Se amplía el debate sobre los beneficios de jueces en Brasil

Agencia

El juez más famoso de Brasil, Sérgio Moro, de la Operación Lava Jato, quedó envuelto en un debate nacional sobre beneficios que recibe, al igual que el 70 por ciento de los jueces, por ayuda para pagar un alquiler, incluso viviendo en casas propias.

Según admitió el propio Moro, desde 2014 recibe unos 1300 dólares mensuales como “ayuda-vivienda” pese a que posee casa propia en la ciudad de Curitiba, desde donde ese mismo año comenzó a comandar la mayor operación anticorrupción de la historia de Brasil.

Todos los fiscales y jueces tiene derecho al auxilio vivienda como un ítem separado del salario básico, pero este beneficio originalmente fue otorgado para los jueces que debían mudarse de sus ciudades de residencia, según la ONG Contas Abertas.

Moro, en total, cobra el equivalente a unos 10.800 dólares por mes (sueldo más extra), pero a fin de año, según el mismo reconoció al portal UOL, por una serie de beneficios, llegó a recibir unos 35 mil (cerca de 100 mil reales).

Lo cierto es que en los últimos meses, con el Poder Judicial en plenas batallas políticas, entre ellas tomando decisiones en el Poder Legislativo, bloqueando la asunción de ministros o por condenas a dirigentes, los trapos sucios de los tribunales han salido a la luz.

También recibe auxilio de vivienda la mano derecha de Moro en Río de Janeiro, el juez Marcelo Bretas, pero con un detalle: este magistrado está casado con una jueza y ambos reciben el mismo beneficio viviendo juntos en casa propia, es decir unos 2.600 dólares mensuales.

Bretas dijo en Twitter, con amplio repudio en las redes, que pretende ir a todas las instancias de la justicia a defender el doble beneficio. Horas después, el juez, famoso por condenar y mandar preso al ex gobernador de Río Sergio Cabral, renunció a Twitter, aunque no al doble beneficio.

El Poder Judicial en Brasil paga impuesto a las ganancias pero recibe ajustes salariales por encima de la inflación y del resto de los empleados públicos, aunque desde 2015 los extras se han detenido y es motivo de queja por parte de la Asociación de Jueces y de Fiscales. (Télam)

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