El Gobierno sostuvo que el pago extra es legal y constitucional

El Gobierno sostuvo hoy que el cobro adicional en las tarifas de gas dispuesto a raíz de la devaluación “no es ilegal ni inconstitucional” y argumentó que es necesario “respetar los contratos con las empresas productoras”.

Germán Garavano, ministro de Justicia.

El Eco

El ministro de Justicia, Germán Garavano, resaltó: “No es ilegal ni inconstitucional. Es un marco regulatorio que está vigente y que se dictó durante la Presidencia de Carlos Menem”.

Al formular declaraciones a la prensa acreditada en la Casa de Gobierno tras la reunión de Gabinete, consideró que la Resolución 20/2018 que dispone el pago “extra” en la tarifa fue dictada dentro de los marcos regulatorios vigentes por leyes sancionadas en el Congreso.

Garavano aseguró que “todos los Gobiernos mantuvieron” esa regulación y aclaró que “sobre esta cuestión, en definitiva, se pronunciará la Justicia”.

El funcionario confirmó que, durante la reunión de Gabinete, el secretario de Energía, Javier Iguacel, expuso ante el presidente Mauricio Macri y los ministros sobre el avance de la producción de gas en el Yacimiento de Vaca Muerta y “sus últimas declaraciones” sobre las tarifas del gas.

El titular de Justicia aclaró que el “Enargas es el que aplica el marco regulatorio que se dictó” en 2004 y enfatizó que será un tema “que evaluará la Justicia”.

De esta forma, Garavano, se refirió a la denuncia impulsada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, contra Iguacel por presunto “abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público”.

La investigación quedó radicada en el juzgado Federal de María Servini de Cubría, quien delegó el expediente en la fiscal Paloma Ochoa.

Por su parte, Iguacel sostuvo que el cargo extra en las tarifas de gas “no era para una demanda judicial”.

“Me parece que el tema no era para una denuncia judicial, pero me presentaré y que la Justicia decida. Está bien que los funcionarios estemos expuestos a dar explicaciones, pero todo lo que se hizo está dentro de la ley”, justificó el funcionario.

En declaraciones a radio Mitre, Iguacel analizó el cargo extra en las tarifas, a pagarse en 24 cuotas desde el primero de enero de 2019 y evaluó que si no se hacía de esa forma, “en vez de 34,7 por ciento, el incremento hubiera dado el 200 por ciento”.

“Buscamos resolver el problema respetando los contratos y teniendo en cuenta lo que le cuesta a la gente llegar a fin de mes”, afirmó.

Así, insistió: “Para poder hacer esto, se dispusieron la 24 cuotas, que tienen un impacto más bajo que hacerlo de otra manera”.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reconoció que cualquier aumento en la tarifa de gas “es mucho”, pero aclaró: “El aumento está incluido en los contratos de hace dos décadas que ningún Gobierno después cambio”.

“No lo decidió este Gobierno, está en los contratos firmados en la época de (Carlos) Menem y que durante doce años kirchneristas nadie los cambio”, insistió Larreta.

“Cualquiera que hubiera estado en el Gobierno tenía que llevar adelante estos aumentos porque están en los contratos que se firmaron hace tres gobiernos”, remarcó.

El senador oficialista Esteban Bullrich les pidió a los usuarios y consumidores que paguen el sobrecargo en las facturas de gas porque ese dinero es necesario para “cubrir los costos de producción”.

El exministro de Educación subrayó que reconoce el “malestar” social que genera la decisión de Iguacel, de pagarle diez mil millones de pesos a las gasíferas. NA

 

 

 

 

 

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La oposición une fuerzas y pide

una sesión para frenar el pago

 

 

La oposición en la Cámara de Diputados presentó un pedido de sesión especial para el jueves 18 a fin de frenar la resolución de la Secretaría de Energía que “compensa” a las empresas prestadoras de gas por la devaluación a través del cargo de un adicional en las facturas que pagan los usuarios.

El temario de la sesión, convocada para las 11:30, también incluye pedidos de interpelación del secretario de Energía, Javier Iguacel; del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y del titular de Enargas, Mauricio Roitman, para que brinden explicaciones.

El massismo incorporó a su vez un proyecto de resolución para solicitar al Poder Ejecutivo que “deje sin efecto o suspendida” la medida.

La versión de una ofensiva opositora contra la resolución 20/2018 tomó fuerza el lunes cuando se tejieron los acuerdos entre las distintas fuerzas políticas, y terminó de cobrar forma este martes: la jefa del bloque del Frente Renovador, Graciela Camaño, tomó la delantera y comenzó a girar el proyecto a las otras bancadas opositoras.

Así, tras la rúbrica de Diego Bossio (Justicialista), fueron llegando las firmas de Agustín Rossi (FpV), Leonardo Grosso (Movimiento Evita), Nicolás del Caño (PTS-FIT), y varias otras, para llegar a un total de 19 firmas.

Todas estas bancadas ingresaron el lunes proyectos de derogación de la resolución, que fueron incluidas en el temario de la sesión especial.

De este modo, la oposición pretende asestarle al oficialismo un revés parlamentario, para que pague el costo político de una medida que considera “inconstitucional” por el carácter retroactivo del adicional, que se repartiría en 24 cuotas de 100 pesos mensuales.

Sin embargo, lo apretado de los tiempos impediría que la oposición llegue al recinto con dictamen favorable, por lo que de lograr quórum para habilitar la sesión precisaría una mayoría calificada de dos tercios de los votos, una cantidad que no está en condiciones de garantizar por sí misma.

El oficialismo descansa sobre la certeza de que finalmente la sangre no llegará al río, pero la perspectiva de que la controversia del “tarifazo” del gas, en la que el Gobierno aparece solidario con las compañías prestatarias en detrimento de los usuarios, amplifique su eco en el Congreso de la mano de la oposición, lo pone en una posición incómoda y a la defensiva.

Desde el gobierno, Iguacel justificó el ajuste y dijo que está a disposición de la Justicia para rendir cuentas sobre la medida, luego de que el fiscal Guillermo Marijuán lo denunciara por presunto abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.

El lunes, el diputado José Luis Ramón presentó en Mendoza la primera demanda colectiva contra la resolución, resaltando su carácter “inconstitucional”, para que la Justicia deje sin efecto el traslado del costo de la devaluación a los usuarios.

En paralelo, este martes Camaño junto a sus pares del Frente Renovador Carla Pitiot y Marcela Passo presentaron un recurso de amparo contra la medida, y lo mismo hizo la diputada de centroizquierda Victoria Donda junto al referente de Barrios de Pie Daniel Menéndez.

Junto a Camaño, Rossi, Bossio, Del Caño, Grosso, Passo y Ramón firman el pedido de sesión especial los diputados del Frente Renovador Mirtha Tundis y Marco Lavagna; del FPV-PJ José Luis Gioja, Cristina Álvarez Rodríguez, Mayra Mendoza, Norman Darío Martínez, Fernando Espinoza; de Argentina Federal Sergio Ziliotto, Melina Delú y Ariel Rauschenberger; y de Unidad Justicialista (San Luis) Andrés Vallone. .

 

 

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La UIA se sumó a las

quejas por el reajuste

La Unión Industrial Argentina (UIA) manifestó su “preocupación” por el aumento en las tarifas de energía y apuntó particularmente al del gas, ya que aseguró que “afecta” en especial a las pequeñas y medianas empresas.

Así lo expresaron los representantes de la central fabril durante la reunión de Junta Directiva llevada a cabo en la tradicional sede ubicada en Capital Federal.

En diálogo con NA, el miembro titular de la UIA José Ignacio de Mendiguren indicó que en el encuentro la Junta Directiva de la entidad coincidió en que “hay otros caminos que se pueden tomar para que sea compatible la necesidad de inversión con la capacidad de pago”.

El también diputado nacional del Frente Renovador subrayó que “afecta” a las pequeñas y medianas empresas y argumentó que “no es razonable que las inversiones no pueden estar a cargo de los usuarios”.

Asimismo, aseguró que el sector industrial tiene “preocupación” por la situación y subrayó: “En el tema de la retroactividad de la tarifa de gas advertimos que hay un problema cuando se dolariza parte de la economía”.

“Hay una empresa que acepta un contrato en el que compra en dólares y cobra en pesos. Debería tomar recaudos porque no es de sorprender un proceso devaluatorio en la Argentina”, señaló el legislador opositor. NA

Nota proporcionada por :

  • ElEcodeTandil

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