La concejal Poumé volvió a cuestionar el contrato en dólares con Cablevisión

La discusión por la deuda de cinco millones de dólares que el Municipio contrajo con una empresa privada para la instalación de las cámaras de vigilancia resurge en el marco del cuestionamiento hecho por un sector de la oposición al accionar del secretario de Protección Ciudadana. Exponen que dicha licitación no pasó por el Concejo Deliberante, a pesar de comprometer periodos futuros. La edil de Unidad Ciudadana, además, precisó que se subejecutan partidas presupuestarias del área a cargo de Della Maggiora para solventar los pagos de la deuda.

La concejal justicialista María Eugenia Poumé brindó detalles sobre el cuestionamiento a los convenios que el Ejecutivo firma sin elevarlos al Concejo.

El Eco

La concejal por Unidad Ciudadana María Eugenia Poumé dialogó ayer con el ciclo radial “Dulce o amargo” para explicar el cuestionamiento que desde la oposición llevan a cabo con respecto al millonario contrato en dólares que el Municipio de Tandil firmó con Cablevisión. El convenio se suscribió en 2017 para la instalación del sistema de videovigilancia de la ciudad pero no fue tratado por el Concejo Deliberante a pesar de comprometer fondos de ejercicios futuros.

La discusión no es actual, pero vuelve a surgir en el marco de otro debate que se dio en el Deliberante sobre los convenios que firma el Intendente y no se elevan al Legislativo.

“No lo advertimos ahora, empezamos a cuestionarlo cuando nos enteramos de que el Municipio había realizado una contratación legal porque hubo una licitación para instalar el sistema de videovigilancia. Con esa licitación -no importa con qué empresa porque la empresa actuó muy bien- lo que no hizo el Ejecutivo es enviarla al Concejo Deliberante. Están afectados períodos fiscales futuros y debía pasar por el Concejo, máxime cuando se está contrayendo una deuda de 5 millones de dólares pagaderos en 60 meses. Esto implica que el pago deberá ser absorbido en un período de Intendencia por fuera del mandato de Lunghi”, se explayó la edil.

Además, hizo hincapié en los inconvenientes de haber firmado un contrato en moneda extranjera, que tenía en cuenta un dólar a 15 pesos en ese entonces, pero que hoy debe hacerle frente a un dólar a 29 pesos. Como el Municipio recauda en pesos, la deuda aumentó, y lo seguirá haciendo, conforme a la devaluación.

Poumé recordó que, cuando se solicitó el espacio público para el tendido de fibra óptica y se enteraron de que había una licitación, le consultó personalmente a Atilio Della Maggiora por qué no lo había pasado al Concejo, ya que el oficialismo  tiene mayoría y se hubiera aprobado de todos modos. La respuesta del funcionario, de acuerdo a las declaraciones de la concejal, fue “no es que se apruebe o no, sino que ustedes quieren conocer el contrato”.

“Claro que sí, obvio que queremos conocerlo para poder votarlo. A pesar de que no les guste, somos representantes del pueblo. Que demuestren con hechos la transparencia de la gestión. No estoy diciendo que hayan cometido un delito o que haya un trasfondo de corrupción, solo que no son transparentes”, señaló.

Los pagos

Consultada sobre el origen de los fondos para afrontar la deuda, la legisladora dijo que “con solo ver la Rendición de Cuentas que se votó en mayo, la subejecución que hay, te das cuenta de cómo hacen para pagar. Se están dejando de hacer programas de  prevención para ahorrar y pagar la deuda. Ellos prorratean en 5 años estos 5 millones. La deuda no está presupuestada, entonces subejecutan otras partidas y ponen en riesgo la seguridad, pero es la única forma que tienen de solventar los pagos”.

A su vez, remarcó que el secretario de Protección Ciudadana es muy evasivo en sus explicaciones. No obstante, en la citación solicitada por Integrar plantean consultas al respecto, porque nunca el Ejecutivo elevó al Concejo el expediente con el contrato que, si bien se trataba de una oferta única, comprometía ejercicios futuros.

“Es un porcentaje altísimo que se subejecutó del presupuesto de Protección Ciudadana, en la Rendición de Cuentas se ve que sacan dinero de las partidas presupuestarias y es muy llamativo. Esto no es una cuestión personal con Atilio, es cumplir con nuestra función que es la de cuidar los recursos de los ciudadanos, más en esta época y con una problemática tan sensible en nuestra ciudad como la del tránsito”, concluyó Poumé.

La licitación 

La licitación llevada adelante por el Municipio para la instalación de 200 nuevas cámaras de videovigilancia en distintos sectores de la ciudad llegó en octubre del año pasado al Concejo Deliberante a partir de una serie de observaciones que marcaron concejales de la oposición.

El bloque Justicialista expresó en esa ocasión su preocupación en torno a varios aspectos del contrato y requirió analizar la licitación, como así también la impugnación que realizó una de las empresas competidoras y los argumentos de la Secretaría Legal y Técnica para desestimarla. Otra de las cuestiones puestas en tela de juicio fue el dictamen de la contaduría del Municipio en torno al impacto del compromiso económico sobre ejercicios futuros, ya que el acuerdo se extiende por cinco años y el pago es en dólares.

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  • ElEcodeTandil

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