Felices los Niños con una persona de su elección, lo que abrió una fuerte polémica y la presentación de recursos de apelación ante la Cámara de Garantías de Morón.
“En diez días a lo sumo la Cámara de Garantías de Morón debería confirmar la decisión del TOC 1 de dejar en libertad a Grassi hasta la sentencia firme u ordenar su detención tal como lo solicitamos nosotros y la querella”, dijo a Télam Alejandro Varela, fiscal del juicio oral.
Sin embargo, Daniel Cavo, defensor de Grassi señaló que “la Cámara de Garantías no tiene competencia para revisar sentencias”.
Cavo, quien defendió a Grassi durante el juicio oral junto a Ricardo Malvicini y Marcelo Tipito, estimó que “como el régimen de libertad está incluido dentro de la sentencia, no es materia de revisión de los jueces de Garantías sino del Tribunal de 
Casación”.
De esta manera, mientras la fiscalía y la querella esperan una resolución para que Grassi espere en la cárcel hasta que la sentencia quede firme (de seis meses a un año), la defensa del cura plantea una cuestión de competencia y desestima totalmente que sea “el Tribunal de Garantías el que deba resolver en la materia”.
No obstante, Cavo aseguró que su cliente “busca evitar cualquier tipo de conflicto por lo que se presentó los primeros días hábiles de cada mes como lo estipula el fallo” y que, además, decidió no ingresar a la fundación “por más que pudiera hacerlo legalmente, ya que el tribunal se lo permitió”.
En realidad, una medida administrativa de la Subsecretaria de Niñez y Adolescencia de la Provincia de Buenos Aires impedía al hogar dejar ingresar al cura y tomar contacto con los chicos internados desde 2002.
A pocos días del fallo condenatorio del 10 de junio pasado, esa misma oficina bonaerense, de donde depende administrativamente el hogar de Hurlingham, “resolvió confirmar la resolución y además dispuso que la decisión final pasara por los magistrados que están a cargo de los niños”.
Después de 200 audiencias, cuando habían pasado casi diez meses de juicio, el TOC 1, integrado por Jorge Carrera, Mario Gómez y Luis Andueza condenaron a Grassi a 15 años de prisión por abuso sexual y corrupción de menores, pero lo dejaron en libertad
hasta que la sentencia quede firme.
El fallo acreditó sólo tres hechos de los 17 denunciados, en perjuicio de un joven conocido como Gabriel, que fue representado por el abogado Sergio Piris.
En tanto, las denuncias de Luis -cuyo abogado es Jorge Calcagno- y de Ezequiel -representado por Juan Pablo Gallego a través del Comité Argentino de la Convención Internacional de Derechos del Niño (Casacidn)- fueron desestimadas como parte de la acusación en el fallo del TOC 1.
Por ese motivo, ni la querella, ni la fiscalía ni la defensa de Grassi quedaron conformes con el fallo.
“El fallo me defraudó en lo jurídico y en lo humano”, sostuvo Calcagno, quien explicó que fueron desechados “testimonios muy importantes, que acreditaban la totalidad de los hechos. Hubo anomalías que considero causaron un verdadero desprestigio del tribunal ante la sociedad”.
La fiscalía había solicitado 30 años de prisión por los 17 hechos de abuso sexual y corrupción de menores contra Gabriel, Luis y Ezequiel-.
La defensa, que pidió la absolución del sacerdote, también presentó ante Casación un recurso de apelación.
“El está muy consternado por la condena que recibió pero sigue trabajando con toda dedicación. No es fácil darle de comer a los 1.500 chicos de la fundación sin ningún tipo de subvención”, señaló el defensor de Grassi.
El abogado lamentó que además “otros hogares de la fundación hayan sido objeto de un embate”, en referencia al Hogar de Chacarita, que fue parcialmente desalojado, al tomar intervención la justicia de la Ciudad de Buenos Aires”. (Télam)

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