Un policía con un cómplice a juicio, acusados de cobrar una dádiva para “borrar” una causa
Desde el Juzgado de Garantías 2, se elevó a juicio una instrucción penal en el que quedaron imputados un policía de la DDI local y un comerciante, quienes quedaron involucrados en una denuncia por el presunto pedido de dinero para hacer desaparecer un supuesto expediente de un auto que había sido secuestrado en un operativo de control vehícular.
En una reciente resolución de la jueza Stella Maris Aracil, fue elevada a juicio una causa en que están acusados un policía y un comerciante, denunciados por haber cobrado 50 mil pesos para presuntamente liberar en presunto expediente por un auto que había sido secuestrado por Tránsito local.
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Al decir de la jueza, quedó acreditado que al menos durante el mes de febrero y marzo de 2016, Sergio Leonardo Escudero, abusando de su condición de funcionario público (Policía de la Provincia de Buenos Aires con funciones en la Sub DDI Tandil) exigió para sí mismo al conductor de una camioneta la entrega de una dádiva en la suma de 50.000 pesos (fraccionado en diversas oportunidades) argumentando tal contraprestación indebida so pretexto de dejar de promover una investigación penal por las presuntas irregularidades que tendría el rodado que había sido secuestrado por un control de tránsito.
A tal fin, en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar, el autor del ilícito descripto contó con la participación necesaria de Eduardo Reymundez- de ocupación comerciante- quien coadyuvó en el despliegue de la maniobra delictiva, debido a su previo trato frecuente con el damnificado, dada su actividad laboral y siendo tal nexo de conocimiento entre las partes involucradas en este hecho un aporte esencial para la comisión del mismo conforme el plan del encartado.
Así quedó imputado el policía Sergio Leonardo Escudero como autor penalmente responsable del hecho referido y a Eduardo Javier Reymundez en calidad de partícipe necesario
El auto sospechado
Según consta en el expediente, en diciembre de 2015 el testigo tuvo un inconveniente con un vehículo gol que era su medio de movilidad y herramienta de trabajo, entonces en un viaje a la ciudad de Buenos Aires un panadero amigo del dicente de nombre Martín, de nacionalidad uruguaya, le presenta a un sujeto de nombre Pablo que trabajaba como conserje en un hotel de Capital Federal y que se dedicaba a vender autos. Así es que el dicente decide comprarle a este sujeto un automotor Citroen Picazo de la línea nueva.
Esto sucedió aproximadamente a mediados de enero y comienzo de febrero de 2016. Al tiempo -aproximadamente en febrero de 2016-, estando en la ciudad almorzando con Eduardo Reymundez y conversando en abrir un local de venta de teléfonos, el dicente se retira al mando de este vehículo Citroen y es detenido por un control de tránsito de la Municipalidad en avenida Santamarina y calle San Martín.
En el operativo el conductor advirtió que tenía el carnet de conducir vencido y entonces le secuestraron el vehículo. Al tiempo le llega la multa, se hizo presente en el Juzgado de Faltas local, donde la Jueza le refieren que para retirar el vehículo se iba a tener que hacer presente el dueño, porque él únicamente tenía tarjeta verde y un formulario 08 en blanco; o bien hacer la transferencia.
Ante esto, el hombre se retira del Juzgado, trata de contactarse con el sujeto ‘Pablo’ de Buenos Aires que le había vendido el auto, pero no puede dar con él. A los días se pone en contacto telefónicamente con Eduardo Reymundez para pedirle que lo ayudara a solucionar este problema que tenía con el vehículo. Le dice si conocía alguien de Tandil que le facilitara la entrega del automotor a lo que Reymundez le responde que iba a ver qué podía hacer. Luego lo llama y le dice ‘que la camioneta no iba a salir, que estaba complicada para sacarla, pero que podía quedar pegado con algún ilícito por el origen de la camioneta’.
Allí el hombre se asustó y le pregunta a Reymundez ‘cómo se podía solucionar y dormir la causa penal’. Entonces Reymundez le indica que había que poner 50.000 pesos para dárselos a un policía de nombre Sergio Escudero de la DDI.
Luego de ello, el hombre le entrega a Reymundez esa suma de dinero en efectivo porque quería solucionar el problema lo más rápido posible.
A preguntas de la Fiscalía, el testigo dijo que el dinero se lo entregó a Reymundez y que en uno de los encuentros estaba presente Sergio Escudero, aunque el que hacía de intermediario era Reymundez, a quien primero le entregó 15000 pesos y el resto después.
Indagado sobre si finalmente pudo retirar la camioneta, refirió que no, que puso ese dinero a Reymundez y nunca más volvió a preguntar por ese tema, que la entrega del dinero era para que no le hicieran una causa penal por si la camioneta era robada.
Como sustento probatorio, en el expediente se sumó la transcripción de escuchas telefónicas que comprueban la relación de los imputados en la operatoria.
Modus operandi
Al decir de otros testigos citados en la causa, Reymundez le hizo comprar al sujeto un vehículo a un precio mucho menor de lo que valía porque era robado. El que lo adquirió lo tuvo cerca de dos meses el vehículo y después Reymundez “le hace secuestrar el auto por un policía de la DDI de Tandil, al que se referían como el jefe de esa dependencia”.
Según el testigo de oídas, Reymundez y este policía estaban en acuerdo para esta maniobra, que una vez secuestrado le decían a quien tenía el auto que para recuperarlo tenía que pagar 50000 pesos.
En conclusión, la jueza señaló que con la prueba colectada hasta este momento, el Fiscal pudo afirmar provisoriamente que se ha cometido el delito de concusión y que “prima facie” Sergio Leonardo Escudero es el autor, y, asimismo que, el injusto se pudo cometer desarrollándose en la modalidad descripta por el Fiscal, por el aporte relevante de Eduardo Javier Reymundez, que fuera socio de la víctima, quien resulta “prima facie” participe primario del delito de concusión.