El defensor oficial Diego Araujo busca elaborar un protocolo de actuación para situaciones de desalojo

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El pasado miércoles fueron desalojadas dos familias que habían ocupado terrenos municipales en Los Jazmines al 2100, barrio La Movediza. A raíz de lo acontecido, el defensor oficial, abogado Diego Araujo, se refirió al ser consultado por El Eco de Tandil a la formulación de un protocolo para aplicar en este tipo de situaciones en las existe la presencia de muchos menores y mujeres.

Araujo precisó que “lo central es ponerse a pensar entre todos un protocolo de actuación en caso de desalojos forzados o cuando hay niños involucrados”.

En tal sentido aseveró que “en primer lugar la absoluta necesidad de establecer un protocolo de actuación de carácter formal y general frente a situaciones de desalojos forzados cuando se encuentren niños o mujeres involucradas. Esto tiene que ver con la necesidad de adecuar los procedimientos de desalojos a pactos internacionales tales como el Pacto Internacional de Derechos Sociales y Económicos (Pidesc). Así como también la Observación número 4 del Comité de la DESC que establece el reconocimiento ‘del derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia’. No es una cuestión novedosa, en la ciudad de Buenos Aires se aplica un protocolo a partir del 2008 a instancia de esta problemática específica cuando hubo asentamientos tan grandes como el Indoamericano y demás. Existen pautas de actuación a la policía, a los organismos administrativos y al Poder Judicial que incluso han tenido repercusión judicial, hay algunos fallos que hacen referencia a la necesidad de protocolo de actuación”.

El funcionario del juzgado local detalló que “desde la defensa pública estamos evaluando, más allá de que el desalojo ya se produjo, llevarlo a un organismo superior como la Cámara para que evalúe la posibilidad de establecer pautas de actuación frente a estas situaciones particulares”.

El defensor oficial Diego Araujo está propulsando la confección de un protocolo de actuación para casos de desalojos.

Sostuvo que “la idea es que previo a un desalojo forzado cuando se advierta la existencia de niños, que no haya meras notificaciones, sin verificar que se tomen medidas efectivas a fines de resguardar los derechos del niño. Una de esas medidas sería verificar antes de que se haga el desalojo la relocalización de esos chicos”.

Estándar mínimo
de actuación

En otro tramo de la nota, Araujo especificó que “también en opinión del Comité, el derecho a la vivienda no se debe interpretar en un sentido estricto o restrictivo que lo equipare, por ejemplo, con el cobijo que resulta del mero hecho de tener un tejado por encima de la cabeza o lo considere exclusivamente como una comodidad. Debe considerarse más bien como el derecho a vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte”.

Agregó que “por otra parte esta necesidad de contar con un protocolo no quiere significar que no haya criterios de actuación de la Fiscalía, Defensoría o jueces que intenten minimizar los riesgos antes esta situación. Todo lo contrario; esos criterios existen, sin embargo es imperativo establecer criterios generales de actuación que se apliquen siempre y en todas situaciones cuando hay niños involucrados. De esa manera se puede garantizar un estándar mínimo de actuación que tenga en cuenta la Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños”.

Remarcó que “en este caso en particular, más allá de la buena voluntad de funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social, tales como Pablo Civalleri o Alejandra Marcieri, o funcionarios como Romano y Juan Martín Pisani del área de Seguridad Ciudadana y Legales respectivamente, hay que destacar muy especialmente el interés demostrado para minimizar los efectos nocivos del desalojo, a quienes les estoy agradecido. Lo cierto es que no se trata de voluntades individuales sino de crear una vía institucionalizada y formalizada que permita aplicarse en caso de necesidad en todos los casos”.

Objetivo

Araujo auguró que “mi idea es convocar a todos y tratar de hacer buenos oficios desde la defensa pública para que nos reunamos con la comisión de Derechos Humanos del Concejo Deliberante, con algunos representantes del Poder Ejecutivo ya sea de Desarrollo Social o de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo mismo para el Poder Judicial y también el Jefe de la Distrital de la Departamental. El objetivo es tratar de escucharnos y ver si podemos establecer pautas mínimas de actuación para estos casos, fundamentalmente para resguardar a los menores y las mujeres que de hecho normativamente están resguardados. Sucede que en estos casos parece haber un divorcio de esa resolución de desalojo forzado y la situación de protección que debiera estar y no está”.

Señaló que “la idea central es convocar a distintos organismos administrativos y judiciales para que trabajemos en conjunto en función de lograr un protocolo de actuación”.

Contó que “los jueces o a veces los fiscales en coordinación con la defensa ante situaciones de desalojo tratamos de implementar un pequeño protocolo que no está escrito. Tratamos de acercar a las partes, de generar que el desalojo se haga en forma voluntaria, que el Municipio les brinde ayuda efectiva. Logramos de alguna manera minimizar situaciones violentas o de riegos. La idea hacer formal y escribir a ese protocolo y lograr que sea lo más generar posible para que se pueda aplicar a todos los casos”.

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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