Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal: cómo es el "ajuste" para los municipios bonaerenses

Los intendentes que no adhieran se quedarían sin posibilidad de recibir asistencia financiera provincial o nacional Dentro del paquete de leyes que se aprobó en la Legislatura bonaerense, Cambiemos logró sancionar modificaciones al Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal, una reforma que generó más rechazos por parte de los intendentes que el presupuesto 2018 en sí mismo y el endeudamiento pedido por la gobernadora María Eugenia Vidal. La norma votada explicita que los municipios que no adhieran al régimen de responsabilidad fiscal no podrán recibir “asistencia financiera provincial y/o nacional”. En otras palabras, que no recibirán ni adelantos de la coparticipación provincial por parte de la Gobernación ni Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de parte del Ministerio del Interior. Y no es un dato menor: esta es la época del año en que los intendentes bonaerenses de todos los colores políticos peregrinan a los despachos de la Casa Rosada para pedir ATN que les permitan pagar sueldos y aguinaldos. Este año, la escena se modificará un poco. Por un lado, porque Interior busca cumplir las metas de déficit y, por ende, proyecta girar menos ATN que en el cierre de 2016. Pero, además, en la cartera de Rogelio Frigerio desean que sea Vidal quien decida qué municipios van a ser asistidos, a partir del seguimiento que hace el ministerio de Economía bonaerense, que conduce Hernán Lacunza. En otras palabras, la gobernadora tendrá más herramientas para que los intendentes adhieran a la norma. El rechazo de los intendentes se basa en que el nuevo régimen limita su autonomía a la hora de contratar personal, fijar tasas municipales o aumentar el gasto, por citar sólo algunos ejemplos. “La responsabilidad fiscal es un objetivo surgido del sentido común”, aseguró Lacunza cuando visitó la Legislatura. “Se pide que el personal municipal no suba más que la población, que la deuda contraída sea razonable, que no se le trasladen problemas financieros al sucesor… en definitiva, reglas básicas de una administración”, insistió. Las claves de la ley La ley votada establece algunas modificaciones centrales sobre el Régimen Provincial de Responsabilidad Fiscal Municipal (Ley provincial 13.295): Endeudamiento: Los municipios no pueden endeudarse por encima del 10% de sus recursos corrientes, salvo para refinanciar deuda previa en mejores condiciones. También los obliga a adherir al régimen de responsabilidad fiscal tanto para tomar deuda como para recibir asistencia financiera de provincia o Nación. Aumento del gasto: los municipios no pueden aumentar sus gastos corrientes por encima de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Antes, se calculaba sobre el crecimiento del PBI. Personal: se compromete a los municipios a que no aumenten su planta de personal por encima del aumento de la población, salvo aquellos que tengan superávit o absorban servicios del gobierno nacional o provincial o del sector privado (como la recolección de residuos). O que sean autorizados por la provincia. “Despilfarros” de última hora: la ley aprobada prohíbe a los intendentes que, en los seis meses previos a dejar el cargo, tomen medidas que incrementen el gasto corriente con carácter permanente (como los habituales pases a planta permanente de los empleados contratados) o dispongan de los bienes municipales. Reducción de tasas: la reforma invita a los municipios a bajar las tasas que recaen sobre los sectores productivos, como las que se cobran por Seguridad e Higinie o Alumbrado, Barrido y Limpieza. Información completa: la nueva norma obliga a los municipios a que acompañen sus proyectos de presupuesto con información más detallada sobre proyecciones de recursos y gastos, el stock de deuda municipal y la descripción de las políticas presupuestarias que sustentan esas previsiones. Ejecución presupuestaria: la reforma aprobada insiste en que los municipios publiquen su presupuesto en su sitio web oficial, algo que cumplen muy pocos. También les pide una actualización cada tres meses de la ejecución presupuestaria. Detalle que, en este caso, tampoco cumple la provincia (su última actualización es del primer trimestre de 2017). Por último, exige un informe trimestral con la cantidad de empleados en cada municipio y sus salarios.]]>

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