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La oposición solicitó al Ejecutivo que envíe el contrato de rescisión del inmueble de Pinto al 800

Luego de que el Gobierno comunal decidiera cancelar el contrato de alquiler del inmueble para la Secretaría de Protección Ciudadana, el arco opositor en su conjunto elevó un pedido al Ejecutivo para que brinde precisiones sobre los términos de la rescisión. La solicitud llega en el marco de la ordenanza de Acceso a la Información Pública.

El Eco

Impulsado por los ediles que integran Unidad de Ciudadana, Rogelio Iparraguirre, María Eugenia Poumé, Darío Méndez, Silvia Nosei y Ariel Risso, los bloques opositores del Concejo Deliberante elevaron un pedido al Ejecutivo para que remita al recinto el contrato de rescisión de la propiedad de Pinto 880, edifico que durante 9 meses estuvo alquilado con la finalidad de compra para instalar el nuevo Centro de Operaciones Inteligentes que requería la Secretaría de Protección Ciudadana.

Entre los considerandos, los firmantes exigen que “en el menor plazo posible, se eleve el expediente, como también los comprobantes de pago de las mensualidades devengadas, adelanto de locación, comisiones abonadas a la inmobiliaria y monto de erogación de los impuestos y tasas que correspondieron al municipio” en dicho período.

La demanda se enmarca en los alcances de la Ordenanza 15931 de Acceso a la Información Pública y Transparencia y en la necesidad del retorno del expediente que fue retirado en el mes de septiembre por parte del secretario del área de seguridad, Atilio Della Maggiora, luego de lograr tratamiento en distintas comisiones legislativas.

En relación a la solicitud, el concejal Rogelio Iparraguirre indicó que “es nuestra obligación institucional exigir que el expediente ingresado retorne en algún momento, por que el normal funcionamiento requiere que un expediente termine su proceso ya sea tras obtener dictamen de aprobación, ser denegado o archivado”.

Por otra parte señaló que “queremos tener de detalles de cómo se firmó, qué es lo que se había acordado, cada uno de los depósitos por los que se pagó 55 mil pesos mensuales y los términos en los que se procedió a la cancelación del contrato”.

Iparraguirre comunicó que “además queremos se aclare de qué manera ingresaron los 500 mil pesos que aportó el Intendente, cuando toda donación por Ley Orgánica debe pasar sí o sí por el recinto para ser aceptada”.

El presidente del bloque de Unidad Ciudadana advirtió que la situación venía siendo observada hace meses por el conjunto de la oposición y que el Ejecutivo, hizo caso omiso. “Tanto el Intendente como el equipo que viene girando hace 16 años en la calesita de Lunghi, muestran un agotamiento de gestión y entiendo que perdieron toda eficacia en la administración de los recursos”, enfatizó.

Según opina el edil “me parece que el Gobierno está cada día más atrapado en esta telaraña de la soberbia, sus integrantes no tienen más vocación de servicio y no se dan cuenta que hoy todo esto tiene consecuencias directa en la vida de las personas”.

“Para completar el cuadro, intentaron arreglar la macana con el parche del retorno de dinero que hizo Lunghi, como si esto fuera un gesto heróico cuando en realidad, al Jefe comunal le iba a caer un cargo por parte del Honorable Tribunal de Cuentas”, añadió.

Iparraguirre también se refirió a las declaraciones televisivas esgrimidas por parte del secretario de Protección Ciudadana, Atilio Della Maggiora, que el pasado jueves entre sollozos, afirmó que todo lo acontecido lo condujo a pesar en su renuncia al cargo. “Me parece una actitud lamentable porque nos sometió a todos los vecinos a un culebrón de la tarde cuando él como funcionario, sabe que es un mero fusible y lo que debe hacer, es ser eficiente a la hora de administrar la plata de los tandilenses”.

Por último, señaló que la presentación elevada al Departamento Ejecutivo, otorga al Jefe de Gabinete la facultad de responder dentro de los 15 días hábiles corridos, según establece la ordenanza de Acceso a la Información Pública.

 

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  • ElEcodeTandil

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