Della Maggiora subió al Concejo, dio su informe de gestión pero no logró conformar a la oposición
El secretario de Protección Ciudadana respondió los interrogantes de la oposición en un maratónico encuentro. Tras la presentación del informe de gestión del primer semestre del año, los concejales iniciaron las consultas. Ejecución presupuestaria, inversión, programas y políticas en materia de seguridad vial estuvieron en el foco. El contrato con Cablevisión generó un fuerte cruce, al igual que el alquiler de Pinto al 800.
Finalmente, y por primera vez en el año, ayer por la mañana el secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora se sentó frente a los concejales para dar respuestas e informar sobre el funcionamiento del área que en los últimos meses estuvo en la mira de la oposición legislativa por la cantidad de interrogantes acumulados respecto de distintos indicadores.
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Acompañado por el subsecretario David Tifner, y por los directores de Control Urbano Vehicular, Walter Villarrruel, y de Protección Ciudadana, Rubén Diéguez, el funcionario acudió al primer piso de la sede de Gobierno minutos después de la movilización que protagonizaron los estudiantes de exPolivalente en reclamo por el edificio.
En medio de una mañana agitada, Della Maggiora enfrentó a los concejales en el marco de una reunión ampliada de la Comisión de Derechos Humanos, Garantías y Seguridad.
Estuvieron presentes Matilde Vide, Mario Civalleri, Nora Polich, Alejo Alguacil, José Luis Labaroní, Melisa Greco, Marcela Vairo, Marina Santos, Gabriel Bayerque (Cambiemos), María Eugenia Poumé, Rogelio Iparraguirre, Silvia Nosei, Ariel Risso (Unidad Ciudadana), Facundo Llano (Justicialista), Nilda Fernández y Gustavo Ballent (Integrar).
La cita comenzó alrededor de las 11 y se extendió hasta las 16.30. Las cifras expuestas sobre los programas implementados, el funcionamiento de las cámaras de seguridad y la utilización de los recursos no lograron satisfacer a la oposición ya que, según indicó, los resultados presentados no cumplen los objetivos ni se ajustan a la realidad, pese a la defensa de la gestión.
El convenio con Cablevisión fue otro de los temas álgidos junto con el contrato de alquiler con opción a compra del inmueble de Pinto al 800, donde se proyecta el traslado de la dependencia, acciones que lejos de contener los reclamos los terminó por agravar.
Los concejales trasladaron sus cuestionamientos respecto de la decisión de alquilar el espacio que no se utiliza, sobre ubicación poco estratégica y la inversión que deberá realizar si se decide adquirir el inmueble.
Fue allí que el secretario sugirió, en caso de ser necesario, recortar otras partidas presupuestarias para subsanar la diferencia entre el dinero con que se cuenta a partir del Fondo de Fortalecimiento en Seguridad que giró la Provincia y la devaluación a partir de la escalada en el valor del dólar. La respuesta derivó en acusaciones sobre la “inacción” ya que se podrían haber considerado otras opciones con anterioridad.
Sin embargo, fue una reunión importante que permitió conocer el diagnóstico de la Secretaría de Protección Ciudadana, pese a los persistentes reclamos.
La exposición
Liberado el hall de acceso que había sido copado por estudiantes de la Escuela de Educación Secundaria 11, los funcionarios ingresaron al recinto de sesiones a las 10.40 y comenzaron con los preparativos para cumplir con la ordenanza, que establece que el secretario debe comparecer una vez cada tres meses.
Preparada, la oposición se ubicó en primera plana y siguió de cerca la presentación inicial de Della Maggiora, que incluyó aportes de los funcionarios que lo acompañaron a la hora de abordar sobre los temas específicos de sus áreas.
Durante dos horas, el secretario repasó detalles del trabajo realizado desde la dependencia creada en 2015 por el intendente Miguel Lunghi y el desarrollo de las políticas implementadas bajo una mirada integral, en una presentación que se mostró en una pantalla gigante.
En efecto, no solo refirió al esquema de videovigilancia desarrollado en la ciudad sino también a otras líneas como el proceso de creación de la Unidad de Prevención de Policía Local, las acciones hacia el ámbito rural, la implementación de programas de asistencia a la víctima, el fortalecimiento de Defensa Civil y las políticas en materia de seguridad vial.
Realizada la introducción, Della Maggiora comenzó con un abordaje a través de los distintos ejes con la presentación de datos que posteriormente fueron observados por los ediles.
Así, se refirió al sistema de videovigilancia que cuenta con 365 cámaras en funcionamiento dispuestas en distintos puntos de la ciudad, 60 de las cuales son domos y 305 fijas, que conviven con otras cuarto que son autónomas provistas por el Pladema, de la Unicen.
Estas últimas no requieren de la utilización de fibra óptica para su funcionamiento, por lo que se anticipó a las críticas en cuanto al tendido de la red.
A más datos avanzó en detalles sobre los resultados obtenidos desde la expansión de la red al señalar que desde enero a agosto se detectaron 381 eventos mediante las cámaras de seguridad, mientras que el año pasado la cifra había sido de 194 aunque la cantidad de dispositivos colocados era significativamente inferior. De este total, la Secretaría de Protección Ciudadana recibió 722 pedido de imágenes.
Instantes después presentó videos captados con las cámaras con el objetivo de mostrar la calidad de imagen que se obtiene pero también para explicar las limitaciones. “La cámara es tecnológicamente perfecta pero es necesario ver las condiciones para desarrollar la videovigilancia urbana”, justificó Della Maggiora.
Más datos
Luego, el secretario de Protección Ciudadana avanzó sobre el programa Alerta Tandil, la aplicación para celulares que había despertado cuestionamientos por el dinero invertido por el Municipio y los magros resultados.
En concreto indicó que la plataforma tiene 1789 usuarios, generó 693 reportes y dos denuncias, lo cual permite conocer el nivel de actividad que tiene.
Entre las próximas acciones en esta línea citó el proyecto para adquirir lectores de patente y la licitación en marcha para la compra de 50 nuevas cámaras, para la sustitución de las que quedaron fuera de funcionamiento o para ampliar la red.
Las acciones en ejecución con Pladema, entre las que marcó 10 nuevas cámaras autónomas, un convenio para implementar un videoresumen, articulación e integración con el sistema privado de vigilancia, el programa para tiro virtual y el anteproyecto para incorporar un vehículo aéreo no tripulado (VANT) para monitorear la zona rural, también generaron algún cuestionamiento de los legisladores.
Prevención sociocomunitaria
En ese abordaje se expusieron los proyectos barriales en el marco de un trabajo “bastante intenso” y “constante” que se despliegan en los distintos puntos de la ciudad que logró revertir en forma paulatina los distintos focos de conflictividad.
Las cifras de la Policía Local, además del apoyo que se brinda a la Bonaerense y a Bomberos, el refuerzo de Defensa Civil, con la compra de equipamiento y el desarrollo de la mesa y del plan municipal de emergencia (con los protocolos de acción) también formaron parte del repaso.
Luego reflejó en números el funcionamiento de Control Urbano Vehicular (operativos, resultados y acciones en materia de seguridad vial) y el Observatorio Municipal de Seguridad Vial, otro de los puntos que objetó la oposición.
Interpelación
A las 13.20 concluyó la presentación, que dio lugar a los interrogantes que los concejales acumularon a lo largo de los meses, y dejaron entrever la falta de autocrítica en la gestión de la dependencia.
El primer tema fue planteado por Silvia Nosei, que pidió explicaciones respecto de la circulación de unidades de gran porte por el casco urbano y las ordenanzas que limitan la actividad, un tema de especial interés dados los hechos que involucran a estos vehículos.
Con la respuesta de Walter Villarruel respecto a las posibilidades de acción, que se circunscriben a la inspección e infracción, el concejal Facundo Llano presentó sus interrogantes enfocado en las cifras que aportan las cámaras de seguridad, que “no reflejan” la realidad de la ciudad, y la baja incidencia de la aplicación Alerta Tandil que el 16 de mayo entró en vigencia. “Me parece que no se está logrando el objetivo”, soltó.
“Los datos que volcaron no se corresponden con la realidad”, dijo en referencia al promedio de eventos que detectan las cámaras en función de los datos expuestos que calculó desde la banca. “Tenemos 365 cámaras y detectamos 1,5 eventos por día”, marcó.
Respecto de la aplicación Della Maggiora aclaró que el uso es “voluntario” y reconoció que la expectativa es que aumente el número de descargas. “Es una herramienta al servicio de la comunidad”, defendió.
Disconforme, Llano reforzó las objeciones respecto de los lineamientos y el uso de los recursos y habló de “ineficiencia” respecto de las cámaras y apuntó contra la dirección de las políticas del Gobierno: “Basamos la política de prevención en un centro de monitoreo, en tecnología, y el resultado es que los eventos que detectamos son ínfimos y escasos”, sostuvo ante este Diario el concejal del bloque Justicialista.
Luego puso el foco en el funcionamiento del Observatorio de Seguridad Vial y en la necesidad de volcar más información y recursos, ante lo cual Della Maggiora aseguró que cargan datos provenientes de otras fuentes, más allá de las policiales, para elaborar las estadísticas.
Cablevisión, dólares y fibra óptica
El millonario contrato en dólares que el Municipio firmó con Cablevisión por el servicio de cámaras de seguridad fue uno de los puntos más álgidos del debate. El contrapunto fue protagonizado por la concejal de Unidad Ciudadana, María Eugenia Poumé que, con la documentación en mano, apuntó sus críticas en torno al acuerdo que se encuentra vigente y en plena ejecución, tal cual le confirmó Della Maggiora.
El tendido de la fibra óptica, el precio por el servicio pautado en dólares y la omisión de paso por el Concejo Deliberante fueron algunos de los puntos que reclamaron respuesta.
Respecto del primer tema el secretario sostuvo que la red se extendió por los espacios públicos autorizados, mientras que en los otros avanzaron con tecnología alternativa, sin aplicar modificaciones en el contrato.
En cuanto a la decisión de basar el contrato en moneda americana, y dado que el se cerró con un dólar a 15,79 pesos y hoy se ubica por encima de los 39 pesos, Poumé planteó “¿cómo es el pago mensual?”, con especial referencia a lo que implicará en ejercicios futuros, ya que el contrato tiene vigencia hasta 2022.
“Se paga como dice la licitación. Economía fija la metodología de pago” tomando la referencia del valor de referencia la moneda y se abona el equivalente en pesos, precisó Della Maggiora.
En tanto, con especial énfasis defendió la modalidad de contratación, la decisión adoptada en términos presupuestarios y los resultados del sistema por cuanto a la calidad de la imagen obtenida.
También hubo pases de factura respecto del proceso que siguió la Secretaría de Protección Ciudadana, que cerró el acuerdo pese a que compromete ejercicios futuros.
Final
Sobre el final del extenso encuentro, Rogelio Iparraguirre (Unidad Ciudadana) consultó sobre las estadísticas con que se cuenta, ante lo cual el funcionario aseguró que están en proceso de elaboración en una primera etapa que se refuerza con fuentes y criterios de análisis basados en la realidad local.
Tras abordar el tema del edificio de Pinto al 800, y escuchar algunos reparos sobre la cantidad de presupuesto que se destina para el área de prevención sociocomunitaria, que resulta muy bajo si se lo considera con otras inversiones en tecnología, a las 16.30 cerró el encuentro, que terminó con los mismos reparos pese a la importancia que tuvo la presencia del secretario para informar sobre los datos de la gestión en el primer semestre del año.
La próxima visita ante el Concejo Deliberante en tres meses, aunque no se descarta un encuentro previo en caso que logre avances el expediente del contrato de alquiler con opción a venta del edificio de Pinto al 800.
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