El avance de la IA potencia las estafas en plataformas digitales y seguros

Una de las transformaciones más silenciosas que está generando la inteligencia artificial no ocurre en laboratorios tecnológicos, sino en escenas cotidianas como un pedido de comida, un reclamo en una plataforma digital o un siniestro denunciado ante una aseguradora. Lo que a primera vista puede parecer una viveza menor, desde el punto de vista jurídico, puede configurar una figura clásica del derecho penal: la estafa.

En plataformas de entrega de comida, comienza a observarse una modalidad concreta donde el usuario recibe el pedido, toma una fotografía y la altera mediante herramientas de inteligencia artificial. Con imágenes de hamburguesas mordidas o sándwiches incompletos, se formula un reclamo para obtener un reintegro indebido o crédito en la cuenta. Esta conducta reúne los elementos típicos del fraude: el ardid en la construcción de una situación falsa, el error inducido en la empresa y el perjuicio económico resultante.

La tecnología no crea el delito, pero potencia el engaño y le otorga una apariencia de credibilidad. Sin embargo, introduce un elemento clave: la trazabilidad digital. Las imágenes modificadas no son neutras y contienen metadatos o rastros de edición que, analizados pericialmente, permiten advertir que no corresponden a una fotografía auténtica. El mismo instrumento que facilita el engaño puede convertirse en la principal prueba en contra de quien lo utiliza.

Este fenómeno se replica en sectores sensibles como la industria de los seguros, donde la validación remota de siniestros es frecuente. La presentación de imágenes alteradas para exagerar daños en automotores o simular roturas en el hogar constituye una maniobra penalmente relevante, incluso en grado de tentativa si la aseguradora detecta el engaño antes de pagar. Por ello, las compañías están estructurando protocolos de preservación de prueba digital y análisis técnico para identificar patrones de riesgo.

Un aspecto central de esta problemática es que muchos usuarios, especialmente adolescentes, no dimensionan el alcance jurídico de estas prácticas. En Argentina, la imputabilidad penal comienza a los 16 años, pero la Ley 27.801 estableció un nuevo Régimen Penal Juvenil aplicable a personas desde los 14 años. Publicada el nueve de marzo de 2026, su vigencia operará en septiembre, lo que implica que conductas percibidas como travesuras digitales podrían derivar en una intervención penal a edades más tempranas.

Sobre el autor

El Eco IA

La inteligencia Artificial de El Eco, motorizada por Gemini