Un funcionario de Scioli presentará el servicio de protección de los Derechos de los Niños
El ministro de Desarrollo Humano de la Provincia, Daniel Arroyo, junto al intendente Miguel Lunghi, pondrán en marcha oficialmente mañana el Servicio local de Promoción y Protección de los Derechos de Niños y Adolescentes de esta ciudad.
La apertura de la repartición que tiene su sede en Pellegrini 1654 se llevará a cabo desde las 14, acompañando a las mencionadas autoridades la subsecretaria de Infancia provincial, Martha Arriola, y el secretario de Desarrollo Social de la comuna, Julio Elichiribehety.
El servicio local, creado a partir del acuerdo entre el Municipio y el Estado provincial, será el encargado de atender todas las situaciones de vulnerabilidad de niños y adolescentes de Tandil y coordinar la implementación de programas, en articulación con el servicio zonal, los distintos niveles del Estado y las diversas instancias del Poder Judicial.
El ministro Arroyo arribará a esta ciudad poco antes de las 11, para mantener primero un encuentro con el intendente Lunghi y sus funcionarios en el palacio municipal, donde se analizarán las diversas iniciativas y programas conjuntos.
Sobre el nuevo sistema de protección de derechos del niño, Elichiribehety explicó que “Tandil adhirió a esta nueva legislación que reemplaza a la vieja Ley de Minoridad de la provincia y es en este marco que ponemos en marcha las actividades del servicio local, que estará ubicado en Pellegrini al 1600, y donde se desempeñará un equipo integrado por dos trabajadoras sociales, un psicólogo, un abogado y una tesista de trabajo social”.
El cambio sustancial que introduce el nuevo sistema provincial que se articula con los municipios es que impide la judicialización directa de aquellos casos en los que exista vulneración de derechos económicos, sociales y culturales. A la vez determina paralelamente la intervención de la Justicia en las situaciones en que resulte pertinente garantizar el cumplimiento de un derecho. Se pretende de esta manera asegurar el acceso a la alimentación, salud y educación sin requerir el auxilio judicial y a través de mecanismos idóneos y oportunos.
Recibí las noticias en tu email
Alcances de la reforma
El nuevo sistema considera niños a todas las personas menores de 18 años de edad. Impide la judicialización directa de aquellos casos en los que exista vulneración de derechos económicos, sociales y culturales, asegurando paralelamente el acceso a la Justicia en todos aquellos casos en que resulte pertinente garantizar el acceso a un derecho. Se pretende asegurar así el acceso a la alimentación, salud y educación sin requerir el auxilio de la Justicia, a través de mecanismos idóneos y oportunos.
Desconcentra funciones y recursos en los poderes locales a través de procesos de corresponsabilidad en el hallazgo de la respuesta que necesita cada familia.
Genera una nueva institucionalidad que comienza con la creación de una comisión interministerial ?que sesiona mensualmente-, y que es la puerta de acceso al cambio de prácticas y de funcionamiento de los organismos de gobierno de la Provincia. La presidencia de esta Comisión Interministerial, así como la autoridad de aplicación de la ley es el Ministerio de Desarrollo Humano.
Se crean los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, en los que los gobiernos locales impulsarán, por convenio con el Ministerio de Desarrollo Humano, equipos interdisciplinarios en contacto primario con las familias, y virtual boca de acceso a los diversos programas municipales y provinciales para satisfacer las demandas. En todos los casos, la actuación del servicio será a modo de resolución alternativa de conflictos, y con pleno consenso de las partes involucradas, no pudiendo tomarse decisión coercitiva alguna.
Los Servicios Zonales de Promoción y Protección de Derechos complementan regionalmente a cada uno de los servicios locales, coordinado y apoyando sus tareas, asumiendo la representación política de la autoridad de aplicación en territorio.
Los consejos locales son los encargados de diseñar y planificar la política de infancia local, deben ser convocados por el gobierno local y están integrados por todas las áreas del gobierno municipal, los organismos provinciales con actuación en el territorio y las organizaciones sociales que directa o indirectamente se desempeñen en el campo de la infancia.
Este contenido no está abierto a comentarios