El justicialismo puso en crisis el balance de 2017, con suba de tasas y menos obras y servicios
El Concejo Deliberante se apresta a tratar mañana la rendición de las cuentas municipales correspondientes al año pasado, ejercicio en el que la recaudación creció más del 23 por ciento. Es decir que el Ejecutivo contó con 319 millones de pesos más que los 1.379 que había previsto en el Presupuesto 2017, aprobado por la Ordenanza 15.478.
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Además, durante el año realizó modificaciones presupuestarias por 664 millones de pesos y solicitó compensaciones por excesos por 240 millones. En conclusión, los números globales arrojaron un superávit de 7,78 millones de pesos luego de varios años de déficit, aunque existe un pasivo del orden de los 141 millones.
El pedido de aprobación del balance correspondiente al año pasado se elevó al Legislativo el 1 de abril y tras casi dos meses en comisión, el debate no despertó demasiado interés entre los concejales. Se trata de un tema técnico, que requiere de horas de estudio y de una gimnasia previa en el manejo del Rafam, sistema que se utiliza para volcar los datos contables. Sin embargo, desde el Bloque Justicialista Facundo Llano compartió con este Diario algunas conclusiones que arrojaron las cuentas finales en relación al presupuesto diseñado por el equipo del intendente Miguel Lunghi para transitar el 2017.
En principio, el concejal observó un exponencial crecimiento de los recursos en los últimos años y graficó que la comuna tuvo 818 millones de pesos en 2015, 1.309 en 2016 y 1.698 millones en 2017. En los últimos tres años, “tenemos un aumento del 107 por ciento en los ingresos, muy superior a la inflación. Nosotros discutíamos los aumentos de tasas porque nos dijeron que eran del 25 ó 30 por ciento, y efectivamente eran de mucho más. Además, como preveían una pauta inflacionaria ficticia, después la inflación fue por encima, entonces los tributos que fueron colgados a la inflación, esencialmente la Tasa Unificada a la Actividad Económica (TUAE), tuvo un crecimiento año a año”, afirmó.
Y evaluó que “recursos no le faltaron, porque además en el 2017 recibieron las partidas de las urbanizaciones integrales que habían firmado con Nación, que no estaban incluidas en el presupuesto. Ahí está la primera trampa, porque no las incorporan, pero después las utilizan para realizar obras contempladas en el presupuesto o bien recibir el dinero, hacer las urbanizaciones y dejar de hacer obras por las cuales les aumentaron los impuestos a los vecinos o les crearon nuevas tasas”.
Llano enfatizó que “el presupuesto no crece de casualidad, crece por una decisión del Gobierno de aumentar las tasas, de crear nuevos impuestos. Tandil viene acumulando presión tributaria desde hace años, aumentos de impuestos, derechos y contribuciones y creación de impuestos”. Como ejemplo, citó los fondos especiales, la tasa complementaria de Protección Ciudadana, el Fondo de Inversión Vial, el Fondo de Repavimentación.
“Todos esos fondos hoy llegan al techo de la presión tributaria porque la gente paga a nivel nacional, provincial y local. Antes, cuando la presión no era tanta, los servicios o el costo de vida no eran tan caros, el Municipio tenía un margen para aumentar y crear tasas porque, además, estaba desarrollando obras. Ahora las obras son las urbanizaciones. El Municipio volcó los esfuerzos en eso, en detrimento de las obras para las cuales le cobra al vecino. Entonces, en un esquema de presión tributaria, fondos afectados, creación de nuevos fondos, aumento desmedido, está cobrando cuando en realidad está haciendo obras con otros fondos”, advirtió.
En esa línea, remarcó que “los servicios que presta la comuna no están a la altura de las exigencias de cobro que impone. Sumado a ello, la ineficiencia en la gestión y uso de esos recursos, su deficiente ejecución, inadecuada aplicación y escasa optimización”.
Las tasas y
los servicios
El concejal justicialista repasó que el contribuyente medio paga la Tasa Retributiva de Servicios, Tasa de Salud, Servicios Sanitarios, Protección Ciudadana, Fondo de Inversión Vial y Fondo de Obras Sanitarias; en la boleta de la luz, el alumbrado público, el FAS y la 2505, y en la boleta del gas, la contribución por facturación de servicios de gas. “Indefectiblemente, si tiene una casa, tiene que pagar eso. Si tiene un comercio, tiene que pagar la Tasa Unificada de Actividad Económica y después, cualquier tasa, derecho o contribución de lo que vaya a hacer en relación al Municipio de Tandil. El Estado municipal impone determinadas tasas y le cabe la responsabilidad de cubrir los gastos que demanden los fines para las que fueron creadas. La razón que sirve de fundamento jurídico a una tasa es la prestación de un servicio estatal, no puede tornarse un impuesto interno”, cuestionó.
Para el legislador, la falla radica en la “falta de gestión” y sostuvo que las deficiencias son distintas en cada área, lo que se evidencia a través del comportamiento de los fondos afectados y la subejecución.
Se pronunció a favor de replantear los fondos afectados, de manera tal que le sirvan al contribuyente y que se respete su fin específico, en lugar de utilizarlos como un método de recaudación para después desafectarlos y darles otros usos. “Hemos votado presupuestos en que los fondos afectados tienen un destino distinto en el mismo presupuesto”, recordó, y advirtió que cuando no se utiliza para el fin por el cual se le cobra al contribuyente, “están rompiendo un contrato”. Pero además, reparó en la recaudación a través de las facturas de los servicios -con el ciento por ciento de cobrabilidad- que el Intendente pretende conservar y “hay que ver el comportamiento que tuvo con esas tasas, como la 2505 y el FAS”.
Llano marcó que al 31 de diciembre pasado, el Municipio contaba con 154 millones de pesos en disponibilidad de fondos afectados. Algunos casos fueron el Fondo Educativo con 21,6 millones, el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad con 27 millones, la Ordenanza 2505 con 4,3 millones, el Fondo de Inversión Vial con 22,6 millones, el de Obras de Gas con 4,8 y Protección Ciudadana con 27 millones sin invertir.
Por otro lado, citó que Desarrollo Local destinó magros recursos a generar trabajo y al emprendedurismo, pero además subejecutó las partidas. Contempló 1,1 millones de pesos para planes de empleo y quedaron 238 mil pesos disponibles; fondeó con 440 mil pesos al programa Pueda y le sobraron 202 mil, y asignó 415 mil pesos a la promoción de desarrolló y le quedaron 245 mil.
Cierre con
superávit
Como contrapartida, el concejal Llano destacó que en 2017 hubo un superávit de 7,78 millones de pesos frente al déficit que la comuna arrastró entre 2014 y 2016. Lo atribuyó a “la cantidad de millones que recibieron por encima del presupuesto. Es que 23 por ciento crecieron los recursos, pero además tuvieron mucho más que lo presupuestado, entonces se dedicaron a pagar la deuda flotante, achicaron el déficit y les quedaron 7,78 millones de superávit. Igualmente hay una deuda consolidada, una deuda flotante y en cuentas especiales, que hacen a un pasivo municipal de 141,9 millones de pesos”.
En ese sentido, analizó que respecto al número total del presupuesto, 7 millones de pesos no es un superávit importante, como el año pasado no lo fueron los 50 millones de pesos de déficit. “Lo analizo en función a la cantidad de millones que recibieron. Estamos en una situación de crisis, en la que hay que contraer el gasto público. El 2018 va a ser diferente, porque con el pacto fiscal, el cese del Fondo de Fortalecimiento en Infraestructura, con la menor recaudación y el achique de los impuestos provinciales coparticipables en las facturas de servicios, el Municipio va a retraer los recursos. Entonces, si no contrae los gastos, va a caer en déficit de nuevo”, vaticinó.
El Hospital,
“complicado”
En relación al Sistema Integrado de Salud Pública, informó que registra excesos presupuestarios por 113 millones de pesos, extralimitaciones (gastos que no tienen fuente de financiamiento prevista) por 33 millones y solicita convalidar más de 37 millones. “El Hospital está complicado”, afirmó y atribuyó el mayor gasto a los salarios, ya que tiene más de 800 empleados.
Al analizar la realidad en Salud, Llano explicó que si bien el Hospital está implementando un mecanismo de recupero con obras sociales, también está enganchado a la suerte de Pami y Ioma, que son los mayores deudores. Sumado a esa situación, el aumento de la demanda por parte de pacientes que se quedaron sin obra social frente a la crisis.
Obras Públicas y Protección
Ciudadana, las áreas más flojas
Al momento de evaluar el comportamiento de los fondos afectados, el concejal justicialista Facundo Llano consideró que al equipo del intendente Miguel Lunghi “no le dieron los tiempos de gestión” para invertir los millones acumulados en distintas cuentas como el Fondo Educativo, el Fondo de Fortalecimiento en Seguridad y el Fondo de Inversión Vial, entre otros.
Consideró que “en el caso de la Secretaría de Obras Públicas, está desbordada en la gestión. Fracasa en la búsqueda de empresas, en las licitaciones, en cómo aborda la estructura comercial, en cómo distribuye la ejecución de esas obras, porque el dinero está”.
Señaló que “se repite la especulación de poner los recursos en plazo fijo para que generen dividendos o para soportar deuda flotante”, aunque advirtió que “el doble riesgo es que se los coma la inflación y no hacer la obra, porque la plata vale menos cuando, en realidad, al contribuyente ya se la cobraron. Entonces, por caso, las obras que podría haber hecho con los 22 millones que quedaron disponibles en el Fondo de Inversión Vial, se achicaron”.
Indicó que los problemas surgen por la enorme cantidad de obras que administra a partir de las urbanizaciones integrales y las posibilidades que se suman a partir de los fondos afectados. “Son obtusos en buscar soluciones. Podrían recurrir a equipos técnicos de la Universidad o ver de qué manera lograr que el dinero sea de utilidad y cumpla el objetivo por el que se lo cobraron a la gente”, evaluó desde una mirada netamente política.
En esa línea, resaltó que presentó un proyecto de ordenanza para impulsar la generación de empleo a través de las cooperativas nucleadas en la CTEP (Confederación de Trabajadores de la Economía Popular), una herramienta que serviría para resolver obras como el centro cívico de Villa Italia, construcción de viviendas, alcantarillas, pozos de agua, veredas, rampas de accesibilidad que, junto a los consultorios externos del Hospital, el distribuidor de avenida Fleming y el sistema eléctrico del Hospital, “son algunas de las obras presupuestadas en las que no se tocó un peso porque no se hizo nada”.
En relación a estos temas, citó que se contemplaron 9,6 millones para repavimentación de zonas varias y no se usaron; 17,1 millones para asfalto nuevo y quedaron 13,6 millones disponibles; y había 4,7 millones para redes de gas, pero 3,7 millones no se ejecutaron.
Seguridad,
“acovacha”
Por otra parte, cuestionó a la Secretaría de Protección Ciudadana y se preguntó “por qué tiene la espalda tan ancha en cuanto a los recursos. Está acovachando plata año tras año. Dicen que para comprar un edificio, pero realmente es una locura lo que están haciendo. Cobran la tasa complementaria y la subejecutan, en un tema muy sensible. Además, tres pibes paran Tandil con amenazas de bombas y los funcionarios están hablando del Alerta Tandil, desfasados de la realidad completamente. No se ve la gestión, el trabajo, de Protección Ciudadana; no está en el expediente de la rendición tampoco”.
El Centro de Monitoreo contaba con 48 millones de pesos y al cierre de 2017 tenía 19 millones disponibles, de los cuales 10,9 correspondían a bienes de dominio privado y 6,8 a programas de computación. “Están guardando la plata para comprar algo”, dijo en referencia al edificio para la secretaría y subrayó que la Tasa de Protección Ciudadana recaudó 61 millones de pesos. En conclusión, del total de 78 millones de pesos vigentes para seguridad y prevención, se devengaron 36 millones, menos de la mitad.
En contraposición, en 2017 el Ejecutivo planeaba utilizar 29,4 millones de pesos para ayuda social directa y utilizó 43,5 millones. “Ahí están los problemas. La crisis está ahí”, dijo el legislador.
Un párrafo aparte dedicó a los recursos que recibe María Ignacia y consignó que el presupuesto participativo le atribuyó 1,2 millones de pesos y no se ejecutó en su totalidad. Tampoco se plasmaron los 227 mil pesos previstos para obras de gas, ni los 300 mil pesos para la planta depuradora de cloacas. Para cerrar sostuvo que en total, la localidad contó en 2017 con 13 millones de pesos.
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