Respaldado por las empresas y la UTA, el oficialismo subió la tarifa de los colectivos
Con el voto doble del presidente del Concejo Deliberante, el bloque oficialista impuso su mayoría y ajustó la tarifa del transporte público de pasajeros. Desde la promulgación de la ordenanza, el boleto plano pasará a costar 6,50 pesos y a partir del 1 de septiembre llegará a 7,21. De nada sirvió el dictamen de minoría -proponía llevarlo a 6,25 pesos en mayo y 6,65 pesos en septiembre- presentado por el Frente Renovador-PRO ni los argumentos del PJ-Frente para la Victoria en favor de los millones que aporta la Nación para torcer la suerte de un incremento que impactará sobre los sectores de menores recursos.
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Al mismo tiempo, desde la UCR asumieron los “costos políticos” que podría tener esta medida calificada como “antipática” y reiteraron que no les resultaba “grato”. Sin embargo, se apoyaron en el contexto inflacionario y recibieron el aplauso cerrado de empresarios y choferes tras sellar la suba escalonada en dos tramos.
En la víspera, la mayoría oficialista también modificó los precios de los pasajes a las localidades rurales. El de Gardey subió de 20 a 27 pesos y a María Ignacia de 30 a 50 pesos.
Como ocurre cada año, el tratamiento de la suba de la tarifa causó gran revuelo en el primer piso de la Municipalidad. El movimiento arrancó a las 8, cuando los integrantes de la Cámara de Transporte, choferes y afiliados a la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ganaron todas las posiciones de la barra, generando un tapón humano que impidió la llegada del Partido Obrero al recinto. Así neutralizaron a los militantes de izquierda, garantizaron que se pudiera sesionar y se encargaron de respaldar cada intervención del oficialismo, al tiempo que insultaban a las voces de la oposición.
Planteado el escenario, se replicaron las posturas de los tres bloques. A pesar de algunos pasajes de violencia verbal que no encontraron eco en los concejales agredidos, en una hora el debate estaba liquidado y la votación nominal confirmó las predicciones. Tras el empate, fue Juan Pablo Frolik quien inclinó la balanza en favor de su espacio político.
Posición intermedia
La sesión comenzó con un minuto de silencio, pedido por Stella Maris Cena, en memoria de Fanny Pollak, víctima del femicidio ocurrido en los primeros minutos de ayer en La Movediza (ver página 3). La concejal recordó que en 2014 murieron 277 mujeres a manos de sus ex parejas y 450 niños quedaron huérfanos.
Tras el homenaje, Pablo Díaz Cisneros argumentó la decisión de su bloque de presentar un dictamen de minoría, en una postura intermedia entre la UCR y el rechazo de cualquier ajuste de parte del FPV. En principio, le reclamó al oficialismo la ausencia de un debate profundo que incluya cuestiones como la calidad del servicio, las frecuencias, las conductas de los choferes, la ausencia de un servicio nocturno, entre otras.
Mientras hablaba, soportó los gritos que llegaban desde la barra: “No te subís nunca al colectivo”; “Cuál es el sueldo de un chofer Cisneros”; “Callate Homero Simpson”. Así los propietarios y sus empleados rechazaron la propuesta de subir de 5,50 a 6,25 pesos desde el 1 de mayo (un 13,5 por ciento) y a 6,65 el 1 de septiembre (6,5 por ciento).
Lejos de intimidarse, citó que el estudio de costos que el Legislativo le encargó al Iapuco (Instituto Argentino de Profesores Universitarios de Costos) indica que los subsidios del Gobierno nacional subieron 11 millones de pesos y superan los 48 millones.
El médico explicó que el FR-PRO entiende la incidencia de la inflación, pero también aumentó el Indice de Pasajeros por Kilómetro (IPK) lo que se traduce en más boletos con los mismos costos. Entonces, pidió alcanzar un punto medio entre la rentabilidad empresaria y el impacto a los pasajeros.
Además, cuestionó que desde septiembre se cargará el 3 por ciento de los gastos de la comercialización de la tarjeta SUMO a los pasajeros y propuso que se financie con lo percibido por el estacionamiento medido.
“No es simpático ni agradable”
Desde la UCR, tomaron la palabra la presidenta de la Comisión de Transporte Mercedes Fuente y su compañera de bancada Carolina Gutiérrez, quienes leyeron documentos para dejar clara la postura del oficialismo.
Luego de respaldar los resultados del estudio del Iapuco, Fuente advirtió que “nadie es proclive a aprobar alegremente aumentos” y reconoció que esta posición les acarreará “costos políticos que asumimos”.
Por otra parte, reclamó debatir “sin demagogia y con responsabilidad”. Al mismo tiempo volcó expectativas en la “veracidad” de los datos que aportará en el futuro el sistema de boleto electrónico, que dispondrá GPS en los colectivos.
Rechazó que defiendan los interesas de la Cámara del Transporte, que había solicitado un aumento directo a 7,29 pesos, mientras que desde el radicalismo optaron por una suba escalonada en dos tramos.
Tras su exposición, definió que la medida “no es simpática ni agradable, es necesaria y razonable”.
En una segunda instancia, la concejal Gutiérrez contextualizó el aumento de la tarifa en la inflación y lo atribuyó a las “reglas de la macroeconomía argentina”.
Le apuntó al Gobierno nacional, al citar que en el presupuesto para 2014 calculó la inflación en el orden del 10,4 por ciento, siendo la Argentina una de las cinco economías del mundo con mayor inflación.
Por otro lado, le achacó al FPV el no haber generado propuesta alguna y pidió transparentar todas las variables, teniendo en cuenta que los subsidios no llegan a las empresas en dinero “contante y sonante” sino que se aplican al gasoil o para deducir impuestos.
En esa línea, habló del componente salarial en el valor del boleto y mencionó que un pasaje ida y vuelta a Buenos Aires hoy está en el orden de los 650 pesos.
Sobre el cierre, reiteró que “no es feliz” el aumento y “nos pone en una situación incómoda”.
Debate “pobre”
El concejal José Ignacio Fosco (FPV) fue el más atacado por la UTA mientras intentaba argumentar el rechazo del justicialismo a cualquier aumento. En principio, marcó que el estudio que justificó el pedido del 32,6 por ciento de la Cámara de Transporte estaba incompleto, ya que subió al Legislativo con ocho páginas menos.
Explicó que el informe del Iapuco se estudió durante 15 días y que en el tiempo que lleva como integrante de la Comisión de Transporte “nunca hubo una discusión tan pobre como este año”.
Fosco acusó a la UCR de otorgar el 31 del 32,6 por ciento requerido por las empresas, y una vez más puso en duda los datos aportados por los privados -“los interesados”- para realizar el estudio de costos.
También le achacó al Ejecutivo la falta de control sobre el servicio público concesionado y dijo que “el Intendente debería mirar con una potente lupa” el funcionamiento de los colectivos. En igual sentido, confió que no comprende porqué si aumentan los subsidios de Nación y el Indice de Pasajero por Kilómetro debe incrementarse la tarifa.
Reiteró que la Sapem “vino a blanquear” la “asociatividad” entre el Municipio y la Cámara de Transporte, al tiempo que celebró los resultados de los años de lucha por un debate serio ya que hoy disponen de estudios de costos, el programa PASE, boleto electrónico, GPS y se encaminan a un análisis más real.
Posteriormente, el presidente de su bloque Pablo Bossio respaldó a su compañero y repudió la violencia de la UTA “en un ámbito de libertad de expresión”.
También rechazó la “pobreza absoluta del debate que hace necesario que los temas se mediaticen” y recordó que los concejales “no somos administrativos de empresas, y aquí se beneficia a los empresarios por sobre los vecinos”.
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