El debate por la suba del boleto puso en agenda el nuevo pliego y la urgencia de adherir al SUBE
Como estaba previsto, el Concejo Deliberante aprobó ayer el incremento del 22 por ciento -en dos tramos- de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. Desde el próximo lunes, el boleto plano costará 13,36 pesos y 14,17 en agosto. Los integrantes de los bloques UCR Cambiemos e Integrar alzaron sus manos para dar curso a la suba, que fue un 7 por ciento menor al pedido de las empresas. En tanto, Unidad Ciudadana y el justicialista Facundo Llano lanzaron fuertes críticas al Ejecutivo, exhortaron a comenzar a discutir el pliego para el llamado a licitación en 2019 y a adherir al SUBE en lugar de abonar 10 millones por año a la firma Eycon por la gestión del SUMO.
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En una maratónica sesión, el presidente de la Comisión de Transporte José Luis Labaroní abrió las intervenciones y sostuvo que la tarifa que alcanzaron “es el valor posible”, aunque reconoció que “por ahí está lejos del ideal”.
Desde el próximo lunes, luego de la promulgación del Intendente, el boleto plano costará 13,36 pesos (14,17 en agosto); el alargue y nocturno 15,76 (16,72 en agosto); el obrero y universitario 10,69 (11,34 en agosto); primario 2,50 pesos (no se modificará en agosto); secundario 6,68 (7,09 en agosto); alargue escolar 10,15 (10,77 en agosto); combinado 16,03 (17 en agosto), suburbano Granja 15,76 (16,72 en agosto); y combinado secundario 17,23 (18,28 en agosto).
Al inicio del debate, Labaroní consideró que “la situación que vivimos es lo suficientemente crítica, fundamentalmente para los usuarios del transporte público, y por eso no solo hay que ser sensible sino prudente para mantener el fino equilibrio entre quienes tienen que usar el servicio y quienes tienen que brindarlo”.
Repasó que transitaron 60 días de “fuertes charlas y duros debates” en la comisión, en los medios de comunicación y “en nuestro bloque”. Y frente al contexto, sostuvo que en materia del transporte urbano, “tenemos que tratar de garantizar el menor centavo posible”.
El concejal radical llamó a tener en cuenta a los empresarios y resaltó que “el servicio que prestan puede ser perfectible pero no es malo. Es de lo mejor que tenemos en el centro de la provincia de Buenos Aires”. Al mismo tiempo, indicó que quienes pagan el servicio son asalariados y “con esta situación crítica que estamos viviendo, les estamos agregando un costo más”.
“Justo
equilibrio”
En otro tramo de su exposición, Labaroní confió que no está de acuerdo con la fórmula que usa la Cámara de Transporte para el estudio de costos porque incluye el costo de oportunidad, pero reconoció que surge de una resolución del Ministerio de Transporte.
Agregó que buscó “un justo equilibrio”, aunque fundamentó que el 50 por ciento de los costos del transporte corresponden al personal, que tuvo un aumento del 19 por ciento (15 por ciento de 2018 y 4 puntos de la cláusula gatillo por el año pasado) y volverá a abrir paritarias en octubre para revisar la inflación.
También consignó los costos adicionales, como neumáticos, lubricantes y gasoil, que representan un 34 por ciento de la estructura de costos, como así también la depreciación de los vehículos, que es el capital de las empresas. En ese sentido, reclamó el índice de depreciación de las unidades al Ministerio de Transporte, como así también cómo se calcula el ITC (Impuesto a la Transferencia de Combustible).
“Todas estas cosas me han generado dudas y me han llevado a poner el sistema en crisis”, concluyó tras dos años de estudiar el tema, y volcó sus expectativas en el debate del año próximo por la nueva licitación.
Sobre el final, el presidente de la Comisión de Transporte señaló que “hemos llegado a determinar el costo que vemos como posible para no desfinanciar el sistema y sabiendo que en octubre hay un hecho simbólico que afecta al 50 por ciento de esa estructura de costos (salarios), hemos decidido que el aumento debería ser de un 15 por ciento a partir del 28 de mayo y de 7 por ciento adicional con respecto al boleto anual a partir del 1 de agosto”.
Falencias
del Municipio
Por su parte, el vicepresidente de la comisión, Darío Méndez, reparó en que el valor del boleto se debe analizar en el contexto de un servicio público. Por lo cual, más allá de los costos, anticipó sus conclusiones sobre el sistema de transporte en general, teniendo en cuenta que es el único momento del año en que se discute el servicio.
Reconoció como válido el pedido de aumento de los empresarios debido a la inflación y remarcó las importantes variaciones en combustible, gomas, repuestos y la actualización salarial que representa más del 50 por ciento del costo del boleto.
El concejal de Unidad Ciudadana evaluó que el transporte público en Tandil está por encima de la media de la provincia y elogió “el gran trabajo de los transportistas, sobre todo para actualizar las unidades. Creo que a veces los tandilenses somos un poco injustos con los transportistas, sobre todo teniendo en cuenta que no son una gran empresa, no es el grupo Plaza ni Vía Bariloche, son empresas familiares”.
En contraposición, subrayó las “falencias” de Estado municipal en relación al control sobre el transporte y afirmó que los concejales reciben denuncias por impuntualidades, el trato de los choferes, limpieza de los colectivos, los barrios a los que no llega. En cuanto a la extensión de los recorridos, enumeró los pedidos pendientes y refrescó que de acuerdo a las ordenanzas vigentes, el Concejo los puede extender dos kilómetros por año, pero no ejerce ese derecho a la espera del nuevo pliego licitatorio.
Por otro lado, Méndez resaltó que los usuarios del transporte viven una retracción del poder adquisitivo. Fundamentó que en los dos últimos años la inflación alcanzó el ciento por ciento y los salarios aumentaron el 60 por ciento, es decir que los asalariados son “lo grandes perdedores del modelo del ingeniero Macri”. Por eso, aseveró que “alguien tiene que parar la pelota” y se negó a descargar los mayores costos sobre los pasajeros, que son aquellos trabajadores que no tienen vehículos.
Sobre la quita de subsidios, indicó que “vamos a contramano del mundo”, ya que en países de Europa en Estado aporta el 60 por ciento del costo del transporte. Además, dijo que es un servicio público y que también está vinculado con el tránsito. “Creo que hay que hacer un abordaje integral de todo”, resumió.
“No nos animamos
a dar las discusiones”
Méndez se mostró crítico con los debates de la Comisión de Transporte, afirmó que en materia de transporte siempre se debe esperar a tratar el pliego en 2019 y cuestionó que “no nos animamos a dar las discusiones que tenemos que dar o habrá algún otro tipo de compromiso que yo desconozco”.
Una vez más, renegó por no haber adherido al sistema SUBE, programa nacional que podría beneficiar a los usuarios más vulnerables, e informó que el SUMO cuesta 10 millones de pesos por año. Detectó como una oportunidad que el próximo año finaliza el contrato con Eycon, el plazo del pliego licitatorio con las empresas y se abre la chance del enlace con el sistema nacional. “Todo esto lo tenemos que empezar a discutir desde ahora”, exhortó.
Por otro lado, se mostró en desacuerdo con que tránsito y transporte se traten en el marco del Acuerdo del Bicentenario, “porque este Gobierno no llega al Bicentenario. Permitan que tengamos alguna ilusión de que podemos ganar las elecciones, para eso trabajamos. Me parece una falta de respeto. Y en segundo término, porque la división de poderes establece que en una república somos los veinte concejales que estamos acá los que discutimos y generamos las ordenanzas para regular las cosas”.
Para cerrar, dejó asentado que “decidimos parar la pelota y como dijimos que las tasas no pueden ir por encima del índice de coeficiente salarial; decimos que las tarifas no pueden ir sobre el índice del coeficiente salarial en el servicio de luz y de gas, y también lo venimos a decir hoy acá, que tampoco creemos que pueda ir por encima del índice del coeficiente de actualización salarial el boleto de transporte plano de colectivo”.
Foco en
el servicio
El justicialista Facundo Llano, quien también votó en contra de la suba, subrayó que la prestación del servicio público es una responsabilidad del Estado para con los vecinos de Tandil y apoyó la propuesta de trabajar en un nuevo pliego licitatorio con anticipación, utilizando la información que pueda aportar la Dirección de Estadística para la generación de políticas de Estado.
En igual sentido, cuestionó que cada vez que se debate el valor de las tarifas se ponen en agenda los problemas del servicio, “cuando en realidad el Estado tiene que mirar cómo le brinda el servicio público al contribuyente, al usuario, no amoldarse a lo que las empresas transportistas requieren. Desde que se ejerce esa concesión que venimos así”.
Si bien reconoció el esfuerzo de transportistas y choferes, advirtió que “no son el Estado, son empresarios que ejercen su función” y “no podemos delegar en la voluntad de las empresas adónde quieren que pasen sus colectivos, en qué horarios y quién se sube o no al colectivo, si no siempre vamos a estar atados a la disponibilidad de los propios empresarios”.
“Cuesta caro”
Llano señaló que el SUMO “es un sistema público que al Estado le cuesta caro. Nosotros ponemos cerca de 14 millones de pesos en el PASE; nos cuesta casi 10 millones de pesos la contratación con Eycon y tenemos un Sistema Unico de Movilidad Ordenada que tiene un volumen de 82 millones de pesos en el partido de Tandil. Ya tenemos la responsabilidad de generar un nuevo servicio de transporte público y el 2019 está acá a la vuelta, ya hay que empezar a trabajar en cómo se brinda ese servicio el año que viene, con todas las variables, no pensando en que tienen que ser las mismas seis empresas”.
Evaluó que “tenemos una oportunidad histórica porque la concesión va a ser por diez años” y llamó a trabajar desde ahora para poder estudiar cambios radicales en el transporte.
Sumado a esto, lanzó que “no está la decisión política de subirnos a la SUBE” y preguntó “¿cuál es la decisión política de la gestión de por qué no tenemos la SUBE? ¿Por qué no se puede homologar con la SUMO? ¿Porque hay que pagarle el contrato a Eycon? ¿Porque no queremos romper el vínculo comercial que tenemos con Eycon? ¿Porque no queremos dejar de pagarle los 10 millones? ¿Por qué no tenemos la SUBE para beneficiar a jubilados, pensionados, Asignación Universal por Hijo, Progresar? ¿Por qué el partido de Tandil no tiene la SUBE?”.
Llano dijo que confiaba en los concejales que realizaron gestiones ante la Nación, pero afirmó que “no creo que sea decisión del Gobierno que la SUBE esté en Tandil, porque si no ya la tendríamos” y sostuvo que “acá hay un impedimento del poder concedente, que es el Estado local, que le está haciendo perder plata a los usuarios beneficiarios eventuales de la SUBE, y esto hay que decirlo con todas las letras, porque la SUBE es una herramienta muy buena que podría andar muy bien en el partido de Tandil y no la tenemos porque hay una decisión política de no tenerla, y de cubrir el bolsillo a la empresa Eycon”.
“Es muy buena
negociación”
Desde el Bloque Integrar, Mauricio D’Alessandro destacó la labor de la Comisión de Transporte y la discusión “franca” con los empresarios, que pedían el 29 por ciento. Anticipó que acompañaban “el aumento acumulado del 22 por ciento” y agregó que la inflación interanual hasta marzo es del 25,4 por ciento y subirá porque fue alta en abril. También recordó que el boleto no se actualizaba desde mayo del año pasado.
“La discusión que nos trae hoy es si el acuerdo con la Cámara de Transporte sobre la base del 22 por ciento, 15 más 7, si la cámara lo acepta, es una buena negociación”, concluyó.
En segundo lugar, coincidió en que la SUBE “claramente es una deuda. Hace dos años que se habla de eso, ha habido decenas de reuniones. Lo he hablado con el concejal Labaroní y me he comprometido a darle una mano en lo que se pueda ante el Ministerio de Transporte, pero sí claramente está perjudicando a los que menos tienen” que pagarían hasta un 55 por ciento menos del boleto.
Por último, salió al cruce de Darío Méndez y afirmó que “los subsidios son una mala solución, no hay que repetirla, más allá de la valoración política”.
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