El Ejecutivo estudia trasladar impuesto provincial eliminado para evitar un desfinanciamiento
La Legislatura bonaerense planteó un nuevo escenario al eliminar la semana pasada una contribución del seis por ciento en las tarifas de luz que se encontraba incluida en la factura que se destinaba a los 135 municipios de la provincia, aunque habilitó a las comunas a cobrarle una tasa a las empresas prestatarias de esos servicios.
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En el orden local, y aún sin definiciones frente al impacto de la resolución de Oceba, el Ejecutivo suma otra disposición y enfoca las opciones a la modificación que incorporaron los diputados y senadores a instancias de lo requerido por los intendentes para evitar desfinanciar el sistema.
Esta medida tendrá un impacto directo en las arcas comunales dado que la quita de impuestos redundará en una reducción en los ingresos que coparticipa la administración de María Eugenia Vidal con destino a sustentar el pago por el servicio de alumbrado público que brinda la Usina Popular y Municipal SEM.
En concreto, la administración comunal alertó que la eliminación de este concepto implicaría, en valores actuales, la caída de 50 millones de pesos al año, y en cuanto a lo que resta del año se perderían alrededor de 29 millones de pesos.
De todos modos la modificación incluida abre la posibilidad de trasladar ese porcentaje a la distribuidora, hecho que podría traer algo de alivio a este nuevo esquema.
Ante los micrófonos del ciclo radial “No hay dos sin tres” (104.1 Tandil FM) el secretario de Economía, Daniel Binando, repasó las opciones frente a lo que dispone la ley aprobada el viernes pasado, que establece en cero por ciento la contribución que los agentes de la actividad eléctrica abonan mensualmente a las municipalidades por las operaciones de venta con usuarios o consumidores finales.
“Hay una ley sancionada y que faculta a los municipios para que no se desfinancien que no se traslade a las facturas pero sí que se cobre a las distribuidoras”, enfatizó el funcionario.
Las alternativas
En primer término el funcionario reparó en la posibilidad que abre el artículo de la norma mediante el cual autoriza a los municipios a aplicar a la distribuidora, en el caso de Tandil a la Usina Popular y Municipal SEM, conforme a las normativas locales, un tributo municipal que corresponda a un mismo porcentaje eliminado.
Así, remarcó que la administración deberá estudiar los alcances de esta alternativa que busca trasladar ese cargo a la empresa de economía mixta.
En otro artículo establece que estas disposiciones se aplicarán en 60 días, por lo cual establece un plazo para definir la “mejor norma legal” para evitar que el Municipio “se desfinancie”.
Resultará necesario entonces revisar el contrato de concesión con la Usina, qué tipo de tasas se podrían aplicar, si se puede modificar o generar una nueva. De todos modos, cualquier determinación que se tome, se elevará el proyecto al Concejo Deliberante para su eventual aprobación.
Un nuevo
escenario
Lo cierto es que, ante el ajuste tarifario de los servicios, el gobierno de María Eugenia Vidal planteó un paquete de medidas al que se sumó una resolución del Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (Oceba), que limita cargos municipales en la factura de luz que no tengan relación con el servicio.
En líneas generales ambas posturas avanzan sobre el alumbrado público, que en el caso de Tandil está concesionado por la Usina, servicio para el cual recibe recursos para su funcionamiento.
Mientras se aguarda por una postura del organismo bonaerense que aclare el escenario para determinar, en el caso de Tandil, qué conceptos deberá eliminar de la factura, el Ejecutivo estudia las nuevas disposiciones y la aplicación en el ámbito de la ciudad.
Así, planteó que en el caso de la ordenanza del FAS (Fondo de Ayuda Solidaria) la alternativa sería trasladar ese monto que se recauda para ese fin (cerca de once millones de pesos) a otra tasa o disminuir las prestaciones que se brindan a través de este concepto.
Independientemente de la aplicación, estas decisiones modificaron el esquema, generando un fuerte impacto en los municipios que, por medio de la inclusión de conceptos en las boletas que abonan todos los ciudadanos, prestaban distintos servicios.
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