La causa FABI se suma a Monte Pelloni II

Los obreros de FABI El accionar del terrorismo de Estado en Olavarría estuvo centrada en los trabajadores, los abogados que los defendían y en el movimiento estudiantil. Las primeras detenciones afectaron a obreros de FABI (Fábrica Argentina de Bolsas Industriales) que intentaban organizarse. Posteriormente, la represión llegó a los trabajadores de Loma Negra y LOSA (Ladrillos Olavarría Sociedad Anónima), donde se acusaba a los empleados de sabotaje. Todas las detenciones de FABI fueran cometidas bajo la complicidad de parte de su personal. En la planta ubicada en Hinojo, la gerencia cumplió un rol clave al detectar y “marcar” a aquellos trabajadores que querían hacerse escuchar en pos de mejores laborales. Una vez señalados, el Ejército era quien seguía con la lógica del accionar represivo. En distintos períodos de tiempo y circuitos de detención, los trabajadores de FABI fueron detenidos ilegalmente y torturados, pasando por la Comisaria Primera de Olavarría, la Subcomisaría de Hinojo, la Unidad Penal 7 de Azul y el Centro Clandestino de Detención Monte Pelloni. Cinco imputados no prestaron declaración En la jornada anterior -el jueves-, a las 10.45, se había dado inicio a la anteúltima jornada de indagatorias tras demorarse por las ausencias de los abogados defensores. Estuvieron presentes Juan Manuel Portela, por la Fiscalía; el abogado Guillermo Torremare, magister en derechos humanos y recientemente incorporado en representación de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); y seis abogados de la defensa. En el inicio, el Tribunal hizo hincapié en las ausencias reiteradas de los abogados, fundamentalmente con la ausencia de Pedro Mercado, quien estaba en reemplazo del abogado defensor Carlos Meira (defensor de Román Valdecantos). Lo significativo es que Carlos Meira no participó de ocho audiencias mientras que Hernán Vidal (abogado defensor de Edgardo Mariano Viviani) se ausentó en cinco jornadas. A raíz de ello, el Tribunal, presidido por Víctor Bianco, realizó un llamado de atención y afirmó que será la última vez que aceptará ausencias sin la presentación de la documentación correspondiente. A partir de la audiencia del 11 de diciembre, si no está presentada la documentación requerida se declarará el abandono de cargo y solicitarán la defensa oficial de los imputados. Hoy fue el turno de las indagatorias de Héctor Alberto González Cremer, Roberto Jorge Casares, Walter Jorge Grosse, Francisco Oscar Sarmiento y Oscar José Bardelli. Ninguno de ellos prestó declaración indagatoria por recomendación de sus abogados. Algo llamativo de la audiencia fue que ninguno de ellos estuvo en la sala de audiencias sino que estuvieron en una antesala, de uso exclusivo para los imputados que en ningún momento se cruzaron con el público asistente. Desde allí fueron entrando de a uno al recinto. Algo que quedó de manifiesto es la intención del respeto al debido proceso, es decir, al principio legal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Las reiteradas ausencias de los distintos abogados defensores (que son privados) representan un problema para el Tribunal, ya que considera que no se respeta el debido proceso y la correspondiente defensa. Como está en riesgo dicha defensa, el Tribunal considera que tiene la potestad de sancionar a los abogados que no se ajusten a la presentación de documentación, declarándolos en abandono para así, en un eventual caso, otorgarle la defensa oficial a aquellos imputados cuyos abogados no asistan. En lo que respecta a Roque Italo Pappalardo, el imputado tiene diagnóstico de enfermedad terminal. En este caso, el Tribunal esperará a que el cuerpo médico homologue o no ese diagnóstico para definir si también continúa o no en el juicio. Fuente / Agencia Comunica y Radio Universidad (FACSO)]]>

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