Tras el caótico recital de La Renga, quieren legislar los mega eventos
El único tema que generó cruces ayer fue la convalidación del convenio firmado entre el Departamento Ejecutivo, el club Hípico y el productor de La Renga, que fue aprobado por mayoría con los votos de la UCR, el PRO y el Frente Renovador. En tanto, el FPV rechazó el acuerdo tras los incidentes graves ocurridos durante el show y se encaminará a presentar un proyecto de ordenanza que regule los mega eventos.
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En esta ocasión, el Frente Para la Victoria le recriminó al Gobierno que ante este tipo de eventos masivos debería contar con mecanismos para “controlar” a los productores, para que la comunidad no deba padecer una “muy mala organización” que derivó en “un accionar policial que rechazamos”.
El presidente del bloque Pablo Bossio reclamó al Municipio que debería haber prohibido la venta de alcohol dentro del Hipódromo durante el recital y le achacó la falta de planificación de las medidas de seguridad y el protocolo de acción ante las contingencias. “Estamos convencidos de que las decisiones del organizador derivaron en la represión policial”, dijo.
Argumentó el voto negativo de los concejales de su bloque por haber “dejado todo librado a lo que un organizador decide lo que tuvo consecuencias públicas” y agregó que el tratamiento del convenio resultó “extemporáneo”.
La respuesta vino de parte de Romina Mapelli, vicepresidenta del Legislativo, quien ratificó todo lo actuado por el Departamento Ejecutivo y explicó que el jefe de Gabinete Marcos Nicolini “realizó todas las acciones para resguardar al Municipio”.
En cuanto a la tardanza en la elevación del convenio, explicó que se debió al pedido de certificación de la firma del productor para proteger a la comuna ante cualquier eventualidad.
Luego, la concejal Corina Alexander le enrostró que el convenio viajó dos veces a Córdoba, una para que el productor lo firmara y otra para la certificación de la rúbrica, debido a que no quiso venir a Tandil antes del concierto.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos consideró que la comuna debía “resguardar al pueblo de Tandil y muy resguardado no estuvo” teniendo en cuenta que un joven recibió 30 impactos de balas de goma, lo que debería conducir a la reflexión.
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