Polémica por un convenio con Nación que generó “más dudas que certezas”
Tras avanzar con el tratamiento de algunos puntos del orden del día, uno de los asuntos elevados por el Sistema Integrado de Salud Pública demandó una extensa discusión, en la que la oposición expuso sus reparos y el oficialismo salió en defensa de la firma de un convenio con el Ministerio de Salud de la Nación durante la gestión de Adolfo Rubinstein.
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Finalmente, luego de dos horas de debate, el Concejo convalidó por mayoría la firma del documento, con la definición del voto doble del presidente del cuerpo Juan Pablo Frolik ante la negativa de Juana Echazarreta (Juntos por el Cambio).
En el bloque opositor, el planteo giró en torno a la falta de documentación oficial que permita conocer los alcances de la implantación de la Cobertura Universal de Salud.
Alertó sobre la firma de un convenio con Tandil, el único municipio bonaerense, el 14 de noviembre pasado, a pocas semanas del cambio de gestión, con la incertidumbre sobre la continuidad de las políticas a las que alude el programa.
El debate se desarrolló ante la presencia de un grupo de promotoras sociocomunitarias que se capacitaron en el curso de formación en salud y que, según alertó Guadalupe Garriz (Frente de Todos), “no forman parte del listado de los 35 nuevos becarios” que incorpora el convenio.
“Es inapropiado y riesgoso comprometernos con algo de lo que no hay ningún papel oficial”, resaltó.
En esa misma línea, se pronunció su compañera de bancada, Silvia Nosei, que se enfocó en la fecha en la que se selló el acuerdo, dijo que antes el programa debería ser considerado por el nuevo ministro para que defina las pautas sobre su eventual implementación. “Tenemos más dudas que certezas”, insistió.
Nilda Fernández (Integrar) se sumó a la tanda de consideraciones sobre las formas en que se buscó implementar el programa y solicitó que el expediente vuelva a comisión para que se aclaren estos aspectos.
En defensa
Fue el concejal Luciano Grasso (Juntos por el Cambio) el encargado de defender la estrategia de salud comunitaria, que cuenta con 22 convenios vigentes y que lleva más de dos años de vigencia. “Si discutimos el fondo de la cuestión, no deberíamos estar en desacuerdo”, dijo y se respaldó en la importancia de la política pública independientemente del cambio de Gobierno.
Y precisó que, en el caso de Tandil, las gestiones comenzaron en julio y que luego continuó con un trabajo de los equipos de salud en la capacitación de los becados. “Es la continuidad de un proceso que lleva meses”, aseguró Grasso en respuesta a las críticas sobre los plazos.
En tanto, para Rogelio Iparraguirre la “urgencia” por convalidar el convenio se explica por el “capricho” de la gestión y para “obligar posteriormente a la Nación a que cumpla con lo dispuesto y reclamar si no cumplen”, y aclaró que “no estamos en desacuerdo con la implementación de una estrategia de atención primaria”.
En un momento de la sesión, la oposición alertó que Nación giró recursos para las becas a instancias de lo manifestado por Grasso, mientras que Mario Civalleri también sumó las razones para defender la herramienta, enfocándose en la “cuestión de fondo”.
“Este convenio viene a ayudar; no hay argumentos suficientes, son cuestiones formales”, achacó el presidente de la bancada oficialista.