Preocupación por la tensión social frente a inminentes desalojos compulsivos de casas tomadas en La Movediza

Trazando un paralelismo con propias definiciones del Ejecutivo local al anunciar inversión en la repavimentación, se confió en que es tal el déficit que el objetivo por estos años es empatar la situación. En viviendas, ni siquiera eso.

Paradójicamente, cuando hace poco nomás autoridades nacionales, provinciales y locales celebraron el inicio del plausible Procrear, una familia de bajos recursos, que no ingresa como sujeto de crédito a aquel, ni ningún otro plan,  fue sacada por la fuerza pública de una casa tomada en La Movediza.

El caso puntual, se confía, además de contar con una historia intrincada como particular de los que estarían involucrados (incluso de quienes resultarían los presuntos dueños de la casa en construcción), no dejó de ser el botón de muestra de lo que se respira en lo que a esta altura resultaría tierra de nadie, o mejor dicho,  de algunos punteros  barriales que deciden quién y cómo ocupa una vivienda a medio terminar o un terreno, favorecidos por la desidia estatal.

Se calcula que como el caso de la semana pasada, hay muchos varios en carpeta. El menos este Diario pudo confirmar que seis casos de las viviendas del Plan Federal están en proceso judicial, camino al desalojo compulsivo, léase violento, por las malas.

Hay otros muchos más en otras viviendas de distintos puntos de la ciudad.

Una curiosidad: ninguna de la veintena de viviendas de la toma masiva que otrora se cristalizó frente a la mirada indiferente del Estado, está dentro de eso proceso. Ni siquiera son vecinos que se anotaron, ni calificaron para ser futuros adjudicatarios. Algunos en el barrio lo explican con razones que hacen a una presunta connivencia con autoridades políticas que habrían fagocitado dicha toma ante el rumor del arribo “de gente del conurbano” que venía con las mismas intenciones.

Más allá de las versiones no confirmadas y rumores de todo tinte y color político que se escucha en las calles de La Movediza, hay una realidad palpable: el mismo Estado que se ha desentendido de la situación social ahora aguarda con su brazo armado por la decisión judicial, con las consecuencias que ello implica.

 

Desalentar la ocupación por la vía pacífica

Este Diario dialogó precisamente con un actor judicial que se involucró en la problemática desde su función, pero también desde su experiencia social. Se trata del defensor oficial Diego Araujo, quien de alguna manera alzó su voz frente a este panorama delicado que, se insiste, busca una salida judicial cuando la respuesta debiera devenir de la política para solucionar los problemas sociales.

El letrado afirmó que “hay que desalentar las ocupaciones ilegales por la vía pacífica. Hay que desalentar los desalojos compulsivos con más políticas públicas y menos violencia institucional”.

Señaló al respecto que la problemática habitacional que abarca a la ciudad, no sólo a aquellos que han ocupado en forma ilegal viviendas de planes oficiales, o terrenos fiscales, sino también a aquellos que no logran calificar como sujetos de crédito y que por lo tanto se encuentran excluidos del sistema, “requiere de una intervención seria y profunda por parte de los poderes públicos”.

Araujo subrayó que “no deja de verse como una paradoja que aquellos que se encuentran obligados a brindar soluciones, sino permanentes, más o menos estables, sean los que impulsen los desalojos, que como vimos hace poco en La Movediza adquieren connotaciones violentas que deben evitarse a toda costa”.

“No es posible tampoco -siguió- afrontar esta problemática de forma aislada e individual con cada familia, que ocasionalmente se encuentre judicializada esperando una orden de desalojo compulsivo. La respuesta por parte del Estado, en este caso, por proximidad jurisdiccional de nuestro Municipio, debe ser integral”.

El funcionario recordó que las familias desalojadas o próximas a desalojarse “son familias arraigadas en nuestra ciudad desde muchos años, y que por diversas razones han sido vedadas al acceso a una vivienda digna. Quienes ocupan una vivienda a medio construir de un plan en forma irregular, o un terreno fiscal, toman una decisión extrema ante la falta de opciones; casi una actitud desesperada frente a situaciones que no pueden resolver por sí solos, que les generan un estado de impotencia”.

Aclaró al respecto que “no se trata de tolerar ni premiar a quien posee un comportamiento que se considera inadecuado o desviado, sino de afrontar que hay un problema social profundo que requiere solución. Mirar para otro lado ya no es una opción válida”.

Araujo dijo que “la búsqueda de un adecuado equilibrio social es una aspiración ética que el Estado no se puede dar el lujo de desestimar”.

El defensor sostuvo que la nueva líneas de créditos de acceso a la vivienda (Procrear) son un buen ejemplo de lo que el Estado puede hacer para acortar la brecha entre los que más tienen y los que menos poseen, pero “el esfuerzo debe ser complementado por los diversos estamentos territoriales que componen al Estado”. Como ejemplo citó lo ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires “donde la actitud del Gobierno porteño de promover el embellecimiento de determinados lugares de la ciudad se desentendió de las políticas relacionadas con las viviendas de interés social, pretendiéndose desalojar en forma masiva dos villas de emergencia lindantes con Puerto Madero”.

 

El camino penal, la última instancia

Araujo indicó que “se debe tener en cuenta que los problemas que no se resuelven hoy serán los que en el futuro se vuelvan a promover, pero esta vez quizás con mayor intensidad, ya que Tandil muestra un crecimiento demográfico que no tienen localidades de la región”.

“Por ello -añadió- es necesario efectuar una planificación urbana a mediano y largo plazo que contemple las particulares circunstancias que posee Tandil, desde su conformación ambiental con barreras de crecimiento natural y/o artificial, su crecimiento, y también su composición social”.

El abogado insistió en que el problema habitacional que se evidencia hoy en La Movediza constituye un emergente de una problemática social no resuelta. El Estado debe estar presente, no para alentar los desalojos compulsivos sino para erigirse en parte de la solución.

Ya desde su rol penalista, aclaró que “el derecho penal debe ser el último recurso para solucionar problemas sociales, porque en rigor de verdad el sistema penal es incapaz de resolver la problemática que surge del desequilibrio social y de la falta de equidad. Desde las defensorías oficiales es poco y nada lo que podemos hacer porque el quid de la cuestión no deja de ser político”.

Cerrando, respondió con que “así como es tan poco deseable que una familia ocupe irregularmente un inmueble, también lo es dejar en el desamparo a niños y adolescentes que crecen en esta ciudad y proclaman, como todos, el derecho a tener una vivienda digna”. 

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