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Los centros de diálisis no tomarán nuevos pacientes de PAMI por conflictos económicos

El Eco

La medida que restringe el ingreso de nuevos pacientes afiliados a PAMI a los servicios de diálisis fue dispuesta este lunes por la Confederación de Asociaciones de Diálisis de la República Argentina (Cadra), la Cámara Argentina de Productos y Servicios de Terapia Renal, y la Asociación Regional de Diálisis y Trasplantes Renales de la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. La decisión también afecta al Centro Privado de Diálisis Tandil, ubicado en Uriburu 967, según confirmó su titular, el médico nefrólogo Vito Mezzina.

No obstante, el referente de la agencia local de PAMI, Facundo Llano, consultado por este Diario aseguró que por el momento  no había sido notificado oficialmente de la medida, pero aclaró que “si interrumpen un contrato tienen sanciones”.

La determinación de cortar la admisión de nuevos pacientes de la obra social estatal, que tiene una de las plantillas de afiliados más grandes del país, se sustenta en la falta de respuestas del PAMI a los reclamos públicamente planteados por los prestadores. Así, detallaron que, los casi 500 centros de diálisis que brindan atención vital en todo el país a más de 10.000 afiliados de la mutual, “se encuentran al borde de la quiebra debido a que el precio que reciben por cada sesión de diálisis no logra cubrir los costos mínimos que implica la prestación”.

Según explicaron las entidades, la grave situación se ve profundizada por el escenario de pandemia de Covid-19, porque se tomaron medidas extraordinarias que incrementaron sustancialmente los costos de los tratamientos, a fin de preservar la salud de los pacientes renales y del personal sanitario.

Por este motivo, expusieron que se verán imposibilitados de admitir nuevos ingresos en las condiciones actuales pero afirmaron que los usuarios de PAMI que actualmente se encuentran en tratamiento seguirán recibiéndolo.

El actual desfasaje acumulado, relacionado con la escalada del dólar, la inflación del año 2020 y los incrementos de costos, producto de las múltiples medidas de bioseguridad que se debieron asumir de acuerdo a lo requerido por el Ministerio de Salud de la Nación ante la pandemia de coronavirus, hace que la diferencia actual entre el precio que la obra social reconoce por la prestación y el costo de la misma, se encuentre por encima del 45 por ciento.

“Así como el precio actual no permite cubrir el costo de las prestaciones, tampoco lo hacen los adicionales vinculados a las medidas de bioseguridad que debieron y deben seguir siendo implementadas para atender a los pacientes en el marco de la pandemia. La falta de recomposición del precio de las prestaciones genera un desfasaje imposible de sostener en el tiempo”, cerraron.

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