La comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Diputados de la Nación retomó el debate del proyecto de la Ley de Envases, enviado por el Poder Ejecutivo en 2021.

En ese sentido, el proyecto de la Ley de Envases, que tuvo dictamen el año pasado pero no logró ser debatido en Diputados, volvió a ser tratado en la comisión presidida por el legislador nacional del Frente de Todos, Leonardo Grosso.

Precisamente, la iniciativa de la Ley de Envases promueve una gestión ecológica de los recipientes en todo el país para reducir su impacto sobre el medio ambiente y sobre la población que se dedica a su reciclado.

En el debate del año pasado en Diputados, el Frente de Todos (FdT) logró avanzar en un dictamen de mayoría de la Ley de Envases, mientras que Juntos por el Cambio (JxC) rechazó ese texto y presentó un despacho de minoría que contemplaba un marco regulatorio sobre el reciclado de residuos, que nunca logró ser discutido en el recinto.

En concreto, la Ley de Envases se trata de una iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo que apunta a promover la gestión de los recipientes plásticos en todo el territorio nacional, reducir su impacto tanto sobre el ambiente como en la salud de las personas y promover la responsabilidad de los productores.

Entre sus puntos centrales, la Ley de Envases propone la creación de una tasa ambiental, que será abonada por los fabricantes responsables de los recipientes puestos en el mercado, y la generación de un sistema propio tanto de recolección como de reutilización de botellas.

Según el texto de la Ley de Envases, con lo recaudado por el pago de esa tasa se creará un fideicomiso que servirá para fortalecer los sistemas públicos de gestión de recipientes, promover la inclusión de los recicladores, impulsar la valorización de las botellas y fomentar el ecodiseño.

En ese sentido, la diputada nacional del Frente Patria Grande y referente de los trabajadores de la economía popular, Natalia Zaracho, destacó la importancia de avanzar en este proyecto, al sostener que la Ley de Envases “tiene que ver con la responsabilidad extendida al productor de recipientes”.

Asimismo, la diputada Zaracho explicó que la tasa del 3 por ciento estipulada en la Ley de Envases está destinada “exclusivamente a generar conciencia ambiental” y a “fortalecer los espacios que vienen teniendo la tarea del reciclado”.

“Queremos que las empresas formen parte de la Ley de Envases y pensar en conjunto para que se deje de exportar basura, porque en algún momento los bienes comunes que tenemos se van a acabar”, concluyó la diputada nacional oficialista.

Debate

Durante la primera jornada de debate fueron invitados autoridades nacionales, cooperativas y cámaras quienes expusieron sobre la temática. 

En primer lugar, Sergio Federovisky, secretario de control y monitoreo ambiental del Ministerio de Ambiente de la Nación, hizo algunos señalamientos y propuestas pata avanzar con la normativa. “La necesidad de tener una complementaridad para una política pública en materia de tratamiento de residuos sólidos urbanos de la que hoy carece Argentina”. Luego de explicar que en tres años de gestión se pusieron en marcha 8 centros de tratamiento de residuos con “sus respectivas plantas de separación, de recuperación, plantas de referencia, cierre de basurales a cielo abierto, dignificación del trabajo de los recuperadores de residuos”, dijo que  “Sin la ley ni el CC o la reducción seria de las importaciones de PET para insumo industrial, ni el cierre de los basurales a cielo abierto y la construcción de las plantas subsiguientes va a tener éxito”. 
 
Además, el funcionario propuso que coexistan dos sistemas: un privado con autorización de la autoridad de aplicación y otro sistema financiado con la recaudación de una tasa para aquellos que no adhieran o que no presenten sistemas de tratamiento; un comité con autoridad competente con representantes de cooperativas y Cámaras y la participación para que se incorporen las provincias. “La responsabilidad extendida del productor no es una entelequia, es el objetivo de la norma”, dijo. 
 
Por su parte, María Castillo, directora nacional de Economía Popular presentó el programa “Argentina Recicla”. “Los sistemas de gestión de residuos se encuentran en crisis, por eso necesitamos esta ley con inclusión social”, aseveró. Además, contó que en el mundo hay 25 millones de Recicladores Urbanos, y en Argentina 150 mil. “Los recuperadores informales trabajan en las calles de las ciudades o en los sitios de disposición final. Realizan una gestión de residuos informal”, explicó. A su vez, ejemplificó 4 líneas estratégicas de acción e inversión social: Fortalecimiento de los recicladores urbanos de base, sistemas locales de reciclado, redes de comercialización, agregado de valor a corrientes de residuos.
 
Claudio Terres, presidente de Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Unión Industrial Argentina (UIA), manifestó que “La Unión industrial apoya la ley. Hemos analizado proyecto por proyecto y hemos hecho comentarios en donde hemos consensuado con todas las cámaras e incluyen temas que se comentan acá”. “El sector industrial quiere la ley y buscar el mayor consenso posible, pero que sea una ley aplicable, en ese sentido tenemos algo más que debatir”, dijo.   
 
“La importación es necesaria porque cuando uno utiliza material reciclable para nuevos productos necesita una determinada calidad del mix, la fibra no dura toda la vida y al reutilizar va perdiendo las características intrínsecas del material. Tenemos datos de que se importó fibra virgen y se fueron más divisas”, aseguró. “Estamos trabajando hace muchos años en la economía circular, respecto a la tasa en la mayoría de los municipios se paga tasa de higiene y seguridad y debería ir dirigida a un proyecto de este tipo”. 
 
José Luis Piccone, director Cámara Argentina Industria del Reciclado Plástico, comentó que durante 2021 se reciclaron 300 mil toneladas, “un 17% del consumo aparente del plástico, por qué no reciclamos más si y se podría reciclar el doble”, aseveró. “Cada 100 toneladas de plástico eso significa una persona trabajando en blanco, en la industria recicladora y más mano de obra indirecta”. “Los residuos tienen que ser clasificados, cantidad, calidad y continuidad. Apoyamos una ley de envases y nos interesa que ayude a esto. Todo el apoyo de la industria, deberíamos aumentar la recaudación y valorización de los residuos”, dijo. 
 
Desde la cooperativa de Cartoneros de la Matanza FACCYR, Matías Capoblanco, contó que son “300 compañeros organizados. Organizarlos es mejor calidad de vida y precios, dignificar el trabajo de los compañeros”. “Es una de las leyes más reivindicativas para nosotros, sobre todo para los que no están organizados. Hay compañeros de quinta generación entendiendo este principio colectivo y de ambientalismo. Ese rol que le aportamos al ambiente es uno de los principales y más fuertes”, reflexionó. 
 
De manera virtual expuso Bruno Rodríguez, de Jóvenes por el Clima, y habló del “fenómeno de dilataciones” de sectores para que no salga la ley. “Es una demanda de Argentina y de aplicarse unifica dos criterios: justicia climática y justicia social. Es parte de las trayectorias de descarbonización, contempla a recuperadores y a municipios. La función del cobro de esta tasa también funciona como incentivo”, advirtió. 
 
Jordana Carvallo, presidenta del departamento de Sustentabilidad y Política Ambiental (COPAL), expresó que “creemos que un marco regulatorio puede dar un paso cualitativo. Ese recupero tenga metas ambientales progresivas, la COPAL representa en un 97% a empresas pequeñas por eso es muy importante poder participar para poder hacer de esto un marco legal exitoso y eficiente, que sea de esta aplicable a todas las empresas e inclusivo”.