Grasso aseguró que “ningún servicio de atención” a adictos “se va a cerrar intempestivamente”
El funcionario tandilense rechazó las versiones de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, que lo había marcado como el “brazo ejecutor” y “verdugo” de los centros de internación para drogadependientes. Indicó que la resolución de la Secretaría de Gobierno de Salud “no hace referencia a plazos, y mucho menos estipula cierres compulsivos”. Transmitió tranquilidad a las familias de los pacientes.
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El director Nacional de Salud Mental y Adicciones, el tandilense Luciano Grasso, salió al cruce de las declaraciones del presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina Claudio Izaguirre, quien lo había señalado como el “brazo ejecutor y verdugo” del inminente cierre de los centros de rehabilitación de adictos a partir de enero de 2020, en línea con la reglamentación de la Ley de Salud Mental.
“A partir de algunas repercusiones surgidas luego de la aprobación de la Resolución 715/2019, es necesario realizar algunas aclaraciones respecto a ciertas interpretaciones erróneas que pueden generar preocupación en usuarios, familiares y trabajadores”, advirtió Grasso en comunicación con esta Redacción.
Explicó que reglamentación que recientemente aprobó la Secretaría de Gobierno de Salud (y que puede ser consultada en http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000001448cnt-2019-04_pautas-organizacion-funcionamiento-salud-mental.pdf) “es una herramienta fundamental para que los ministerios de salud de las provincias y los responsables del sector privado avancen en los procesos de reforma de la organización y el funcionamiento de los dispositivos y efectores sanitarios, acordes a la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental y establece de manera orientadora los requerimientos, las características y los servicios mínimos que deben estar presentes en los mismos”.
El funcionario nacional indicó que “la resolución no hace referencia a plazos, y mucho menos estipula cierres compulsivos” y aclaró que “ningún servicio de atención se va a cerrar intempestivamente. La legislación vigente en todos sus niveles y las gestiones gubernamentales desarrolladas en esa línea establecen claramente que no se realizarán acciones que perjudiquen ni vulneren a usuarios ni a trabajadores del sistema de salud”.
Argumentó que la resolución se enmarca en Ley de Salud Mental y en la política pública de salud nacional, validada por documentos y declaraciones de organismos internacionales.
La legislación
Luciano Grasso explicó que la Ley Nacional de Salud Mental, sancionada hace ya 9 años por unanimidad y que es reconocida internacionalmente, “plantea un modelo de salud mental comunitario y que garantiza los derechos de las personas con padecimientos mentales, basado en la estrategia de atención primaria de la salud, que desde la Declaración de Alma Ata en 1978, hasta la reciente Declaración de Astana, posee consenso mundial”.
Y describió que “para su implementación, es necesario un proceso de reforma de los sistemas sanitarios, integrando el abordaje de la salud mental y las adicciones al de la salud en general, a través del fortalecimiento de una red integrada con base en la comunidad. No se trata de cerrar, sino de abrir, de transformar y ampliar la red de atención”.
En esa línea, detalló que los organismos internacionales (Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud), la mayoría de los países del mundo, la legislación argentina y por sobre todas las cosas, las personas que necesitan una atención de calidad para sus problemas de salud mental exigen que estos cambios se profundicen.
Los cambios
“Hoy una persona que tiene un padecimiento mental, incluyendo las adicciones, tiene muchas dificultades en nuestro país para que ese problema sea tratado en un centro de salud de su barrio. Si tiene una crisis y requiere una atención urgente, también tiene dificultades en las guardias de los hospitales generales, más aún si requiere una internación breve. Lo mismo sucede con personas con problemas de adicción”, afirmó Grasso.
También sostuvo que “la atención en salud mental continúa concentrándose en los hospitales con internación monovalente, en donde el promedio de tiempo de internación es de 8 años. La persistencia de este modelo de internaciones prolongadas y de una lógica de encierro sigue siendo un problema, a pesar de que existe consenso mundial respecto a que dicha modalidad de atención no es válida desde lo científico técnico y vulnera derechos”.
El funcionario consideró que “todos vamos a coincidir en que nadie debe vivir en un hospital, que las personas con padecimientos mentales y adicciones tienen el mismo derecho a tener una atención oportuna, integral, de calidad, efectiva y que garantice su libertad, viviendo en la comunidad” y concluyó que “la Ley Nacional de Salud Mental, lejos de impedir el acceso a la atención, es la herramienta jurídica que promueve y garantiza el avance hacia esa mayor y mejor atención necesaria”.
“Las internaciones deben ser lo más breves posible”
Por otra parte, Luciano Grasso fundamentó que crear o fortalecer la red integrada de salud implica que “los problemas de salud mental y adicciones se atiendan en los centros de salud de los barrios, donde viven las personas. Allí se debe profundizar la promoción de la salud y la prevención”.
Y citó como objetivos garantizar la atención de la salud mental y las adicciones en los hospitales generales y la creación de casas de medio camino, centros de día comunitarios y emprendimientos de inclusión laboral.
“Para avanzar en estos cambios, desde la Dirección Nacional de Salud Mental estamos capacitando a los trabajadores del primer nivel de atención, creando equipos de abordaje psicosocial en varias provincias, acompañándolas en los procesos de reforma y a su vez, estamos concluyendo el primer censo nacional de personas internadas por motivos de salud mental”.
Grasso sostuvo que “en este modelo propuesto, la atención debe ser integral, en todos los efectores de salud, de manera articulada, promoviendo los vínculos. Siempre se debe privilegiar la estrategia terapéutica que menos restrinja la libertad de la persona. En el caso en el que sea necesaria una internación, debe ser lo más breve posible. Lo mismo sucede con las adicciones”.
El director nacional de Salud Mental y Adicciones advirtió que “debe quedar claro que la internación es un recurso terapéutico importante y necesario en el caso de las adicciones, y que la Ley de Salud Mental las permite en las situaciones de riesgo cierto e inminente. Pero el cambio de paradigma implica entender que la internación debe dejar de ser la primera (y muchas veces única) respuesta”.
Y detalló que “en lo que respecta a los hospitales con internación monovalente, el objetivo es que desarrollen un proceso de adecuación hasta su sustitución definitiva por dispositivos alternativos de atención en la comunidad. Así dice la Ley de Salud Mental. Esto debe hacerse necesariamente de manera procesual y para eso estamos acompañando a las provincias. No se trata de cierres, sino de transformaciones para mejorar la atención de las personas con problemas de salud mental y adicciones”.
“Los excluyen”
Al hablar de las adicciones, fundamentó que “el diagnóstico situacional nos muestra que existen muchas dificultades para lograr el acceso a los sistemas de salud, que muchas veces los excluyen. El modelo de atención también debe ser comunitario, en red, interdisciplinario e intersectorial, basado en la prevención”.
Al mismo tiempo, informó que desde hace varios meses se conformó una mesa de trabajo con Sedronar, OPS, Órgano de Revisión Nacional, Consejo Consultivo Honorario, Fonga (Federación de Organizaciones No Gubernamentales para la Prevención y el Tratamiento de Abuso de Drogas, que nuclea a comunidades terapéuticas) y la Dirección Nacional de Salud Mental.
“Fruto de ese trabajo, se ha llegado a un consenso entre estos actores respecto a cómo debe funcionar la red y en particular, cuáles son los pasos y plazos que deberán realizar las comunidades terapéuticas para adecuar su funcionamiento al modelo establecido por la ley. No se habla de cierres, es importante aclararlo ya que algunos actores han difundido informaciones falsas que confunden a la población en un tema tan trascendental para la salud pública”.
Por otro lado, adelantó que el documento de consenso será aprobado por una resolución conjunta entre la Sedronar y la Secretaría de Gobierno de Salud.
“Como todo proceso de cambio, genera miedos y resistencias en algunos sectores. En algunos casos, por modelos o pensamientos contrapuestos, en otros por intereses sectoriales. Lo importante es que la comunidad tenga la información correcta: necesitamos trabajar todos juntos, más allá de las diferencias teóricas, ideológicas, sectoriales, corporativas y políticas. Tenemos así, la responsabilidad de pensar primero en las personas con padecimientos mentales y adicciones como prioridad, y de actuar en consecuencia”, remató.