Un magistrado de Buenos Aires declaró inconstitucional el protocolo de seguridad
El juez en lo Contencioso Administrativo y Tributario porteño Roberto Gallardo declaró inconstitucional la resolución del Ministerio de Seguridad que modificó el reglamento para las fuerzas federales sobre uso de armas de fuego.
Mientras siga vigente la medida cautelar dictada ayer, el protocolo que lanzó Patricia Bullrich no podrá ser aplicado en la Ciudad de Buenos Aires, aunque el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ya anticipó que quiere adherirse.
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Gallardo hizo lugar a un pedido realizado por la diputada porteña Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la Ciudad; la abogada de la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Coordinadora contra la Violencia Policial e Institucional (Correpi), y Carla Lacorte, víctima y sobreviviente de un caso de gatillo fácil.
En la presentación, efectuaron un pedido de nulidad de la resolución 956/2018, dispuesta por la cartera de Seguridad.
“Esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal de Rodolfo Orellana de CTEP en La Matanza, y la represión a conflictos gremiales como SIAM”, sostuvo Bregman.
En su demanda, indicaron que “la Resolución en cuestión se encuentra en clara violación a la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”, por lo que solicitaron “con carácter urgente se dicte medida cautelar y se suspenda la Resolución, ordenándose abstenerse a aplicar lo allí dispuesto hasta tanto se dicte sentencia respecto a la inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Resolución”.
El juez Gallardo hizo lugar a la cautelar y ordenó notificar de dicha decisión a Rodríguez Larreta, al ministro de Seguridad porteño, Diego Santilli, y a Bullrich.
Más allá del fallo judicial, el Gobierno porteño confirmó que adherirá al protocolo de uso de armas de fuego dictado por el Ejecutivo, adelantó que buscará regular el uso de armas no letales y cuestionó a Gallardo.
“La Ciudad va adherir al protocolo. Trabajamos muy bien en equipo con la seguridad nacional, somos un solo equipo”, dijo el jefe de Gobierno porteño.
A su vez, Santilli confirmó que dialogó con su par de la Nación “para avanzar en la reglamentación del uso de armas no letales”.
“Vamos a adoptar el reglamento pero también trabajar en lo que tiene que ver con pertrechos, gases lacrimógenos, con balas de goma y lo que tiene que ver con un montón de situaciones en las que trabajan nuestras fuerzas de seguridad”, señaló.
Argumentos
Según dijo, hay “una ley que no se puede desconocer en la Ciudad, que habilita la voz de alto del policía, en qué momento tiene que usar el arma, en el marco de protección y está bajo las normas de Naciones Unidas, pero es difusa en términos de armas no letales”.
En declaraciones a La Once Diez, Santilli resaltó: “No entiendo por qué un juez de la Ciudad se mete en un reglamento federal. La verdad no entiendo, dice que es inconstitucional y nosotros estamos cumpliendo una ley”.
“Habría que preguntar por qué un juez de la Ciudad se mete en un reglamento federal declarando un reglamento como inconstitucional. La Ministra de Seguridad tiene un reglamento, todo reglamento bienvenido sea, pero nosotros también tenemos una ley que tipifica. Nosotros tenemos un tema de funcionamiento en cuanto a las armas no letales, por ejemplo”, agregó. NA
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Respuesta disímil en el interior
En medio de la polémica, la nueva reglamentación para el uso policial de armas dispuesta por el Gobierno generó diferencias en Cambiemos y respuestas dispares en las provincias, ya que las administraciones de María Eugenia Vidal, Gerardo Morales y Gustavo Valdés adelantaron que por el momento no aplicarán las modificaciones en sus territorios.
El protocolo que lanzó la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, con aval del presidente Mauricio Macri, despertó el inmediato rechazo de la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, y la desconfianza en algunos referentes de Cambiemos, que prefirieron tomar distancia de la medida, que habilita a las fuerzas federales de seguridad a disparar sin necesidad de dar la voz de alto o de responder una agresión armada.
Vidal no tiene previsto en el corto plazo sumarse a la medida, porque considera que “no es el momento”: según supo NA, el Ministerio de Seguridad que comanda Cristian Ritondo entiende que “no todas las policías son iguales” y que el gobierno nacional “considera que debe unificar el criterio de acción de las fuerzas federales”, por eso dicta el protocolo.
Sin embargo, la Provincia estima que “antes de redefinir su marco de actuación”, la Bonaerense debe terminar con el “proceso de reforma profunda e integral” que se inició con la llegada de Vidal a la Gobernación.
También el ministro de Seguridad jujeño, Ekel Meyer, confirmó que “por el momento” la provincia que gobierna el radical Morales “no necesita adherir” al nuevo protocolo nacional.
“Hoy comencé la reunión hablando de la resolución 956/18 dictado por la ministra Patricia Bullrich. Yo tengo una opinión formada sobre este tema y quería escuchar las opiniones de jefes de la Policía que tienen muchos años de servicio y todos coincidimos en que hay distritos donde se puede llevar adelante esta medida. Nosotros creemos que no estamos a la altura de Buenos Aires ni Rosario a nivel delictivo”, aseguró Meyer.
Del mismo modo en Corrientes, donde gobierna el radical Gustavo Valdés, tampoco planean plegarse al protocolo: el ministro de seguridad provincial, Juan José López Desimoni, confirmó que evaluarán la reglamentación nacional sobre el uso de armas de fuego, pero remarcó que su cartera se enfoca en la “profesionalización” de los agentes y mejorar la infraestructura, como la Escuela de Cadetes.
“Podemos adherirnos a la reglamentación, hacer una adaptación, o una totalmente distinta que se relacione a nuestras necesidades, pero no tenemos la obligación de hacerlo y tampoco es una prioridad”, afirmó en declaraciones a El Litoral.
Al argumentar su postura, el funcionario expuso que la resolución nacional apunta a resolver “la realidad que se vive en Buenos Aires”, destacando que “porcentualmente los homicidios en Corrientes tienen menos del uno cada cien mil habitantes, mientras que la media nacional es de cinco”.
En tanto, el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, aseguró que el protocolo está “dentro de lo que establece” la ley, ya que “el estado de derecho presupone que el monopolio del uso de la fuerza la tiene que tener el Estado”, aunque cuestionó la existencia de “algunos grises”.
“El reglamento planteado puede tener algún gris, particularmente en la cuestión de la fuga, estaría bueno precisarlo como así también lo de peligro inminente. El resto del protocolo está dentro del marco de la ley vigente en la Argentina”, manifestó Urtubey.
También el gobernador de Mendoza y presidente de la UCR, Alfredo Cornejo, confirmó su adhesión al nuevo reglamento, aunque sumó al debate la necesidad de avanzar en una adecuada formación policial para que “no mueran personas inocentes”. NA
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“AUMENTARÁ EL NÚMERO DE MUERTES”
Rechazo de entidades
de derechos humanos
Referentes de organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación por la nueva resolución del Ministerio de Seguridad que amplía las circunstancias en las que la policía puede utilizar armas de fuego y advirtieron que aumentará el número de muertes en situaciones de conflicto.
El titular de Serpaj y premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, consideró que “indudablemente se va a incrementar la cantidad de muertos en situaciones conflictivas” a partir de esta resolución, ya que “aumenta la violencia institucional” y dijo que el presidente Mauricio Macri “quiere imponer el miedo”.
“La orden es de Macri, quiere imponer el miedo”, evaluó el premio Nobel de la Paz en declaraciones a radio El Destape, al tiempo que llamó a realizar “una manifestación” contra la medida.
Por su parte, la dirigente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, Nora Cortiñas, lanzó críticas a la ministra Patricia Bullrich y afirmó que la funcionaria nacional “tiene espíritu de asesina”.
Subrayó: “Mi compromiso es visceral. Así como salí a pelear por mi hijo y por los 30 mil desaparecidos, a los 88 años mantengo el compromiso”.
“Es un disparate, una aberración. El nuevo reglamento de uso de armas es anticonstitucional. Las madres nunca quisimos pedir justicia con violencia. Esto es querer muerte en nuestro país, que nos matemos entre nosotros”, señaló Cortiñas.
Amnistía Internacional, en tanto, expresó que la resolución 956/18 “viola los derechos humanos” y “flexibiliza el contexto en el cual las fuerzas federales de seguridad pueden hacer uso de las armas de fuego para responder a un contexto de presunta inseguridad viola los derechos humanos”.
“Es de carácter urgente su revisión. Como sociedad debiéramos estar muy preocupados por este nuevo reglamento para las fuerzas de seguridad que viola compromisos internacionales de derechos humanos adquiridos por Argentina. Preocupa a Amnistía Internacional los efectos de la aplicación de esta Resolución.
A su turno, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) manifestó su rechazo y evaluó que “no es necesario ampliar, como aquí se pretende, la doctrina de las Naciones Unidas sobre el uso progresivo y excepcional de la fuerza pública, ya que de esas limitaciones no ha derivado ningún problema de seguridad”.
“La demagogia al respecto puede, fácilmente, conducir a una escalada de violencia y de abusos”, advirtió la organización en un comunicado y sostuvo que “las declaraciones públicas de la ministra de Seguridad distorsionan las disposiciones de la legislación vigente –y la propia letra del reglamento–, con la mera intención de enviar a las fuerzas policiales y de seguridad una señal favorable para la extensión de sus facultades”.
La Red Argentina para el Desarme (RAD), en la misma línea, aseguró que el reglamento es “un nuevo retroceso en materia de control estatal del uso de armas de fuego”. NA