Otra más del ?vivir con lo nuestro?

La Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley enviado por el Gobierno que aumenta los impuestos que deben pagar los productos electrónicos. La suba abarca no sólo a los importados sino también a los de ensamble local cuando tengan componentes extranjeros, lo que, en los hechos, se proyecta prácticamente a todos los productos de la especie. La excepción está dada para aquellos que se fabriquen en Tierra del Fuego y de allí que la finalidad alegada de los promotores de la ley sea incentivar la radicación de empresas y la producción en esa provincia austral.
El efecto de esto -admitido incluso por sus postulantes- será el aumento del precio de los bienes electrónicos en alrededor a un tercio del valor actual. Así, entienden sus promotores, se desincentivará la adquisición de productos importados por el aumento de precio, haciendo que los usuarios compren lo producido en Tierra del Fuego, desarrollando, por tanto, la industria allí instalada.
La ley impulsada por el Gobierno tiene objeciones por doquier, algunas de las cuales trataremos de resumir en el apartado siguiente, para finalizar preguntándonos por qué, a pesar de su inconveniencia técnica, empero éstas y otras medidas equivalentes siempre renacen en Argentina.

Promoción, pero de la ineficiencia

Lo primero que desconocen los autores de la normativa es que en adquisición de tecnología, el usuario está dispuesto a pagar más por el producto deseado antes que sustituirlo, porque, justamente, los bienes de esa especie son menos fungibles que los productos primarios. En otras palabras, la tecnología tiene una demanda absolutamente más inelástica que otros bienes, razón por la cual, la intervención en el factor precio no alterará sustantivamente la distribución del mercado.
Esto no significa, empero, que no sea algo profundamente negativo el aumento del precio. Para aun aquellos que pueden comprar un bien al precio más oneroso, significa una asignación ineficiente de recursos. Si la gran mayoría de los consumidores de tecnología siguen adquiriendo bienes importados, en nada se beneficiará a la industria fueguina; sin embargo, ellos -el país, en definitiva- habrán pagado más recibiendo menos, malgastando recursos que podrían haber sido destinados a comprar otros bienes nacionales.
Acá se avizora otra objeción: el beneficiario de ese diferencial es el Estado. Esto muestra nuevamente, tanto como sucedió con las retenciones agropecuarias, que tras el expresado motivo de coordinar la economía se esconde un fin recaudatorio para cubrir el déficit presupuestario que se le avecina a los Kirchner. Para beneficiar a alguien, se puede ?levantar? al beneficiario o ?bajar? a la competencia: con la medida, se optó por esto último, ya que, salvo en el IVA, la norma no prevé reducciones tributarias para la industria de Tierra del Fuego, sino que básicamente lo que hace es aumentar las cargas impositivas de los demás bienes.
Para abonar la imposición de las retenciones al agro, el Gobierno dice que busca mantener los precios internos, pero, por otra parte, cuando algo viene a bajo precio naturalmente, sin embargo, sube aranceles para encarecerlo. Parece que el denominador común es el ?vivir con lo nuestro?: vender acá, comprar acá. En el medio, el Estado con sus Guillermo Moreno como juez de toda operación.

Dime quiénes se benefician

Pasaron más de dos siglos desde la publicación de La riqueza de las naciones, pero el libre cambio, sin embargo, lejos está de consagrarse. Así las denuncias de los economistas clásicos tienen toda vigencia: los únicos beneficiarios de los controles son los que lo ejercen. Ellos se convierten en amos y señores del consumo de una nación. El problema no es meramente económico, es político.
¿Quiénes son los beneficiarios del ?vivir con lo nuestro?? Básicamente el Estado y los grupos industriales lobistas que han buscado pactos de protección con el poder político para que éste les asegure mercados cautivos.
La política económica del proteccionismo, además de la herramienta tributaria, se sirve de la política monetaria de devaluación creciente, lo cual hace las veces de arancelamiento encubierto porque encarece la importación. Las dos medidas benefician directamente al Estado y a la burguesía lobista: el primero recauda más y los segundos producen a costos devaluados pero luego venden en dólares que depositan en el extranjero. Negocio redondo. Vitorean la libertad económica para negociar salarios, pero le piden al Gobierno un dólar a cuatro pesos para disimular su ineficiencia.
Durante el siglo pasado, la controversia entre el modelo agro-exportador y el industrialismo sustitutivo de importaciones tenía un trasfondo ideológico. Hoy es el pragmatismo lo que orienta las decisiones. Si es por producir adaptaciones, también podría Alaska plantar bananas en invernaderos, ¿pero a qué costo?  El modelo ISI ha dado sobradas muestras de fracaso cuando fue impostado. Por el contrario, Argentina logró grandes posicionamientos en industria compleja por ventajas distintas al favorecimiento estatal, cual es el caso del software o la energía nuclear que para desarrollarse no necesitaron del Estado sino del alto capital humano de nuestros ingenieros.
Si el bienestar general es, como entendían los utilitaristas, el mayor beneficio para una mayor porción de gente posible, aquí sin dudas se lo sacrifica de lleno, arribando al resultado inverso. Nuevamente, en Argentina, una minoría dirigencial vive a costas de los millones que, como Atlas, cada día está más encorvada por el peso en sus espaldas.*

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