Quieren prohibir el nepotismo en la administración bonaerense

Los funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial tendrán prohibido contratar a sus hermanos, a sus esposas, esposos, primos e hijos en la administración pública de la provincia de Buenos Aires, en caso de prosperar un proyecto de ley impulsado por Cambiemos. La norma que pretende poner punto final al nepotismo es debatida en la Cámara de Diputados provincial.

Los casos se multiplican en todos los sectores políticos. Por eso el proyecto prevé sanciones para los funcionarios que insistan en aprovechar su posición en el Estado para nombrar a un familiar: la designación será declarada nula; se inhabilitará al funcionario por un máximo de cinco años para ejercer la función y al pariente designado, y el favorecido deberá devolver el dinero percibido.

El autor del proyecto es el diputado Guillermo Castello, que forma parte de la Coalición Cívica-Ari, dentro del frente de Cambiemos. El origen de la idea fue una nota periodística que salió hace tres meses donde se nombraba a intendentes de todos los colores políticos que habían contratado a sus familiares en el municipio. Por eso, este proyecto “es transversal a todos los partidos políticos”, indicó Castello.

El objetivo, según el legislador de Cambiemos, es “establecer una meritocracia republicana, tener una burocracia más profesional, que la administración pública tenga autonomía ante el poder político y promover la igualdad de oportunidades para acceder a la administración pública”.

Castello reconoció que existen casos claros de nepotismo dentro de Cambiemos -incluso dentro del Gobierno- e indicó que es consciente de que puede haber resistencia a este proyecto.

Sin embargo, consideró que “es un debate que hay que dar porque la ciudadanía lo está pidiendo”.

Bragado y Campana son apenas dos de los municipios que se pueden considerar ejemplos de nepotismo en el oficialismo. Sebastián Abella, intendente de Campana, de Pro, tiene a su esposa, Marina Casaretto, como concejal; su cuñado Javier Contreras ocupa una banca en el deliberativo, y su madre, María Élida García, es consejera escolar. En Bragado, el intendente Vicente Gatica puso a su hija Natalia al frente de la Secretaría de Desarrollo Social. También el marido de ella, yerno de Gatica, Mauricio Tomasino, es el actual secretario de Gobierno. El ingeniero Oscar Álvarez, esposo de la sobrina del intendente, es quien preside la Dirección de Protección Ambiental.

Carlos Arroyo, intendente de General Pueyrredón (Mar del Plata), de Cambiemos, cuenta también con varios familiares en su municipio: su hijo es concejal; otros dos hijos trabajan en Obras Sanitarias; su conviviente, Susana Rivero, es subsecretaria de Educación, y su yerno, Mauricio Loria, forma parte de la secretaría privada del jefe comunal.

En el entorno del presidente del bloque de Cambiemos, Jorge Silvestre, admiten que el debate genera resistencias. Por su parte, el diputado Marcelo Díaz, presidente del bloque GEN-Progresistas, explicó a LA NACION que cree que el proyecto de Castello “está bien en el concepto, pero debería ser más general”. Y agregó: “Yo reformularía el proyecto y plantearía un régimen de ingreso a la administración que sea de exámenes en las categorías inferiores y concursos en las categorías superiores”.

“La designación discrecional de familiares sólo es posible por quienes conciben el Estado como patrimonio propio, convirtiendo el sistema republicano en una caricatura del régimen feudal”, explicó Castello.

Este proyecto no alcanza a los municipios, pero se los invitará a adherir. La excepción sería en el caso de que la persona haya llegado al cargo por concurso público. El proyecto ingresó a la Cámara de Diputados la semana pasada y deberá pasar por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Reforma Política.

“Es una práctica tan extendida que se ha naturalizado”, opinó Castello. En el caso de que este proyecto se apruebe para la administración pública de la provincia, los municipios deberán adherir a la ley a través de sus concejos deliberantes.

A nivel nacional, el caso que más trascendencia tuvo fue el del dirigente Luis D’Elía, cuyos cinco hijos trabajaban en la Anses y cobraban sueldos que iban de los 30.000 a los 62.000 pesos, según un informe de Periodismo para todos. El que más cobraba aún no tiene el secundario completo.

En la provincia de Chubut existe un antecedente: cuando Mario Das Neves era diputado propuso un proyecto para prohibir el nombramiento de consanguíneos en los cargos de la administración pública provincial. La ley, llamada de ética pública, contemplaba una retroactividad a dos años. Pero el Das Neves gobernador la vetó en marzo de este año.

Pablo Das Neves, el hijo del gobernador, es el director del Banco Chubut; su hija, Mariví Das Neves, se desempeña como subsecretaria de Modernización del Estado; su yerno y su nuera también ocupan cargos en la administración pública. Su esposa, Raquel Di Perna, es la rectora de la Universidad de Chubut. Si la ley entraba en vigor, todos ellos debían ser separados de sus cargos.

La provincia de Buenos Aires quiere ir un paso adelante: la prohibición no sólo alcanzaría a los nombramientos. También a las contrataciones del gobierno. En Ecuador, Paraguay y Perú ya existen leyes que combaten el nepotismo. En la provincia más grande de la Argentina, el debate está abierto.

Fuente. La Nación

Nota proporcionada por :

Deja tu comentario