Piden informes al Ejecutivo por la denuncia de usurpación del camino a la vieja cantera Albión

El bloque de concejales del Frente para la Victoria-PJ presentó ayer un pedido de informes al Departamento Ejecutivo, tendiente a conocer detalles sobre los trámites administrativos y controles desarrollados en la zona posterior al country Sierras de Tandil. La solicitud se funda en la información sobre el procesamiento judicial del titular de la empresa Chacras del Golf SA, Juan Carlos García de Lillo, por el delito de usurpación del predio al cual se accede por una calle ubicada a 500 metros desde avenida Fleming y que se encuentra delimitado por las calles Berruti y Pesquería.

En la minuta de comunicación, los legisladores de la oposición pidieron datos sobre “las parcelas donde se ejecutaron obras de urbanización: apertura de calles, postes eléctricos, movimiento de suelo, obstrucción del paso de servidumbre con relleno de piedra y tierra, y destrucción de construcciones de piedra existentes, llevadas a cabo por Chacras del Golf SA”.

Reclamaron el detalle de las parcelas que figuran en el catastro provincial y municipal y la fecha en que fueron registradas, sobre ese predio “donde se acredita el exclusivo dominio del Estado Nacional Argentino sobre las tierras por donde pasaba el ramal R74 de la exlínea Roca hacia las Sierras de las Animas”.

En segundo lugar, quieren conocer “si existen viviendas construidas en el espacio territorial denunciado en el 2012 por Sergio Morone, a cargo de la Región 1 de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), por la ocupación con trabajos de urbanización que dictaron el procesamiento de Juan Carlos García de Lillo, dueño de la empresa Chacras del Golf, por el delito de usurpación de un predio. En caso afirmativo, mencionar quiénes fueron los profesionales actuantes: agrimensor, escribano, profesional de la construcción, intervinientes para realizar la inspección de obra”.

Además, requirieron detalles sobre “cuáles fueron los controles del Municipio y con qué resultados respecto a la urbanización realizada en el predio y quiénes aportaron la documentación de las obras que se realizaron sobre el espacio público”.

Por último, exigieron precisiones acerca de la existencia de “un expediente en relación al pedido de escrituración por parte del Municipio de Tandil solicitado por el Organo Público Administrativo de los Bienes del Estado” y en caso de que la respuesta sea afirmativa, las razones por las cuales el Municipio no procedió en los últimos años a su escrituración.

Sumado a esto, demandaron al Departamento Ejecutivo que la respuesta se eleve de acuerdo a los plazos establecidos por la Ordenanza 5.181, que prevé un máximo de 30 días.

Los motivos

En los considerandos de la minuta de comunicación, el bloque de la oposición consignó que trabajadores del turismo y vecinos ya habían advertido que ese camino del ramal de trenes había sido ocupado por un particular, como había publicado este Diario el 22 de julio de 2010. En respuesta a esas denuncias, el concejal Atilio Magnasco había expresado que el empresario Juan Carlos García de Lillo estaba realizando una obra de urbanización en el sector ubicado detrás del Country Sierras de Tandil, y “lo que hizo fue abrir la calle por su cuenta, cortando ese sendero que todos usábamos para transitar, para correr y hacer trekking por las sierras”.

Los ediles agregaron que “en el expediente del juez de primera instancia estaría acreditado que el titular de la empresa Chacras del Golf SA habría invadido parte del inmueble perteneciente a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), urbanizando el predio, con aperturas de calles, tendidos de postes eléctricos, colocación de tranqueras, obstrucción del paso de servidumbre a favor del Estado con relleno de piedra y tierra y destrucción de construcciones de piedra existentes”.

Pero, además, recordaron que la Ordenanza 6945, sancionada el 21 de junio de 1996, en su artículo 1, establece: “Declarase de utilidad pública sujeta a transferencia establecida en la Ley 24.146 al sector de la exzona de vías del FGGR reconocido como Ramal a Cantera Albión y comprendido entre la calle Dr. A. Fleming y el punto terminal del mismo, incluidos en los espacios circulatorios declarados de interés municipal por Ordenanza 5.766 del 5 de febrero de 1992”.

Tras la exposición de los argumentos, señalaron que “los legisladores deben estar muy atentos a cualquier intervención en el espacio serrano que tiene muchas restricciones y debe ser respetado y controlado”.

Además, evaluaron que “en los últimos tiempos muchas actividades atentan contra la integridad de las sierras, y la rentabilidad económica se ha impuesto notablemente sobre los intereses de preservar un patrimonio natural de extraordinario valor”.

La causa judicial

Con la intervención del fiscal de Distrito Mar del Plata, Daniel Adler, la Cámara Federal de Casación Penal resolvió mantener el procesamiento de Juan Carlos García de Lillo, dueño de la empresa Chacras del Golf SA por el delito de usurpación.

Según publicó el portal Fiscales.gob.ar, el fallo de Casación llegó en septiembre de 2016 luego de que el fiscal Adler interpusiera un recurso ante la resolución de la Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, de octubre de 2014, a través de la cual se había revocado el procesamiento del titular de la empresa y se había dejado sin efecto la posesión judicial provisoria del ramal R74 a la Municipalidad de Tandil.

Adler había expresado, en el recurso presentado, que la resolución de la Cámara incurrió en una errónea aplicación de la ley: “Ha omitido valorar las escrituras obrantes (en la causa)”, dado que por ellas se acredita el exclusivo dominio del Estado Nacional Argentino sobre las tierras por donde pasaba el ramal R74 de la exlínea Roca hacia las Sierras de las Animas”.

Y en este sentido, remarcó que el tribunal omitió valorar tanto los títulos de dominio del Estado nacional como “una serie de elementos causídicos que permiten sostener el cabal conocimiento de parte del imputado del desarrollo de acciones contrarias a derecho”.

La causa se inició tras la denuncia presentada en la Policía Federal, en marzo de 2012, por Sergio Morone, a cargo de la Región 1 de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). En concreto, denunció la ocupación con trabajos de urbanización de los terrenos propiedad de la sociedad del Estado que representa.

De acuerdo a los elementos reunidos en el expediente, el juez de primera instancia consideró que estaría acreditado, en esa etapa procesal, que el imputado, como titular de la empresa Chacras del Golf SA, habría invadido parte del inmueble perteneciente a ADIF SE, impidiendo el ejercicio de un derecho real de servidumbre de paso en favor del Estado atento la urbanización del predio, con aperturas de calles, tendidos de postes eléctricos, colocación de tranqueras, obstrucción del paso de servidumbre con relleno de piedra y tierra y destrucción de construcciones de piedra existentes, llevadas a cabo por Chacras del Golf SA, tal cual consignó el citado portal.

Los argumentos

Al argumentar su fallo, los magistrados de Casación refirieron, entre otros elementos, a una fotografía satelital que muestra la existencia del camino que parte desde Tandil hacia la cantera Sierra de las Animas, con la consiguiente servidumbre que el imputado, en principio, intentó hacer desaparecer.

“De ese camino, el representante de ADIF acreditó la titularidad del Estado prácticamente en un 90 por ciento de las propiedades que lo conforman, pero casi a la mitad del trayecto, dividiéndolo en dos, se encuentra el predio propiedad de Chacras del Golf SA, que posee una servidumbre de paso continua y aparente, que hoy se ve interrumpida”, señalaron.

Y más adelante, remarcaron que “pese a los esfuerzos por tratar de borrar todo rasgo de la existencia de este derecho de paso no han logrado hacer desaparecer el camino que hoy se intenta desconocer”.

En este sentido, Casación apuntó que la Cámara de Apelaciones de Mar del Plata no logró “aclarar el desconocimiento alegado por el imputado sobre la existencia de ‘una servidumbre de paso’ en favor del Estado (vías del ferrocarril que fueron levantadas a fin de llevar a cabo construcciones particulares en dicho lugar), siendo que la Asesoría de Asuntos Jurídicos de Ferrocarriles ADIF SE adjuntó a la investigación copia de los títulos de propiedad de inmuebles ferroviarios en disputa”.

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