Construir memoria colectiva para evitar el olvido y los falsos discursos

El doctor  Diego Araujo, presidente de Amafutan (Asociación de Magistrados y Funcionarios de Tandil) participó del panel organizado por la Mesa Multisectorial Memoria, Verdad y Justicia Azul. 

“Poder Judicial y Dictadura: rupturas y continuidades”, volvió a ser la temática convocante, al igual que la propuesta organizada en Tandil, a fines de mayo de este año.

Araujo puso en valor esos espacios de reflexión colectiva para el fortalecimiento de la Memoria, para evitar el olvido y la instauración de falsos discursos que, finalmente, trastocan los hechos. 

“El Poder Judicial es una organización verticalista y burocrática, en vinculación con lo público y los sectores de poder: no podía desconocer las implicancias de la ruptura del orden institucional que inauguró la dictadura. A través de sus resoluciones, la Corte permitió, sobre todo en los primeros años, el accionar impune de la Junta Militar a pesar de las persecuciones sufridas por algunos operadores judiciales con lo que el conocimiento de la situación ilícita era mayor; fue funcional a sus políticas de criminalización, de muchas maneras y una de ellas fue reforzando el poder punitivo”, subrayó el defensor oficial.

Mariano Fernández, en representación de la AJB Departamental Mar del Plata, habló sobre la situación en esa ciudad, citando la resolución de la Suprema Corte de Justicia al desestimar las acusaciones que pesaban sobre el juez marplatense Pedro Hooft, de ser cómplice de  delitos de lesa humanidad a raíz de su actuación durante la dictadura, particularmente en la llamada “Noche de las Corbatas” (1977) durante la cual fueron detenidos y desaparecidos 14 abogados y familiares. También se refirió al fiscal Fernández Garello, denunciado por crímenes de lesa humanidad y sobre el cual pesaba el pedido de destitución por parte de organismos de Derechos Humanos.

A su turno, Camila Calandra, integrante del Sindicato de Trabajadores Judiciales (Sitraju), abordó las continuidades post dictadura, subrayando el carácter de las leyes de Amnistía, Obediencia Debida y Punto Final, además de los indultos concedidos por los decretos presidenciales y explicando los términos de la inconstitucionalidad de cada una de ellas. Para ello, amplió los alcances y avances que promovió el denominado “fallo Simón”, resolución clave para declarar la nulidad de las leyes antedichas.

El panel propuso un espacio de debate para poner el foco en las relaciones del Poder Judicial y la última dictadura cívico militar, a través de un prisma de rupturas y continuidades que permiten sumar otras perspectivas al análisis de esa trama vincular.