Se conoció el anteproyecto de la ley para la preservación de las sierras de Tandil

El Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción dio a conocer ayer el anteproyecto de la ley para la expropiación o reconversión de las sierras tandilenses en donde funcionan yacimientos canteriles.
La ministra de la cartera, Débora Giorgi, expresó que ?desde el Ejecutivo provincial y en consenso con todas las partes involucradas en la problemática, se está trabajando en un nuevo marco normativo que está directamente relacionado con la preservación medioambiental del paisaje?.
El Gobierno bonaerense informó que el proyecto de ley en elaboración, bajo la denominación de Paisaje Protegido, implicará la reconversión o el cierre de las cuatro canteras ubicadas dentro de la Poligonal: Carba SA, Montecristo, El Naranjo y Centinela.
La iniciativa se basa en la Ley de Paisajes Protegidos de Interés Provincial 12.704, siendo puntual y específica para la situación que presenta Tandil, donde se tiene en cuenta, fundamentalmente, la interacción de la ciudad, sus habitantes y la actividad de las canteras que están próximas al ejido urbano.
El borrador del proyecto, que se encuentra ahora para su análisis en la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, dispone que las cuatro canteras deben reconvertirse o cerrarse en el transcurso del primer año luego de aprobada la ley, y que los planes de reconversión que presenten deberán ser aprobados por la Provincia.
También explicita que luego de cumplido dicho período, la Provincia dispone de diez años para concretar la expropiación de los predios.
La Dirección de Minería, el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) y el Municipio trabajan en la actualidad en la estructura de este proyecto.
Por estos días el Municipio se ha comprometido a remitir la información catastral de la zona en cuestión.
Por otro lado, también se están elaborando otros dos proyectos de ley; uno que hace a la explotación controlada con parámetros de alta exigencia para las canteras situadas fuera de la Poligonal; y el otro que regulará no sólo la actividad de las canteras, sino de toda actividad minera no metalífera ?llamada de tercera categoría?, en la Provincia.
De esta forma se podrán incluir los criterios de preservación sustentable del recurso, guarda del medioambiente en su definición más abarcativa, programas de mitigación eficientes y otras cuestiones que rigen en varios países donde la explotación minera de este tipo se hace en un marco de desarrollo sustentable.

Control

Actualmente la provincia de Buenos Aires está controlando las canteras para la realización de voladuras ubicadas en el partido de Tandil. En junio pasado la Dirección de Minería del Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción de la Provincia designó a un equipo de profesionales y técnicos que trabaja en el servicio de inspección y asesoramiento de las canteras para realizar dichas detonaciones.
Así, la Provincia cumple con la medida cautelar dispuesta por el Juzgado Contencioso Administrativo 1 del Departamento Judicial de La Plata, otorgada a la cantera Carba SA.
?Esta determinación de la Justicia no implica una decisión sobre el fondo de la cuestión, que es sobre quien cae finalmente la responsabilidad del control de voladuras bajo las normas nacionales, provinciales y municipales, situación que se dilucidará cuando el juzgado dicte una sentencia definitiva en la causa que había sido iniciada el año pasado, a raíz del decreto municipal que determinó la suspensión de las voladuras en las canteras ubicadas en el partido de Tandil y que las empresas desconocieron?, reiteró la cartera de Giorgi. 
Además indicó que uno de los antecedentes del trabajo que la Provincia viene realizando para amortiguar los efectos que la explotación minera pudiera provocar en Tandil es la cancelación definitiva de la inscripción de la cantera El Trincante SA en el Registro Provincial Minero, dispuesta por el Ministerio de Asuntos Agrarios y Producción a mediados del año pasado.
La decisión de la cartera que conduce Débora Giorgi se fundamentó en un informe técnico que definió a la empresa como ?ambientalmente no sustentable?, hecho que fue ratificado por la Asesoría General de Gobierno.
La disposición fue notificada a la empresa el 3 de agosto del año pasado a través de la Dirección Provincial de Minería, luego de que este organismo desestimara la renovación de la inscripción en el Registro de Productores Mineros que había solicitado la firma.
Los argumentos para el proceso de cierre fueron tomados de un informe técnico que realizó el Organismo Provincial de Desarrollo Sostenible (OPDS) ?que desarrolla la Evaluación del Estudio de Impacto Ambiental?, donde se señala que ?no están dadas las condiciones mínimas e indispensables para dar curso favorable al estudio del emprendimiento, lo que lo hace ambientalmente no sustentable?. *

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