Preservacionistas exigen “ni una casa más sobre las sierras”

En medio del conflicto surgido a raíz de la toma de 130 terrenos en Villa Cordobita, la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras compartió su postura, a través de un comunicado, bajo el título “Una toma más”, en el que dejan bien claro que no es la primera vez que ocurre en Tandil este tipo de hechos, y lanzan duras críticas al Ejecutivo, que permitió y permite la construcción irregular en espacios que no están permitidos por la ley vigente.

Fabián Mestralet, representante de la agrupación, explicó a El Eco de Tandil que en realidad, “ahora, el Ejecutivo sale a judicializar la ocupación de terrenos en Villa Cordobita y mientras tanto en todos estos años ha permitido, avalado, y en algunos casos incluso promovido, la toma de terrenos en situaciones irregulares”.

En consecuencia, dijo que “denunciamos, por ejemplo, la situación que se da con el convenio firmado por el Intendente sobre unos terrenos en Don Bosco, en el que se está avalando una estafa, una subdivisión irregular, ya hay construidas dos casas y sin embargo no sólo el Municipio hace la vista gorda, permite que se construyan en forma irregular, le da luz a esas casas sino que además firma un convenio avalando esa estafa, entonces, ¿de qué se está sorprendiendo? Si ellos mismos en muchos de los casos avalan la apropiación irregular de tierras”.

Lo que ocurre, indicó, es que “en esos casos el aval viene por el lado de que la gente que está haciendo esa actividad irregular, de alguna manera, tiene algún grado de llegada o de influencia, o hace algún tipo de negocio con el Municipio por el cual esa actividad se permite”.

Planteó entonces que en el caso de Villa Cordobita “el Municipio está reaccionando porque de alguna manera no lo está autorizando, no es gente que tenga llegada al Ejecutivo. Los que perdemos somos todos -en realidad- con esta forma de permitir el avance de la construcción sobre las sierras”.

Además, esto es algo que “está en la ley, el Plan de Ordenamiento Territorial (PDT) marca, como una política a seguir, el no permitir el avance de la construcción sobre las sierras y sí habilitar, que es justamente otra de las cuestiones que le reclamamos al Municipio y sobre lo cual prácticamente no ha hecho nada, suelo urbano con los servicios para que los vecinos que así lo necesiten puedan construir en los lugares adecuados”.

 

El aval del

Municipio

 

Frente a esta situación, Mestralet sostuvo que “la política del Ejecutivo municipal ha sido permitir a ciertos sectores privilegiados avanzar con la construcción en las sierras. En el country, en Villa Cordobita, en el mismo lugar en donde ahora se está repudiando esa toma de terrenos, sí permitieron, y lo vienen avalando desde hace años, la toma de esos terrenos en forma irregular”.

Detalló en relación a ello que “había una quiebra, esos terrenos estaban vacantes, el Estado se tendría que haber hecho cargo de resolver la situación legal y protegerlos, porque es una zona serrana y permitió que algunos hicieran un negociado con esos terrenos y se apropiaran, incluso que los demarcaran y quisieran hacer un country”.

 

“El country de la

jueza Berkunsky”

 

“Incluso, algunos denuncian que esta persona (Mario) Cerviño sería un testaferro, de hecho popularmente -porque hace años que caminamos la zona- los vecinos de ahí en realidad a ese country lo conocen como el de la jueza (Mabel) Berkunsky. Es evidente que hay algún tipo de relación, de tráfico de influencias”, lanzó.

Y planteó que “es una política que se da en distintos sectores de las sierras, en Villa del Lago con este convenio de la zona de Don Bosco, y no puede decir el Ejecutivo que no conoce esta situación. En el caso de Don Bosco, el abogado que representa a los particulares es un funcionario del Ejecutivo. Hay muchas situaciones que se están dando en distintos lugares que muestran claramente cuál es la política del Ejecutivo, que en lugar de agarrar y hacer respetar el PDT, y frenar y no permitir el avance de la construcción sobre las sierras, hace todo lo contrario. Lo impulsa para algunos privilegiados”.

 

“No controlar es una política”

 

Y aseguró que no sólo el PDT no permite la construcción en las sierras, sino que “la ley marco que regula la construcción en la provincia de Buenos Aires impide que se construya en una zona que no sea residencial, que no sea urbana. Esa zona no es urbana -en relación a Villa Cordobita-. En esa zona no había agua y por supuesto no hay cloacas. Entonces, no se puede construir, y eso el Municipio lo sabe, inclusive ha aplicado esa restricción en otros lugares de nuestra ciudad”.

“Y es más -remarcó- muchas de esas edificaciones se han hecho en forma irregular, no es que presentan los planos, los aprueban y después construyen. Y ahí también el Ejecutivo hizo la vista gorda y ésa también es una política. No controlar también es una política”.

 

Cumplir “la ley”

 

En definitiva, además de reclamar desde la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras la “urgente” creación de un banco de tierras que facilite el acceso de todos los ciudadanos a lotes en los lugares adecuados, Mestralet exigió que “el Ejecutivo municipal cumpla la ley y evite que se construya en las sierras y se investiguen las irregularidades que sucedieron, porque también ha habido tráfico de influencias, información privilegiada hacia ciertos sectores, fundamentalmente inmobiliarios, para que se aprovechen de las irregularidades en la situación dominial de los terrenos; que se castigue a las personas involucradas en ese tipo de delitos”.

 

El comunicado

 

En el documento exponen que la toma de terrenos y la construcción irregular existe desde antes de la toma en Villa Cordobita, y plantean que “la división irregular -la construcción y venta- existe, no solamente con la anuencia del Gobierno municipal, sino con su promoción”, como lo dejó al descubierto el Convenio Urbanístico 8, por la chacra 170, sobre Don Bosco, que “no está, y no puede ser loteada y, sin embargo, ya hay una casa construida”, advierten.

Por lo tanto, sostienen que las construcciones previas a esta toma son “una toma de tierras masiva y organizada, que responde a una gestión que sistemáticamente ha permitido la toma de terrenos con situación dominial irregular, y por lo tanto en la custodia del Estado, en las sierras, mediante la ausencia de control y regularización posterior con multas (construcciones en Villa del Lago), así como el cambio de uso de rural o complementario a urbanizable, de los terrenos de dominio privado con excepciones y convenios, por ejemplo, el hotel en La Elena”.

Concretamente, sobre Villa Cordobita exponen que “en el propio lugar, donde hoy se realiza esta toma de una manera poco clara, se pasó de terrenos usados con fines rurales por algunos pobladores al usucapión de 10 hectáreas, loteo y construcción de un country”, a lo que cuestionan qué se hizo desde el Gobierno local ante esto.

Y advierten que “también se conoció que los terrenos tomados con anterioridad contaban con información que trascendía en forma irregular desde los ámbitos públicos”.

Por lo tanto, desde la Asamblea Ciudadana en Defensa de las Sierras se preguntan porqué el Municipio se muestra “indignado” por esta toma y no por las anteriores. “¿No son esos `permisos´ a algunos privilegiados los que fomentan la toma de hoy sobre las sierras? Al mismo tiempo, ¿ha realizado este Municipio lo necesario para orientar la construcción hacia las zonas adecuadas, generando el suelo urbano compatible con el crecimiento de Tandil?”.

Por el contrario, denuncian que “ha dejado un rol indelegable del Estado en manos del mercado inmobiliario, que gana con la urbanización de las sierras y también el encarecimiento de los lotes. Faltan lotes accesibles y sobran las acciones y omisiones que han permitido el avance vertiginoso de las construcciones sobre las sierras”.

Por lo tanto, la organización rechaza todo loteo o instalación de viviendas y hoteles en las sierras, tanto las actuales como las anteriores; exige “medidas concretas” que garanticen “ni una casa más en las sierras”, como así también “la urgente creación de un banco de tierras que facilite el acceso de todos los ciudadanos a lotes en los lugares adecuados”.

En otro punto, se reclama “la investigación de las irregularidades, con delimitación de responsabilidades privadas y públicas”.

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