Una nueva organización criticó los desalojos y acusó al Municipio por discriminar a los ocupas

Desde la organización, afirmaron que el Ejecutivo diseñó una política de desalojos para la campaña electoral porque busca una ciudad de perfil turístico. “Falta una decisión política de pensar en estos sectores que quizás no coincidan con el perfil de ciudad o quizás podamos lograr que convivan en la ciudad las dos cosas”, analizaron.
La agrupación está conformada por vecinos del barrio, organizaciones como el Bondi de Trabajo Social, Colectivo, Religión, Política y Sociedad, Territorio Cultural, Movimiento en la Calle, y busca elaborar un proyecto para presentar a través de Banca XXI.
Silvia Pagliaro, una de las integrantes del grupo, que además es trabajadora social, explicó que el día en que se produjo ese desalojo, una compañera de trabajo que vive enfrente de la vivienda en cuestión, la llamó y se hizo presente en el lugar. 
“Fue una situación tensa, violenta y lo más complicado fue que el Estado estuviera contra el Estado, porque la gente que fue desalojada venía con historia de derechos vulnerados. Ocupan un terreno del Estado y es el Estado mismo el que manda a desalojar, es una contradicción grande”, manifestó. 
Una de las preocupaciones centrales de la asamblea es “instalar en Tandil el tema de pensar una política de vivienda que incluya a los sectores que vienen con derechos vulnerados y que a través del mercado no pueden acceder a un crédito, a comprarse un lote. Aquel que no tiene un salario formal, vive de changas, le es imposible acceder a un terreno”. 
“La primera reunión de la asamblea tuvo como objetivo evitar los desalojos o por lo menos que estos desalojos tengan un margen de evaluación porque cuando hay legítimos propietarios es algo que se debe encauzar a través de la Justicia y el Estado tiene que salir a garantizar sus derechos”, expuso. 
En cuanto a la familia de Los Crisantemos, aseguró que “estuvieron sólo dos días en el lugar que les dio el Municipio porque no entraban ni ellos ni sus cosas. Las condiciones eran miserables así que se fueron y ahora están compartiendo la vivienda con otras personas, que es lo que suele hacer la gente para solucionar su problema habitacional, amontonarse dentro de otra casa”. 
“En este caso estamos haciendo gestiones  con Desarrollo Social con el fin de garantizar materiales para que tenga una vivienda digna esta familia”, indicó. 
 
“Justa y
equitativa”
En esa línea, planteó la importancia de que exista “una política de vivienda más justa, más equitativa y que incluya a aquellos que vienen con derechos vulnerados y que no pueden incluirse dentro de los programas estatales que existen”. 
“Históricamente los barrios periféricos de Tandil crecieron en esta extensión del alambrado. Hay que pensar una estrategia para que regularicen su situación aquellos que no tienen disponibilidad económica para hacerlo. El Estado debe garantizar y no poner un obstáculo más”, sostuvo. 
En cuanto a la política de desalojos, opinó que “estaba pensada en términos electorales, porque hay una decisión de que la ciudad esté más arreglada, más limpia, más en orden, más atractiva para el turista. Me parece que falta una decisión política de pensar en estos sectores que quizás no coincidan con el perfil de ciudad o quizás podamos lograr que convivan en la ciudad las dos cosas”.
En ese marco, aclaró que “la asamblea es abierta, puede participar cualquiera, estamos trabajando en esto porque nos parece que el Municipio no lo está haciendo”. 
 
Fuertes
cuestionamientos
 
Consideró necesario acceder al relevamiento realizado por el Municipio para ver “qué lotes están afectados, quiénes tienen un papel de propiedad, si tienen tenencia de la tierra o no y si es por posesión o por haber comprado el terreno porque las dos acreditan tenencia, si son fiscales o no”. 
“Esto también se cruza con la ordenanza del Municipio de entregarle a las ONGs tierras, habría que ver qué terrenos son y si tienen o no construcciones encima, porque la gente ha invertido en la construcción de una casa. Nosotros suponemos que en algunos de esos terrenos hay construcciones”, expuso.
En tanto, Agustín Aldazabal indicó que “el barrio se está expandiendo hacia ese lado, en el término de cinco meses la expansión sobre el territorio de viviendas precarias es muy grande. No tienen los servicios, tenemos sectores que están sin agua y sin luz, que son derechos básicos que deben estar garantizados por el Estado”. 
Pagliaro fustigó la actitud del Municipio de negarle los servicios a la gente que está usurpando viviendas ya que es “altamente inconstitucional”.
“Que en los centros comunitarios no le entreguen garrafas, ni agua potable, ni desagüe de pozos a gente que está ocupando es discriminación y la está haciendo alguien que justamente se debe ocupar de esos sectores”, criticó. 
Y recalcó que “situaciones de irregularidad en la tierra y la vivienda ocurre en todos los barrios periféricos de Tandil. El Municipio tenía prevista una serie de desalojos para octubre que no se llevaron a cabo, no solamente en La Movediza. Pero hay desalojos que se van a producir porque se vienen dando los pasos judiciales para que se cumplan”. 
Agustín Aldazabal añadió que “existe voluntad de estas familias de comprar los terrenos, o de financiarlos, el tema es que en todos estos planes lo que se les exige como cuota mínima supera completamente sus posibilidades”. u
 

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