“Hay una tremenda transferencia de recursos a un núcleo empresario que monopoliza el sector energético”
Quien fuera presidente de la Usina en la década del 80 también ve con preocupación la realidad que atraviesa la sociedad con respecto al valor de los servicios públicos; concretamente, la luz. Jorge San Miguel, que pasó por la dirección del Organismo de Control de la Energía Eléctrica de Buenos Aires (Oceba), es actual colaborador de la sindicatura de usuarios y planteó tres puntos alarmantes en la problemática del tarifazo imparable.
“En primer lugar, creo que las políticas energéticas y tarifarias del Ejecutivo provincial coinciden con los intereses de las empresas”, sostuvo. En segundo lugar, planteó que los dirigentes que ocupan los cargos que definen todas estas cuestiones arancelarias, hasta diciembre del 2015, eran miembros de Edenor. “Son los mismos que hoy definen cuáles son esos montos y cómo se hace una gran transferencia de recursos desde los usuarios hacia muy pocas compañías concentradas”. La tercera preocupación apunta a cómo se han articulado los incrementos en los últimos dos años, donde en la factura está por un lado la generación que surge con costos altos del petróleo y el gas natural que están dolarizados. En este aspecto remarcó que se trata de valores muy altos, “quizás con la intención de que los empresarios inviertan en esos sectores”, pero el problema es si la gente lo puede pagar o no, consideró.
La solución desde su punto de vista tiene que centrarse en tratar la cuestión de fondo, que significa analizar bien los costos de generación, tratar de congelar los de distribución y bajar las alícuotas de los impuestos nacionales, provinciales y municipales a los valores de la inflación de los últimos tres años. “No que esté el gobierno como socio de estos aumentos tarifarios, que se concentran en los amigos del poder y en el Estado nacional”, enfatizó
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La otra cara de la boleta
“La otra parte del precio gira en torno al valor agregado de distribución de las propias distribuidoras de energía eléctrica que han aumentado en general más del 500 o 600 por ciento”, afirmó. En este sentido contó que existe, de acuerdo a la resolución 413 de mayo del 2017, un ajuste automático de arancel que se da todos los años cerca del mes de julio, lo que significa que la luz va a volver a incrementarse un 25 por ciento aproximadamente y que “no va a parar nunca más”. Es el artículo 40 de esa misma resolución lo que habilita a las empresas a aumentar la tarifa y sus costos.
El tercer gran componente supone los impuestos. De hecho, remarcó que el IVA que pagaba el pueblo de Tandil también aumentó la recaudación en un 500 o 600 por ciento, y “de eso se benefician los estados nacionales, provinciales y municipales”.
“Creo que ha llegado el momento en que la gente no puede pagar, y una forma de disminuir la tarifa es que el fisco no tenga la voracidad que ha tenido hasta ahora y baje esos tributos a más de la mitad, respetando solamente la inflación que hubo en los últimos dos años”, exhortó.
En esa línea, advirtió que hay que pensar de manera integrada, no solo en los usuarios particulares sino en las pymes, instituciones, clubes de barrio y “particularmente en Tandil en la industria metalmecánica que está realmente complicada”.
Políticas más activas
En referencia al proyecto de Integrar, que propone limitar al 25 por ciento el aumento de los tributos que componen la tarifa de luz San Miguel consideró que “ese es el camino” aunque no debe quedarse solamente en las tasas municipales sino hacerlo extensivo al IVA y a los demás impuestos. “Además hay una tremenda transferencia de recursos desde esta localidad a un grupo muy chico de empresarios que tienen casi monopolizado el sector energético, que también se da hacia el Estado nacional a través de impuestos. Son millones y millones que se van de esta ciudad”, denunció.
Para lograr un avance significativo remarcó que es necesario cambiar estas alícuotas: “Porque no hay para pagar y, antes de tener algún estallido social, tienen que ponerse a pensar seriamente como solucionar este problema”.
“La opción del pago en cuotas puede hacerlo más llevadero, pero la gente hoy tiene un problema económico, no financiero”, diferenció. Recordó que cuando se bajaron las tarifas de los servicios públicos fue en función de los recursos, los sueldos y los costos, sin embargo, cuando subieron no se le dio al usuario o empresario la plata para cubrir esos montos y ahora no se puede abonar. “Entonces, las cuotas son un paliativo muy chiquitito”.
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